El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dictó hoy la resolución PGN Nº39/2020, en la que aprobó un formulario policial para la toma de denuncias por casos de violencia de género mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional.
Se trata de un instrumento con pautas de actuación para intervenir en la urgencia, contemplando especialmente la intervención con perspectiva de género, y un esquema pautado para que las fuerzas policiales puedan recibir denuncias a víctimas de violencia de género en sus hogares o en el lugar en el que se encuentren, priorizando evitar el traslado de personas y el consecuente riesgo para su salud, así como asegurando la convocatoria a equipos especializados al lugar.
En la resolución Casal también recomendó a quienes integran el Ministerio Público Fiscal que velen por la aplicación del instructivo y le encomendó a la Secretaría de Coordinación Institucional que inicie tratativas con el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos, para poner a disposición de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el formulario aprobado.
Esta nueva herramienta fue consecuencia de un trabajo coordinado entre los distintos organismos, en el marco de la preocupación común acerca del posible incremento de los casos de violencias por razones de género durante el ASPO, especialmente aquellas que ocurren en los ámbitos domésticos, preocupación de la que también dieron cuenta distintos organismos internacionales de derechos humanos -ver, entre otros, aquí y aquí-. En su elaboración intervino la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM); la Comisión de Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación; y los ministerios nacionales de Seguridad; Justicia y Derechos Humanos; y Mujeres, Géneros y Diversidad.
A la vez, se corresponde con las sugerencias elaboradas por UFEM para fiscales -publicadas aquí-, en las cuales se recomendó adoptar procedimientos especiales para estos momentos de emergencia sanitaria, que contemplen tanto la necesidad de intensificar la presencia del Estado y el servicio de justicia para las víctimas de violencia por razones de género, como la de adoptar todas las medidas necesarias para preservar su salud y la de la población.
A partir de la aprobación de este instrumento, los organismos han quedado comprometidos para trabajar en su difusión y en la formación de las fuerzas policiales desde la cartera de Seguridad, así como en articular la intervención de las agencias especializadas de cada uno de ellos en los procedimientos, como las brigadas de la línea 137 del Programa de Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y los recursos disponibles a través de la línea 144 del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.