Faltaban diez minutos para las 8 de la mañana del 16 de septiembre. Villa Ramallo amanecía en el ocaso del invierno de 1999, como cada jornada, con sus aires y silencios pueblerinos. Pese a tener unos 11.000 habitantes, nada solía conmover la tranquilidad de sus calles. Aunque cuatro años antes, cuando en cercanías del casco cayó el helicóptero que piloteaba Carlos Menem Jr sobre un campo de maíz, las cámaras televisivas y los flashes rompieron esa escena. Pero ya había quedado todo atrás. Hasta ese 16 de septiembre, a las 7.50.
La puerta del Banco Nación de la esquina de la avenida San Martín y la calle Sarmiento se abrió para que ingrese Fernando Vilches, cartero del correo Oca. En ese momento, tres hombres ingresaron armados a la sucursal, y lo tomaron como rehén junto al gerente Carlos Chaves; su esposa y trabajadora de la entidad, Flora Lacave; el contador Carlos Santillán; un jefe de área de la institución, Ricardo Pasquali; y un empleado del canal de cable 4 local, Diego Serra, que pasaba por el lugar.
Los asaltantes, Martín “Tito” Saldaña, Javier Hernández y Carlos Martínez, querían abrir la bóveda pero no lo lograron porque quien tenía la llave, el tesorero, no estaba en el lugar. La Policía Bonaerense primero, luego efectivos de la Federal, rodearon el banco. Las negociaciones duraron 20 horas, se fueron liberando algunos rehenes a cambios de concesiones, pero terminaron de la peor manera: a los tiros, con dos inocentes y un delincuente muertos. Pero las 200 balas que se escucharon en aquella madrugada hicieron estallar a la Policía, al Gobierno de turno y permitieron descubrir un entramado mucho más perverso detrás de un botín de un banco de un pueblo.
La jornada había empezado temprano, y las cámaras de TV rodearon la escena que se siguió en cada casa como si fuese una final de un Mundial de fútbol. Sin redes sociales, el minuto a minuto igual era intenso: “que se entregan”, “que se escuchan disparos adentro”, “que los policías están a punto de ingresar a la entidad”. Lo cierto, es que nada de eso pasó.
Negociaciones paralelas
El negociador era Pablo Bressi, quien fue jefe de la Policía durante dos años del Gobierno de María Eugenia Vidal. Los delincuentes, desde adentro, y cuando el sol ya se había escondido, amenazaban con matar a todos. “Nos vamos con la plata o nada. A la cárcel no volvemos”, dijo uno de ellos. Las conversaciones siguieron un tiempo más hasta que antes de las 4 de la mañana se comunicó que iban a salir. Se lo dijo uno de los criminales, Martín Saldaña, a Bressi.
Mientras estén las cámaras de TV transmitiendo en vivo y con tres de los rehenes en el auto, nada podía salir mal, pensaron los asaltantes. Los tres se subieron al Polo verde de Chaves, con él, su esposa y el contador. Seis personas en total, aunque tres de ellas cumplirían la suerte de escudos humanos. Manejaba el gerente con un explosivo atado al cuello.
El auto, en su breve recorrido de 37 segundos hasta la esquina de Ginocchio y Sarmiento, recibió 48 impactos de las 200 balas que se dispararon. La última detonación se escuchó a las 4.08 de la fresca madrugada. “No disparen, hijos de puta”, alcanzó a decir Chaves antes de que lo asesinaran. Las balas mataron también a Santillán y al secuestrador Javier Hernández.
Según el relato de Lacave ante la Justicia, los asaltantes habían colocado dentro de un bolso una escopeta recortada y un handy, que se descubrió usaron para mantener conversaciones paralelas durante la toma y por donde algunos efectivos les dieron garantías de que se fuguen sin riesgos. Tiempo después, una secuencia de fotos tomada por Página/12 e incorporada al expediente mostró a un policía corriendo con ese bolso que sacó del baúl del auto e hizo desaparecer. A partir de allí se empezó a desentrañar la complicidad de la banda con una parte de la fuerza.
Las condenas
A Martínez lo hirieron en un brazo. Lo condenaron en 2002 a 24 años de cárcel pero gracias a “la magia del 2 x 1” recuperó antes su libertad. Sin embargo, se mató en 2012 tras un accidente en moto en las calles de San Nicolás. Saldaña, que llevaba chaleco al momento de la fuga y no recibió ningún disparo, lo “ayudaron” a suicidarse en su celda al día siguiente de ser detenido. Se comprobó que recibió un curioso golpe en la cabeza, previo a aparecer colgado.
También fueron sentenciados en el juicio de 2002 varios acusados de participar aportando datos, armas y distintos elementos: el policía Aldo Cabral y el soldado Jorge Aguilar recibieron penas de 17 y 15 años de prisión. La hermana de Saldaña fue condenada a cumplir 14 años mientras que Fabricio Céspedes, Oscar Mendoza y la remisera Silvia Vega recibieron 13 años.
En 2004, en otro juicio, siete de los ocho policías acusados por la denominada “Masacre de Ramallo” recibieron penas de entre 2 y 20 años de prisión. La más alta recayó sobre Oscar Parodi, en ese entonces ya ex suboficial principal de la Policía bonaerense: la Justicia lo encontró culpable del “homicidio simple” de Chaves. Los peritajes determinaron que había disparado con un fusil FAL. El entonces ex sargento Ramón Leyva fue condenado a 18 años de cárcel: se acreditó que, también con un fusil FAL, había matado al contador Santillán. Los otros condenados habían participado de la balacera o no habían preservado pruebas en el lugar.
Más allá de las condenas, lo que provocó la masacre fue la eclosión de un sistema corrupto. Además de generar que se cambiaran en el país los protocolos ante una toma de rehenes, el caso provocó la renuncia del ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, Osvaldo Lorenzo, tras 45 días en el cargo, y el por entonces gobernador Eduardo Duhalde, que aspiraba a llegar a la Casa Rosada en 2001, disolvió el Grupo Especial de Operaciones (GEO). (DIB)