En la tarde del miércoles la justicia de Junín dio a conocer la condena para Silvia Castaño a la pena de seis años de prisión y a su pareja Héctor Cruz a tres años por la responsabilidad en la muerte de Ida Tonarelli de 97 quien estaba alojada en un geriátrico clandestino, que regenteaban los inculpados, en la calle Malvinas Argentinas 220 de esa ciudad del noroeste bonaerense.
Según da cuenta el medio local, Semanario, llamó la atención del hecho, que el lugar ya había sido clausurado anteriormente y los funcionarios municipales que debían velar por su cumplimiento no lo hicieron, aunque para ellos ni siquiera hubo un llamado de atención, por el contrario, Adriana Summa a cargo del área de adultos mayores del municipio sigue todavía en su cargo.
Castaño, fue considerada penalmente responsable del delito de abandono de persona agravado por fallecimiento, en tanto que Cruz por abandono de persona.
Cadena de descontrol
En la noche del sábado 18 de junio del 2022, personal policial alertado por un médico y tras registrarse la muerte de una persona mayor, arribó a un domicilio ubicado en calle Malvinas Argentinas al 220. Al recorrer el lugar descubrieron a un total de 12 adultos mayores en condiciones deplorables, dentro de un quincho.
Convocada la fiscal de turno, se procedió a clausurar el lugar y detener a sus propietarios.
De ese modo y merced a la muerte de una persona es que pudo determinarse que se trataba de un geriátrico trucho que venía funcionando en nuestra ciudad, regenteado por Castaño y su pareja.
Trucho, pero seguía funcionando
El lugar ya había sido intimado al desalojo el 21 de julio de 2021 luego de una inspección en la que encontraran una multiplicidad de infracciones que dejaban prácticamente en estado de abandono a los residentes del lugar. Entre otras carencias no había buena calefacción ni baños y faltaban alimentos, además claro está, de no contar con habilitación.
Sin embargo, mediante inspección de fecha 26 de enero de 2022 se constató que continuaba funcionando en infracción a la normativa vigente y se remitió, con fecha 6 de febrero, carta documento a la propietaria intimándola al desalojo en un plazo de 5 días. También se solicitó al municipio que se les notifique lo informado a los familiares y/o responsables de los albergados y se los inste a su retiro en el plazo mencionado.
Clausura
Luego de un seguimiento del municipio, el 20 de abril de 2022 constataron que “no había residentes en el establecimiento” y el 19 de mayo una inspección provincial acompañada de inspector municipal colocó una faja de clausura al observar que “el lugar estaba cerrado”.
En junio del mismo año a raíz de un fallecimiento, el municipio por solicitud judicial acompañó en un allanamiento dónde constataron que los antiguos residentes estaban en el lugar, encerrados en un galpón, demostrando que las tareas del personal municipal fueron al menos, ineficientes, ya que pudieron ser “burlados” en diferentes oportunidades, sin embargo no hubo cargos ni responsabilidades para los funcionarios ineficientes. (InfoGEI)