La Cámara de Diputados de Santa Fe tratará a fin de mes el tan postergado Código Procesal Juvenil para que los jóvenes menores de 18 sean juzgados con un régimen similar al que rige para los mayores de edad. Actualmente la situación de los chicos en la provincia es crítica: juicios sin audiencias públicas y, muchos de ellos, encerrados en distintos organismos sin plazos firmes para ser juzgados.
Según las estadísticas oficiales, el sistema penal santafesino tiene a 250 chicos acusados de infractores. De ese total, 60 están en situación de encierro en lugares como el Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario (Irar) y en la cárcel de Las Flores de Santa Fe. El resto, se encuentran en programas de libertad asistida y en institutos de puertas abiertas. Una estadística del Poder Judicial de 2016 indica que en promedio ingresan 10.500 causas por año en los juzgados de menores de toda la provincia.
De todas esas causas, 4.400 corresponden a la ciudad de Rosario y cerca del 60% no se tramitan porque corresponden a menores no punibles o delitos leves que no llegan a juicio.
«Hoy si un chico mató (un delito muy esporádico) es indagado y se lo transfiere al Irar. Pero no tenemos certezas sobre cómo abordarlo porque no sabemos cuánto tiempo va a estar. Tampoco hay un fiscal con una acción firme atrás de estos delitos. Ni una policía especial dado que la Policía de Asuntos Juveniles hoy sólo está para los traslados», explicaron desde el Poder Judicial provincial.
La falta de un régimen claro y la demora en los procesos hacen que la provincia se encuentre en un riesgo permanente de ser sancionada por por enjuiciar a jóvenes sin garantías claras. El único modelo penal que rige hoy en Santa Fe es inconstitucional porque los menores no son llevados a audiencias orales y públicas como ocurre en el caso de los mayores.
La comisión de Derechos y Garantías está estudiando tres proyectos: uno presentado por el Poder Ejecutivo y dos de diferentes partidos políticos. El ejecutivo pretende régimen similar al de los adultos, fiscales que investigan y acusan, por un lado, y defensores que defienden, por otro. Y que intervengan tres jueces distintos según las etapas del trámite.
Asimismo, los tres proyectos compartes puntos en común como que el fiscal de los casos investiga, ordena las pruebas a la policia o al organismo de investigaciones y acusa para ir a juicio. Por otra parte, el juez especializado responde a las peticiones de las partes y no investiga, y le pone limites a las medidas cautelares hoy indefinidas.
Todo el proceso se llevará a cabo en audiencias orales y públicas y habrá un equipo especializado a disposición de las partes para opinar sobre las consultas que se hagan o sugerir el diagrama de medidas durante el proceso penal. (D. Judicial)