El caso de la megaestafa denunciada en los últimos días de agosto por el gobierno provincial a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que involucra irregularidades en la venta de inmuebles en Venado Tuerto, San Eduardo, Maggiolo; suma un nuevo dato sorprendente difundido en nota realizada por Rosario 3. Es que uno de los denunciados decidió ofrecer a la justicia restituir tres campos para zafa ir preso.
Al respecto cabe recordar que luego de conocida la denuncia provincial .el fiscal, Juan Pablo Lavini Rosset, confirmó que se encuentra investigando desde hace unos meses una serie de casos similares.
En ese momento, Lavini Rosset, destacó que no se dio a conocer públicamente los avances de la investigación realizada en la fiscalía local, para evitar el entorpecimiento de la misma. Es que el funcionario judicial, recordó que en la causa se encuentran implicados una importante cantidad de personas (entre ellos algunos profesionales reconocidos de la ciudad y la región).
Novedades
El escrito que ofrece devolver las tierras fue presentado al juez de la causa civil en Venado Tuerto, Federico Bertram, por el abogado de Luis Celio Restovich, quien en abril de 2016 concretó la compra fraudulenta de tres campos de Luis Néstor Ferrari, muerto en 2003.
Se trata de unas 460 hectáreas en Maggiolo, San Eduardo y Venado Tuerto, valuadas en al menos 130 millones de pesos.
La maniobra del acusado consistió en fraguar un poder que Ferrari, el dueño de los lotes, le habría otorgado a él en diciembre de 2001, dos años antes de perder la vida. Con ese documento apócrifo, Restovich hizo de vendedor y de comprador al mismo tiempo. Se autovendió los tres campos y preparaba una nueva transferencia.
Como la mujer de Ferrari murió en 2002 y no tuvieron hijos, la sucesión quedó en disputa entre los hermanos y sobrinos del propietario. El estafador buscó aprovechar ese aparente vacío pero la abogada y administradora de la sucesión, Lea Silvia Kreimer, detectó la irregularidad y comenzó a desandar el camino burocrático
Kreimer –que actuaba desde agosto de 2008 para administrar los bienes del difunto hasta definir el conflicto entre herederos- pidió constancias en los distintos registros de la propiedad y a colegios de escribano.
Lo primero que hizo fue informar la irregularidad al Juzgado Civil de Venado Tuerto, en octubre de 2016. El juez Bertram anotó los bienes como “litigiosos”. La administradora de los bienes también presentó la denuncia penal ante el fiscal Juan Pablo Lavini de Venado Tuerto y una medida cautelar innovativa ante el Registro de la Propiedad. Así frenó el negociado.
Prestanombre
Al revisar el caso, quedó claro que Restovich era insolvente, con domicilio en una casa sencilla en un barrio de Venado Tuerto y con causas por defraudación en su contra, señalaron fuentes de la investigación a este medio. “Es una persona que vive en un rancho y tiene bienes por 100 millones de pesos. ¿Cómo se explica?”, graficaron.
La sospecha es que la maniobra responde a otros responsables, abogados y escribanos de la zona, y que Restovich funcionó como un prestanombre de ellos.
De hecho, la provincia presentó una segunda denuncia penal en agosto de este año por maniobras similares sobre inmuebles de esa localidad al sur de Santa Fe. Sumados ambos casos, que involucraría a la misma banda, la estafa ronda los 200 millones de pesos.
Poder fraguado
Además del supuesto testaferro, los papeles presentados para la transacción no estaban en orden. El poder que Ferrari, el dueño original de los campos, le dio a Restovich en 2001 fue firmado por el escribano Horacio Jorge Murcho en San Fernando, Buenos Aires. Ese profesional en realidad ya estaba jubilado a esa fecha (se retiró en 1998).
Con esos nuevos datos, Kreimer elevó el 5 de agosto de este año la documentación ante el Registro de la Propiedad provincial, que dio curso a una investigación de la oficina de Delitos Económicos.
El subsecretario de Asuntos Registrales, Matías Figueroa Escauriza, realizó una doble demanda ante Fiscalía de Rosario a fines de ese mes, por esa estafa de los campos y por otra vinculada a inmuebles.Comparó el modus operandi con la megacausa que tramita en Rosario.
Las denuncias se unificaron con la ya iniciada por Kreimer en Venado Tuerto a fines de 2016. Figueroa Escauriza afirmó a Rosario3.com que hace dos semanas se reunió con el fiscal de Venado Tuerto, Lavini, y el fiscal regional, Jorge Baclini, para reiterar que la provincia está a disposición de la causa. “Queremos colaborar en todo lo que se pueda para que no haya impunidad”, aseguró.
Pero la última sorpresa del acusado Restovich -o quienes están detrás de él- llegó la semana pasada cuando presentó un escrito ante el juez civil para llegar un “acuerdo” y cancelar el proceso penal. Su propuesta es devolver los campos mediante una “donación”
Aquí no pasó nada
El escrito de Restovich, representado por el abogado Andrés Leonardo Virgilio, manifiesta su “intención de conciliar con la denunciante y los eventuales herederos de la sucesión de Ferrari, para reintegrar la titularidad de los inmuebles objetos de este litigio”.
“Soy titular de buena fe de los inmuebles en cuestión, aunque nunca tuve la posesión ni explotación de los mismos sino que solo obtuve la titularidad registral, a los efectos de evitar dilaciones procesales y con intención de mi parte de finiquitar toda contienda judicial, es que ofrezco a través de V.S. la posibilidad de hacer una oferta de donación de los inmuebles referidos mediante Escritura Pública”, propone el acusado patrocinado por Virgilio.
El planteo se enmarca en el Código Procesal Civil y Comercial y el Código Procesal Penal, ambos de la provincia, que “admite la posibilidad de acuerdo de partes, para finiquitar todo conflicto patrimonial suscitado”. Por eso, solicitan una “audiencia de conciliación al juez”.
De prosperar, una estafa multimillonaria con varias personas damnificadas –detectado por la abogada administradora, primero, y la provincia, después- podría quedar sin castigo aparente. El accionar de la defensa tendría dos planos: llegar a un acuerdo en la parte civil para después alivianar la acusación en el fuero penal (de una eventual asociación ilícita a tentativa de estafa).
La actuación penal tuvo muy pocos avances desde que se inició el año pasado. Fuentes allegadas a la causa reconocieron que existe una demora excesiva. “Hay prueba de sobra para procesar. El problema es que detrás de esa persona hay abogados y escribanos de la zona y eso puede estar influyendo”, confiaron.
Esa lentitud podría abrir la puerta para un escenario de impunidad en este caso y, peor aún, actuar como una invitación a timadores a jugarse a un prueba y error sin costo.