El permanente aumento de las tarifas de peaje que se registra año tras año, en forma arbitraria e insensata, sumado al incremento del precio de los combustibles, demuestra claramente que quienes gobiernan a nivel nacional como provincial, solo se ocupan de defender los intereses de las empresas concesionarias y petroleras, favoreciéndolas con fabulosas ganancias a costa del brutal esfuerzo de los usuarios viales y de toda la sociedad en su conjunto.
Ricardo Lasca, del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA) y del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) sostuvo: “ha quedado claramente demostrado y confirmado, que las Audiencias Públicas, de carácter no vinculantes, llevadas a cabo en la Ciudad de La Plata los días 19 y 20 de marzo próximo pasado, han sido un simple formalismo y un desagradable show montado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, transformándose en una verdadera burla y falta de respeto, hacia los usuarios viales directos e indirectos. En definitiva, sin tener en cuenta los reclamos y propuestas que planteamos como usuarios viales, se terminó aplicando el actual esquema tarifario propuesto por AUBASA para favorecer solo el interés particular de la empresa concesionaria, pisoteando y vulnerando nuevamente los derechos de los usuarios viales, y sin considerar la defensa del bien común.”
Es importante destacar que más del 85 % del transporte de cargas y pasajeros se realiza a través de la red vial, motivo por el cual, el constante y descontrolado aumento del precio de los combustibles y del peaje, genera una gran conmoción en la economía nacional e impacta fuertemente en la inflación que tanto se dice querer combatir.
Ante la difícil situación que atraviesa el País, con esta insensata decisión de un nuevo tarifazo de peaje, lo único que se logra es seguir aumentando el costo de transporte, ocasionando serios perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales, a las localidades servidas por los corredores en cuestión, y a toda la sociedad en su conjunto.
Para el caso del Sistema Vial Integrado del Atlántico, al margen de rechazar el incremento del 33 %, siendo abusivo e inapropiado, el CONADUV informa que el sistema de peaje directo con cabinas de boro en ruta que rige es un claro impuesto al tránsito, claramente inconstitucional, antieconómico, injusto e inviable.
Respecto a la Autopista Buenos Aires – La Plata, donde también se rechaza el aumento, hay que destacar que es el único Acceso a la Capital Federal que no cuenta con colectoras libres de pago, a diferencia de lo que ocurre con los Accesos Norte, Oeste y Ricchieri-Ezeiza-Cañuelas.
El CONADUV rechaza:
– el cambio del reglamento de explotación propuesto por AUBASA en cuanto a no realizar el quiebre de barreras cuando hay congestión de tránsito, lo cual implica pisotear y vulnerar otro derecho básico de los usuarios viales. A esto hay que sumar, como en otros corredores viales, otra norma que implica una multa grave de tránsito para aquellos usuarios que se niegan a pagar el “falso peaje o impuesto al tránsito”.
– la indebida potestad que tiene la Empresa AUBASA para contar con casillas auxiliares móviles de cobro de peaje para los usuarios que utilizan caminos rurales, comunales, provinciales, huellas o senderos, como alternativa para no pagar.
– la existencia de AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S. A.) como empresa concesionaria, por ser burocrática e innecesaria y por su situación indebida como una Dirección de Vialidad “paralela”, teniendo que soportarse el tremendo costo de la misma sin necesidad alguna.
Cabe señalar, que a pesar del tiempo trascurrido con estas concesiones que son una verdadera estafa vial, nunca se consideró la existencia de Marco Regulatorio.
El CONADUV califica a las tarifas del “falso peaje” o impuesto al tránsito que se cobra en los corredores viales en cuestión, como de exacciones ilegales, lesivas al interés general, carentes de causa jurídica, de niveles desproporcionados con relación al servicio, contrarios al interés general, y de beneficios abusivos para AUBASA.