Según la acusación, montó un estudio jurídico paralelo en la oficina de Ansés y cobraba hasta tres haberes para hacer el trámite en tres meses.
El Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº 1 de Rosario condenó a dos años de prisión en suspenso a una abogada de la Anses Venado Tuerto quien en su carácter de directora del equipo de Legales de la repartición realizaba tramites sobre beneficios jubilatorios y cobraba honorarios a quienes concluían el trámite. La pena, cuya cuantía le permitirá al juez no efectivizar la detención, porque la condenada no tenía antecedentes, también prevé entre otras consideraciones, que la abogada fije residencia y se someta a tratamiento psicológico, realice capacitaciones vinculadas a su profesión y trabajos no remunerados en favor del Estado o instituciones de bien público.
El lunes 2 de septiembre se realizó la audiencia de debate en el marco de la causa denominada «Fontana, Nancy Estela sobre concusión» ante el Tribunal mencionado integrado por los jueces Ricardo Moisés Vásquez, Otmar Paulucci y Germán Sutter Schneider. La representación del Ministerio Publicó Fiscal, estuvo a cargo de Oscar Arrigo quien formuló su alegato en el que formalizó la acusación contra Nancy Fontana, de 65 años, como autora penalmente responsable de los delitos previstos y penados por el Código Penal para el caso de funcionarios públicos que utilizan el Estado en beneficio propio. Solicitó que se la condene a la pena de cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas.
Para Arrigo quedo plenamente probado con la prueba producida en la audiencia, que consisten en distintas testimoniales y los legajos administrativos, que fueron incorporados por lectura, que Fontana cometió el hecho por el que fue acusada. Valoró así las testimoniales prestadas por Paola Bravo, quien entre 2012 y 2016 se desempeñó como jefa de la Unidad de Atención Integral (Udai) Venado Tuerto y fue quien comenzó con la investigación.
Ella describió cómo en las oficinas de la Anses que correspondían a Fontana había dos puertas y por una de ellas la abogada atendía a personas particulares, cuando no correspondía que la directora de Legales reciba a personas. También manifestó que tomó conocimiento que Fontana cobraba por esos trámites, entre ellos el de su propia madre, quien pagó dos haberes por la obtención del beneficio jubilatorio.
Para formular la acusación el fiscal también se basó en los dichos de cuatro jubilados que reconocieron que su trámite lo realizaron a través de Fontana y que para esto, ella los asesoraba en las propias oficinas del Anses o en su casa particular. También contaron que luego les exigió el pago de dos o tres haberes por los trámites realizados. Por otro lado, declaró además una gestora que trabajaba cotidianamente en la repartición y que veía cómo la imputada atendía en su oficina a personas particulares y que además era público y notorio que si los tramites los hacia Fontana salían en tres meses, cuando normalmente tardaban seis como mínimo.
Arrigo señaló posteriormente cómo las pruebas colectadas en el debate encuadraban en los tipos penales por los cuales formuló la acusación. Además explicó que, conforme a las pautas establecidas en el Código Penal, tuvo en cuenta para el pedido de pena de Fontana la naturaleza de la acción, el desenfado de atender a los clientes en la propia oficinas públicas «utilizando sus instalaciones y empleados, el nivel de educación que tiene —ya que se trata de una profesional de la abogacía— y la falta de dificultad para ganarse el sustento».
Disidencia
Con un voto en disidencia, el Tribunal, mediante el veredicto dictado ayer, resolvió condenar a Fontana a la pena de dos años de ejecución condicional y le impuso las pautas del artículo 27 bis del Código Penal. Dos de los jueces la consideraron autora penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas mientras que el juez Paulucci votó por la absolución y le otorgó el beneficio de la duda.
Para el representante del Ministerio Publico Fiscal «es relevante que se lleven a cabo este tipo de audiencias que tratan de delitos contra la administración pública». También consideró que, si bien la pena impuesta por el Tribunal fue menor a la solicitada, desde la Fiscalía estimaron que es importante lograr condenas en casos como los presentes que son de interés público.
La ex directora de la Udai Venado Tuerto contó que al asumir la dirección de la repartición tomó conocimiento de la existencia de «quioscos». «Son empleados públicos que ganan correctamente su sueldo y cobraban por determinados trámites», observó. También relató que el dato lo obtuvo de su propia madre quien, previamente a su ingreso como directora, le dijo en una reunión familiar que había pagado dos haberes en Ansés para concluir su trámite jubilatorio.
«Quien se desempeña como abogado del Departamento Jurídico de Ansés no debe tener contacto con los beneficiarios por una cuestión de imparcialidad. Solamente debe atender las resoluciones que le llegan y hacer su correspondiente dictamen», relató.
«En este caso detectamos que ella había montado un estudio jurídico paralelo dentro de la Ansés. Su despacho tenía dos puertas y por una de ellas circulaba gran cantidad de gente», remarcó y añadió que «también se comprobó que cobraba tres haberes y en algunos casos dos».
La funcionaria agradeció a todos los que colaboraron con la investigación y brindaron su testimonio para llegar a la condena que se conoció ayer. «Me costó mucho porque había que hacer la vista gorda, como se hizo durante muchos años, o tomar la decisión de denunciar lo que no era correcto», señaló Bravo.
Inhabilitada
Detalló que previamente la empleada, que hacía más de 30 años que trabajaba en Ansés y ahora se jubiló, fue inhabilitada por la vía administrativa y estuvo sin goce de sueldo durante un año. «El sumario funcionó bien porque teníamos todas las pruebas. Funcionarios del área penal de Ansés Buenos Aires participó y tomó declaración al resto de los empleados que dieron cuenta de su accionar», consideró Bravo.
Si bien no pudo estimar cuántos casos atendió de este modo la abogada durante los años que trabajó, indicó que «tal como lo dije en mi declaración ante la Justicia como testigo, normalmente veía entre 10 y 15 personas por día».
En uno de los pasajes de su descripción, Bravo contó que al inicio de su gestión la abogada le pedía trabajar también los sábado «porque evidentemente tenía que adelantar los casos y además cobraba horas extras por hacerlo».
«Quizás al principio no se escuchaba mucho de mi gestión frente a la repartición pero consistía justamente en esto. Hacer lo posible por evitar que los jubilados y quienes pretendían tramitar cayeran en las garras de esta persona. Por eso, y a pesar de lo difícil que resulta en una ciudad pequeña, tomé la decisión de denunciar», concluyó.(La Capital)