“Para ellos también va a haber una provincia mejor. Vamos a impulsar programas de esterilización masiva, sistemática y extendida. Vamos a trabajar para crear Hospitales Veterinarios públicos”. Esas fueron las palabras con las que la candidata María Eugenia Vidal, el pasado 4 de octubre de 2015 se dirigió a los proteccionistas de animales.
Hoy, a casi dos años de ese anuncio, esas palabras sólo fueron una “promesa de campaña”. Nada de todo lo descripto por la gobernadora se ha hecho y los defensores de los derechos de los animales denuncian el incumplimiento de Vidal.
En la provincia de Buenos Aires 6 millones de perros y gatos viven en situación de calle padeciendo hambre, enfermedades, accidentes y hechos de violencia gravísimos. Esto ocurre porque los gobiernos municipales y provincial desoyen lo planteos de una Ley referida a la temática.
Pasando en limpio
“En la provincia hay una Ley que se sancionó en el año 2008. Se trata de la denominada Ley 13.879 con su Decreto Reglamentario 400. Esta establece la obligación para el gobierno de la provincia, a través de Ministerio de Salud que es la autoridad de aplicación y de los 135 municipios, de castrar en campañas masivas, permanentes, abarcativas, gratuitas y tempranas, para equiparar en el menor tiempo posible la cantidad de animales con los hogares disponibles”, explicó en diálogo con InfoGEI la abogada Graciela Fayt quien asesoró en la escritura de la mencionada reglamentación.
Se trata de una problemática que se extiende de manera exponencial en todo el territorio bonaerense, ya que los perros y gatos se reproducen cada seis meses. Generando una cadena de nacimientos y súper población. Ante esto los diferentes gobiernos actúan de manera arbitraria y sin respetar los derechos de los animales.
“A partir de esta Ley se empezó a poner un límite legal a las matanzas por parte del Estado”, manifestó Fayt al tiempo que agregó que “esto no significa que se cumpla, ya que en la mayoría de los municipios se sigue matando a los animales por acción u omisión”.
De los 135 municipios que componen la Provincia, alcanza con los dedos de una mano para contar distritos que si cumplen la Ley y realizan acciones tendientes a defender a los animales. Según describe Fayt, que también es proteccionista, se puede mencionar como casos modelos a Almirante Brown, Vicente López, Ituzaingó y San Fernando. Los mencionados municipios en mayor o menor medida tienen atención veterinaria, programas de castraciones, sanidad animal, entre otros.
Manos a la obra
En este contexto y cansados de las promesas, los defensores de los Derechos Animales exigen a la gobernadora Vidal y a los gobiernos municipales voluntad para solucionar el problema, estableciendo políticas públicas que abarquen: educación sobre Derechos Animales; programas de esterilización masivos, sistemáticos y extendidos en el tiempo; reconversión de los centros de zoonosis en Hospitales Públicos veterinarios y cierre de criaderos.
“El pedido concreto a la gobernadora es que se cumpla en la Provincia la Ley 13.879 y su Decreto reglamentario. Que el Ministerio de Salud, que es el organismo de aplicación, vea que los municipios que no están alineados con la Ley, con su texto y con su espíritu hagan las modificaciones necesarias para hacerse cargo de la problemática” puntualizó al ser consultada por InfoGEI, Fayt.
Además, los proteccionistas plantean que es necesario “un Programa para la Provincia de esterilizaciones masivas. Es necesario unificar las acciones y que los Intendentes comprendan cuál es el problema y cuál es la solución”.
Por otra parte, la abogada que es directora del Instituto de Derecho Animal que creo la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, también se refirió a la urgencia de que “se considere a los animales como seres sintientes con lo cual se le van otorgando derechos. En nuestro Código Civil se considera a los animales como cosas, es decir que esta equiparado un perro a un mueble”.
Cambio cultural
Siempre en diálogo con InfoGEI, Graciela Fayt que también forma parte de la Asociación Protectora de animales de Vicente López (APAVL) mencionó que “esto es un cambio cultural muy grande que tenemos que hacer”.
Asimismo, se mencionó la necesidad de no criminalizar a los ciudadanos, ya que los responsables de estas acciones son los gobiernos. “El modelo de cuidado y educación lo deben dar los Estados”, finalizó Fayt. (InfoGEI)