En sintonía con las intenciones del Gobierno nacional, algunos intendentes bonaerenses comenzaron a declarar la emergencia económica en sus distritos y a tomar medidas de ajuste en el gasto político para tratar de paliar deudas.
Ayer, tras la aprobación de la Ley de Emergencia en el Congreso, el Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, adelantó que «tiene que haber también un ajuste en el gasto político». En este marco, algunos alcaldes de la provincia se adelantaron al gobierno de Alberto Fernández y comenzaron a tomar decisiones en esta sintonía.
Uno de los casos es el del flamante intendente peronista de Las Flores, Alberto Gelené, quien presentó al Tribunal de Cuentas «un pedido formal para no percibir el sueldo» que le corresponde como intendente, «y así tener mayores recursos disponibles para afrontar esta situación de emergencia económica municipal».
El jefe comunal del Frente de Todos, quien en las últimas elecciones fue electo por cuarta vez (tras el mandato de Ramón Canosa, de Juntos por el Cambio), realizó en las últimas horas una conferencia de prensa en la que dio detalles sobre la difícil situación que afronta la Comuna.
«Tengo que ser sincero y expresar que la situación del Municipio es dramática, tanto en lo económico financiero como en lo estructural, y nos impide actuar de forma inmediata», sostuvo Gelené.
En compañía de algunos funcionarios del gabinete local, el alcalde habló de un endeudamiento de $ 48.000.000, y contó que ya solicitó ayuda al Gobierno nacional para afrontar los gastos mediatos y cumplir con el pago de sueldos y aguinaldos.
Otro que decidió avanzar sobre el salario de los puestos políticos es el intendente de Chicilcoy, Guillermo Britos, quien dispuso por decreto congelar su sueldo y el de todos los funcionarios hasta el 30 de junio del 2020.
«La austeridad empieza de arriba hacia abajo. Los aumentos de sueldo serán solamente para los empleados municipales, priorizando a los que menos ganan», detalló Britos.
El intendente señaló que «estarán congelados nuestros sueldos, independientemente de los aumentos que se establezcan para los empleados municipales». «Esto es algo que se impone que haga la clase política hoy teniendo en cuenta la situación económica que se vive y la exigencia válida de la ciudadanía para que también la clase política sea parte del ajuste», agregó.
También tomó la misma medida Ricardo Moccero, de Coronel Suárez, quien asumió hace doce días a su sexto mandato (tras cuatro años de gestión de Roberto Palacio, de Juntos por el Cambio). «Ningún aumento que reciban los empleados municipales recaerá sobre el sueldo de los funcionarios, a partir de enero quedan congelados», subrayó el jefe comunal.
Moccero contó que «asumimos una deuda de $ 42 millones de recursos afectados que la gestión anterior tomó para pagar sueldos del mes de noviembre, a devolver antes del 31 de diciembre de este año, al cierre del ejercicio fiscal», y habló de un atraso de pago a droguerías que afecta a los suministros del sistema de salud.
Moccero anticipó duras medidas de ajuste como el comienzo de «juicios por viviendas, terrenos, tasa vial, obras, tasas urbanas» y un sistema de «restricción de agua» para quienes no paguen la tasa. «Realizaremos una restricción del 50% en el consumo de alumbrado público, apagaremos columna por medio», anticipó.
Asimismo, adelantó que «se eliminarán la totalidad de horas extras pagadas al personal municipal y en forma gradual las bonificaciones»; y anticipó de venta de bienes municipales, desde el auto del intendente hasta terrenos municipales.(DIB)