El gobernador electo, Axel Kicillof, analiza con alto grado de factibilidad aprobar el protocolo nacional que regula la realización de abortos no punibles para que sea de aplicación obligatoria en los hospitales de la provincia, una medida que la actual mandataria, María Eugenia Vidal, había rechazado.
Se trata del llamado «Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo», confeccionado en 2015 por el ministerio de Salud nacional durante la gestión de Daniel Gollán -posible funcionario en provincia-, que regula la realización de los abortos no punidos por el Código Penal.
En octubre de 2016, la ministra de Salud de Vidal, Zulma Ortiz, había avanzado con la aplicación del protocolo con la firma de la resolución ministerial 2095, que fue formalmente anunciada en un comunicado oficial. Pero diez días después el gobierno comunicó que la medida no sería publicada en el Boletín Oficial, por lo que no estaría vigente.
En ese momento, desde la secretaría Legal y Técnica -a cargo por entonces del actual procurador general Julio Conte Grand, un funcionario de estrechos vínculos con la Iglesia católica- se dieron las rezones de la evidente marcha atrás en una decisión que ya estaba tomada.
«Considerando que en términos formales y dada la complejidad del tema se requiere la intervención de otras áreas del Gobierno con competencia, la cartera provincial de salud se encuentra trabajando en una nueva resolución que dejará sin efecto la anterior, para la elaboración de un nuevo protocolo», se dijo entonces.
Pero esa elaboración nunca llegó y el protocolo jamás entró en vigencia. Ahora, Kicillof tiene prácticamente decidido que lo impulsará. «Con Alberto Fernández en el gobierno nacional va a ser mucho más fácil avanzar», dijeron a DIB en el entorno del gobernador electo.
En su momento, la provincia había acarado el alcance de la adhesión al protocolo, al señalar que «la legislación reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo cuando este ponga en riesgo la vida o la salud de la persona o cuando sea producto de una violación», derecho que «incluye a todas las personas con capacidad para llevar adelante un gestación sin discriminación que se encuentren en alguna de esas situaciones»(DIB)