Los gremios que conforman la Federación Nacional de Docentes Universitarios continúan en estado de alerta y movilización ante la crisis que sufre el sector y realizarán este jueves 5 de septiembre un paro nacional, al no tener respuestas al reclamo y de cara a la aprobación de la ley de ampliación del financiamiento educativo universitario. El proyecto, tras haber conseguido dictamen favorable, estaba listo para tratarse este miércoles en Senado. No obstante, la sesión pasó para el próximo jueves 12 de septiembre.
El día que se dé el esperado debate legislativo, además, habrá una radio abierta y una movilización frente al Congreso Nacional y actividades en todas las universidades del país para visibilizar la problemática.
En tanto, se especula con que el Ejecutivo pueda vetar la normativa, ya que argumenta que pone en riesgo el déficit fiscal. En ese caso, los gremios mayoritarios como CONADU y CONADU Histórica confirmaron a DIB que se realizará una Marcha Nacional Universitaria, la semana del 16 de septiembre.
En esa línea, Carlos De Feo, Secretario General de CONADU y Coordinador de Educación Superior del Comité Regional Internacional de la Educación para América Latina, explicó a DIB que el paro y la jornada de acompañamiento al debate de la ley “busca demostrar a los senadores que queremos que se apruebe la ley de financiamiento educativo y descontamos que esta ley va a ser aprobada, pero vamos a hacer la actividad de todas maneras”. Asimismo, De Feo indicó que “en el caso que el presidente (Javier Milei) la vete como la de los jubilados, se va a hacer una marcha nacional inmediatamente para repudiar el veto y reclamar que se aplique esa ley”.
Si la ley no se aprueba, se definió debatir la propuesta de coordinar un paro nacional de 72 horas para la semana del 9 septiembre con acciones de visibilización. De igual modo, se ratificó la convocatoria a una Marcha Nacional en Defensa de la Universidad Pública -coordinando con el conjunto de la comunidad universitaria- proponiendo que la misma se realice durante la semana del 16 de septiembre.
El proyecto de ley plantea que el Poder Ejecutivo debe actualizar las partidas presupuestarias de las Universidades al 1º de enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024 destinada a gastos de funcionamiento, de forma bimestral y en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Y también establece la recomposición salarial de docentes y no docentes a partir del 1º de diciembre de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma mensual y conforme a la inflación acumulada informada por el Instituto Nacional De Estadísticas y Censos (INDEC). (DIB)