«Me avisaron que a lo mejor me cae un allanamiento. Saqué todo». Entre diciembre de 2017 y enero de 2018, cuando ya tenía su teléfono intervenido, el abogado Antonio Di Benedetto llamó a su asistente y comenzó a buscar eludir el accionar del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Policía de Investigaciones (PDI), que estaban tras una banda dedicada a fraudes con inmuebles que operaba en el sur provincial. Lo hizo al anticiparse al procedimiento y, después, cuando buscaba llegar a funcionarios judiciales para influir sobre sus tareas.
Para el fiscal de Venado Tuerto Matías Merlo (MPA), Di Benedetto es el jefe de «la banda de los mil millones», como se conoce a un grupo de profesionales a los que les adjudican 32 estafas con personas fallecidas o mayores de edad pero sin herederos como víctimas.
El abogado está en libertad –bajo fianza de 170 mil dólares– junto a los otros 15 implicados por decisión del juez Benjamín Révori, determinación cuestionada por los ministros de Seguridad y Justicia de la provincia, como también por el propio acusador Merlo.
En la audiencia imputativa de mediados de octubre, el funcionario del MPA habló de «una asociación ilícita que se extendió en el tiempo, en forma permanente y con roles determinados» –hecho que el juez aceptó– y anticipó un pedido de pena de cumplimiento efectivo por la calificación y la cantidad de hechos.
Asimismo, Merlo argumentó la peligrosidad procesal (riesgo de fuga o entorpecimiento probatorio) con los audios con las escuchas telefónicas. Comprendía así que cumplían con los tres puntos que evalúan los jueces para mantener detenidos o no a imputados mientras dura el proceso. En ésta en particular, el juez evaluó que no se cumplía el requisito de la «peligrosidad procesal en los acusados» y ordenó la libertad de todos.
La Fiscalía ya apeló y aguardan la audiencia en la Cámara de Apelaciones.
En las escuchas que este lunes presentó el periodista Hernán Funes en el programa Telenoche (El Tres) se revelan las irregularidades para intentar obstruir la causa.
En el primer audio se oye al abogado indicando que ya había sacado cosas del estudio y que debía retirar unas carpetas ante un inminente allanamiento,
En la segunda escucha se menciona que una persona reclama saber el nombre del fiscal del caso para ir a pedir ante el fiscal regional en un intento por buscar interlocutores judiciales (Rosario 3)