Narcotráfico: Hay acusación formal contra un fiscal de Venado Tuerto

Una escucha telefónica alertó sobre el vínculo entre el funcionario judicial y un vendedor de drogas. El carácter de esa relación es lo que está en debate: el fiscal aduce que fue parte de su labor, la Justicia federal lo investiga por la posible comisión de un delito. Y ahora se inicia un proceso en el Poder Legislativo.

Avanzó en la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa la acusación contra el fiscal de Venado Tuerto, Mauro Blanco, por mantener un vínculo con un vendedor de drogas, que el funcionario señalado -primero por la Justicia Federal, luego por sus superiores y ahora en la Legislatura- sostiene que fue parte de su trabajo. Lo que está en debate es si esa relación fue o no legal.

Mientras continúa la instancia judicial donde unas escuchas telefónicas al dealer comprometieron al fiscal, esta semana formalizó su presentación como miembro acusador el senador por 9 de Julio, Joaquín Gramajo. Y se comunicó esa acusación a Blanco.

El justicialista es el presidente de la comisión compuesta por ocho diputados y cuatro senadores que, eventualmente, elevará sus dictámenes a una sesión especial conjunta de ambas Cámaras, en la que se requiere de sendas mayorías para imponer una decisión sobre el fiscal.

En la Comisión está previsto que cuando Gramajo asume su rol acusador deja el lugar de conducción de los debates al vicepresidente, el diputado Pablo Farías (PS-FPCyS).

                                            Proceso

En una etapa posterior se conocerá públicamente cuál es la recomendación a proponer a las Cámaras, que impulsará el acusador. Como se sabe, cuando en febrero pasado el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini, decidió apartar de ciertas funciones a Blanco y elevar a la Legislatura el caso se abrieron varias posibilidades, previstas en la ley que les reserva a los legisladores la potestad de ejercer un control directo sobre fiscales y defensores (además del que ya existe en la Auditoría interna).

La Legislatura puede dictar sobre defensores y fiscales una suspensión por 180 días del funcionario judicial “requerido”, su remoción definitiva del puesto o bien si el trámite investigativo queda a cargo de la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) lo que implicaría una perspectiva más favorable para los integrantes de la Acusación y la Defensa que pasan por esa instancia. Y es esto último lo que no ocurre con Blanco, además de lo que pueda ocurrir con su caso en la Justicia Federal.

Las decisiones que toma el Poder Legislativo sobre fiscales y defensores deben ser adoptadas por una sesión especial conjunta de ambas Cámaras, con sendos quórum y mayorías previstas.

Con el auto oficial

Blanco aparece en escuchas a vendedor de drogas en el sur santafesino, que motivaron seguimientos policiales a la casa del dealer investigado. Allí se observó la llegada de un hombre con las características físicas de Blanco, en un vehículo oficial del Ministerio Público de la Acusación, un detalle que causó un fuerte impacto entre los legisladores que integran la Comisión Bicameral de Acuerdos y puede pesar en la recomendación que se haga a los demás legisladores.

En ese mismo domicilio luego se practicó un allanamiento con orden de la Justicia Federal donde se secuestraron varias armas de fuego, una balanza de precisión y plantas de marihuana.

Encima, las escuchas sugieren que el vendedor suministraba alguna de las sustancias que vendía al fiscal Blanco y que usó información proporcionada por el narco sin dejarlo sentado en ningún escrito.

La auditora Marcía Cecilia Vranicich entendió que se trata de una conducta inaceptable y que supone mal desempeño además de la eventual comisión de un delito. El fiscal regional de Venado Tuerto, Alejandro Sinópoli, pidió el apartamiento de Blanco de las investigaciones donde está puesto en crisis su desempeño y acto seguido el MPA llevó el asunto a la Legislatura.

Blanco aparece en escuchas a vendedor de drogas en el sur santafesino, que motivaron seguimientos policiales a la casa del dealer investigado. Allí se observó la llegada de un hombre con las características físicas del fiscal.

    Junio también es clave para otros miembros del MPA

Este miércoles 3, los integrantes que concurrieron a la reunión de la Comisión Bicameral de Acuerdos recibieron copia de un informe sobre el estado de cada uno de los expedientes que ingresaron a esa instancia, para la revisión de la conducta de los defensores y fiscales del fuero penal santafesino.

Los asesores de la Comisión elaboraron un detalle en el que consta qué destino tienen las carpetas que hablan de los integrantes del Ministerio de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal que ingresaron a la Legislatura.

Se trata de una instancia clave, que separa en faltas leves y graves los casos. Los expedientes bajo la primera calificación van a los controles internos de ambos órganos y bajo la segunda se abren otras instancias más serias.

En tanto, en la comisión se anunció que en las próximas semanas a la acusación contra el fiscal Blanco formalizada el miércoles, le seguirán otras dos, que ya están en proceso de elaboración.

El senador por General López, Lisandro Enrico (UCR) es el miembro acusador en el expediente sobre el fiscal Adrián Spelta, que acordó darle la prisión preventiva a Emanuel Sandoval, un narcotraficante en Rosario (luego asesinado) que había admitido en otra causa haber participado de los disparos contra el domicilio del entonces gobernador Antonio Bonfatti. Spelta es jefe de la división de Homicidios Dolosos en la ciudad del sur.

Y del mismo modo, Carlos del Frade (Frente Social y Popular) desempeña ese rol para con el fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, acusado de haber cometido una falta ética al comprar dos vehículos en la concesionaria de un empresario que era investigado por fiscales bajo su órbita.

Por otra parte, la Comisión votó rechazar pedidos de acceso a las versiones taquigráficas de informes orales brindados por el fiscal general Jorge Baclini y otros fiscales, cuyo contenido fue declarado “de reserva absoluta”, según explicó a El Litoral el presidente de esa comisión, Joaquín Gramajo.(EL LITORAL SANTA FE)