La megaestafa inmobiliaria que la Justicia investiga en el sur de la provincia, y que involucra a unas 30 propiedades valuadas en 500 millones de pesos, sumó ahora otro capítulo. El secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza, realizó una nueva denuncia penal por una operación que se habría perpetrado a través de la venta del inmueble de una persona fallecida en 1987.
La reciente presentación se radicó ante la Fiscalía general la semana pasada y alude a una propiedad de 2.607 metros cuadrados ubicada en la ciudad de Venado Tuerto, la que fue vendida el 18 de abril, según la escritura de compraventa suscripta por una escribana rosarina.
Sin embargo, quien figura como vendedor aduce haber adquirido la propiedad en diciembre de 2016 a un hombre que jamás pudo habérsela transferido porque murió en junio de 1987, y su cónyuge, en octubre de 2015. La operación de 2016 fue autorizada por un escribano de la localidad de Armstrong, según surge de la denuncia elevada por la provincia al Ministerio Público de la Acusación.
Desde que el año pasado comenzaron las denuncias por presuntas irregularidades, a raíz del entrecruzamiento de datos en el Registro General de la Propiedad, se estima que el fraude alcanza un volumen total de 500 millones de pesos y ya suman 30 las propiedades involucradas, aseguró el funcionario provincial.
«Hemos detectado irregularidades en la venta de inmuebles, casas y campos de importante extensión y valor», relató Figueroa Escauriza.
El funcionario provincial recordó que «como consecuencia de las denuncias penales que fuimos presentando de oficio se han producido allanamientos y otras medidas procesales; ahora esperamos que la justicia pueda avanzar cuanto antes en las respectivas imputaciones para evitar la impunidad», manifestó. Y advirtió que «desde el gobierno provincial tenemos la firme voluntad política de combatir la actividad ilícita en todos los frentes y modalidades, incluidos los llamados delitos de guante blanco. Hemos expresado esa predisposición mediante el acompañamiento de pruebas y poniendo información, documentación y otros registros a disposición de la Justicia».
En ese sentido, valoró «el proceso de modernización y digitalización que llevamos adelante en el Registro de la Propiedad, lo que nos permite conseguir rápidamente la información y proceder a realizar las investigaciones administrativas que nos corresponden como funcionarios públicos».
Una seguidilla
El caso de la megaestafa se ventiló el año pasado y sigue acumulando denuncias. El 24 de diciembre, la Agencia Fiscal de Delitos Complejos del departamento General López comenzó a investigar una posible asociación ilícita en torno a la causa por estafas reiteradas en ventas, con documentación falsa, de campos ubicados en distintos puntos del sur santafesino, como Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo.
En la ocasión, el fiscal de Delitos Complejos Matías Merlo reveló que la repetición de nombres involucrados podría llevar a pensar en esa figura delictiva, aunque por entonces sólo existían elementos contundentes para afirmar que se estaba frente a una serie de operaciones estafatorias.
Las investigaciones derivaron a fin de año en una seguidilla de allanamientos en Venado Tuerto y Villa Cañás, que tuvieron lugar entre el 20 y el 21 de diciembre pasado en escribanías, estudios jurídicos y domicilios particulares —entre ellos el de un médico—, en las que se secuestró importante documentación para la causa, surgida a partir de denuncias formuladas por el Ministerio de Justicia y particulares. En los distintos operativos se incautaron escrituras, dispositivos de almacenamiento, computadoras, dinero en efectivo, tanto en pesos como dólares y euros, y hasta un arma de fuego.
Varias causas
El funcionario judicial explicó entonces que lo que se investiga contempla en realidad «entre ocho y diez causas» que fueron surgiendo a lo largo de más de un año. «La más antigua es la que lleva el fiscal Juan Pablo Lavini, de Venado Tuerto, a la que luego se fueron agregando denuncias del Ministerio de Justicia y del Registro de la Propiedad, y también de damnificados particulares», afirmaba en diciembre.
En octubre se abrió una causa más y la Fiscalía regional dispuso que pasaran a la Delitos Complejos, con colaboración de distintas dependencias del Ministerio Público de la Acusación», recordó por entonces Merlo. Y abundó: «Fuimos analizando toda la información que teníamos y otras medidas que se fueron produciendo, observamos parámetros en común y nombres que se repiten».
Primera denuncia
La investigación comenzó a partir de un documento apócrifo clave para detectar la maniobra de la «venta» de campos ubicados en la región de Venado Tuerto. En ese documento el «propietario» de los terrenos autorizaba a terceros a venderlos, pero las irregularidades en la operatoria dejaron al desnudo un presunto fraude que está siendo investigado por el MPA y que derivó en los allanamientos de fin de año pasado.
El 28 de agosto del año pasado sobre la operatoria fraudulenta que se estaba analizando, y que fuera detectada por el Registro General de la Propiedad: una investigación hecha por el gobierno provincial que derivó en una denuncia ante la Fiscalía por una presunta estafa inmobiliaria con la venta de 456 hectáreas de campo en el sur provincial y otras seis propiedades. Hacia fin de año, la Agencia Fiscal de Delitos complejos ya hablaba de 700 hectáreas de campo.
Ahora, desde Gestión Pública se agregó esta nueva denuncia penal, que involucra a una persona que vendió un inmueble adquirido, de manera apócrifa, a un propietario ya fallecido.(La Capital)