Tras una rápida y eficaz investigación de una denuncia por secuestro extorsivo, el titular de la Fiscal Federal N°1 de Santa Fe, Jorge Gustavo Onel, decidió cerrar la causa y postular su incompetencia para que se investigue en la justicia ordinaria a una joven de 20 años -que habría simulado su secuestro- y a su entorno familiar por el delito de extorsión en grado de tentativa contra la ex pareja de la falsa víctima, un varón de 34 años.
El dictamen de la fiscalía fue remitido hoy al Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe. En la pieza, el fiscal Onel reseñó que el miércoles 20 de enero fue informado a las 15.30 por la Gendarmería Nacional de la denuncia registrada a través del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El formulario, reseñó el fiscal, refería que ese día a las 12.00 se había recibido la denuncia de un hombre de 34 años, quien expuso que a las 19.00 del día anterior, 19 de enero, había recibido una llamada de su ex pareja, de 20 años, «pidiéndole ayuda dado que se encontraba secuestrada desde hacía cinco días», detalló el fiscal.
En su exposición, el denunciante refería que la joven «se encontraba cursando un embarazo de cinco meses, siendo él el padre, como así también que se habían separado hacía siete meses y que ella había comenzado otra relación» con un hombre que «actualmente se encontraría detenido en la cárcel de Las Flores», prosiguió el dictamen.
El denunciante agregó que su ex pareja llegó a decirle que estaba cautiva en una casa situada en la localidad de Esperanza, provincia de Santa Fe, y que «era golpeada, manoseada y se encontraba atada, y que la persona responsable» del secuestro era un amigo de su actual pareja. El hombre denunciante agregó que había recibido en su celular mensajes del teléfono de la supuesta víctima en los cuales una persona pedía la suma de 20 mil o 35 mil pesos por el rescate de la joven. Agregó que «le hicieron una videollamada en la cual le mostraban cómo le pegaban».
La falsa víctima le dijo al denunciante del secuestro extorsivo que «era golpeada, manoseada y se encontraba atada». Desde el celular de la joven fueron enviadas imágenes con presuntas lesiones y mensajes amenazantes.
En 48 horas
A partir de la denuncia recibida, el fiscal Onel dispuso que la Gendarmería Nacional tomara contacto con el denunciante para solicitarle precisiones y para obtener los registros de las llamadas y mensajes a las que había hecho referencia en su exposición.
El personal de la Gendarmería remitió esa misma tarde al fiscal los mensajes de Whatsapp que brindó el denunciante del hecho, que contenían contactos con terceras personas que manejaban el teléfono de la joven. En los mensajes había imágenes «con supuestas marcas
leves en rostro, y textos que exigen el pago de un monto de 20 mil pesos para su liberación», describió el dictamen.
En los textos había expresiones como «Si la vamos a matar»; «está muy golpeada amigo” y “nosotros hasta que no aborte no la podemos largar, es así, o q nos den 20 mil pesos y la largamo” (sic).
Por esa razón, el fiscal Onel dispuso -en uso de las facultades que le confiere el Código Procesal Penal de la Nación para estos casos- la intervención directa de los teléfonos del denunciante y de la presunta víctima, tras fundar el peligro en la demora de esta medida. La decisión fue comunicada al juzgado federal, que la convalidó.
En la noche del 20, y con la interceptación de las comunicaciones en marcha, los investigadores advirtieron que el denunciante intentó un contacto por mensaje de texto con la víctima, que no fue contestado. Y en la madrugada del 21, pasadas las 2.00, intentó llamarla; tampoco recibió respuesta. Los registros de las antenas evidenciaban que el denunciante se encontraba en Santa Fe y la presunta víctima en Esperanza.
El 22 de enero la fiscalía recibió el reporte de una llamada entablada entre la presunta víctima y su padre. En esa comunicación, la joven le informó que se encontraba en un campo de Grutly, a unos 13 kilómetros de la localidad de Humboldt. «Su padre le refirió que en veinte minutos o media hora la iba a ir a buscar Gendarmería, que la estaban buscando por la denuncia de un supuesto secuestro y le pidió que borrara todo del teléfono o lo pasara a otro teléfono. Del otro lado de la línea, la supuesta víctima parecía encontrarse en buen estado», indicó el fiscal.
El sábado 23 personal de la Gendarmería Nacional encontró a la supuesta víctima en buen estado de salud. La fuerza de seguridad informó que la joven expresó que se encontraba en «excelente estado de salud y que se encuentra trabajando en una estancia».
El fiscal señaló que la finalidad de la maniobra «habría sido obtener ilegítimamente sumas de dinero» y que no descartaba que «incluso la propia joven, su padre, y otras personas aún no identificadas hayan participado».
«Una situación simulada»
«Un análisis integral de la totalidad de las constancias del legajo, determinan que en rigor, no habría existido una privación de libertad con el objeto de obtener un rescate, sino, por el contrario, una situación simulada de intimidación cuya finalidad habría sido la de obtener ilegítimamente sumas de dinero, en la que habrían tomado parte distintas personas, no descartándose que incluso la propia joven, su padre, y otras personas aún no identificadas hayan participado de la maniobra», explicó Onel en su dictamen.
El fiscal entonces descartó la prosecución de una causa por secuestro extorsivo y encuadró los hechos en el delito de extorsión en grado de tentativa, competencia de la justicia ordinaria, y en ese sentido requirió al juez federal que se declare incompetente y remita las actuaciones al fuero penal santafesino.
«No puedo dejar de mencionar la puesta en marcha de esfuerzos, tiempo y medios que conforme el protocolo para este tipo de casos lo indica, han sido puestos al servicio del mismo, en desmedro de otras investigaciones, lo cual permitió desentrañar en menos de 48 horas, que no existía secuestro ni privación de libertad alguna, y que por el contrario, se trataría de una conducta extorsiva hacia el denunciante, con el fin de obtener ilegítimamente sumas de dinero, conducta de la que habría tomado parte la propia supuesta víctima del secuestro», valoró el fiscal en el final del dictamen.