El gobierno de la provincia de Buenos Aires trabaja en los detalles finales de un proyecto de ley de acceso a la información pública, en sintonía con los cambios aplicados con la Nación y que prevé obligaciones para los diferentas dependencias públicas, la Legislatura y la Suprema Corte de Justicia.
En un relevamiento realizado por Cynthia Calvigioni, en Colón y hasta el Presente la Ley de información pública no se cumple. Esto debería ser una de los primeros a tratar con un Concejo Deliberante con autonomía.
Según pudo sabe,r el proyecto, que se trabaja dentro del Ministerio de Gobierno que conduce Joaquín de la Torre, representa la adhesión a de la Provincia a la ley nacional 27.275, que extiende la aplicación del derecho de acceso a información pública a todos los poderes del Estado.
La Provincia ya cuenta con la ley 12.475 que regula este derecho. Fue sancionada en el 2000 y su decreto reglamentario Nª 2.549/04 se aprobó cuatro años después. Quedó desactualizada con respecto a la incorporación de las nuevas tecnologías y los nuevos estándares de transparencia y accesibilidad.
La Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios y Electorales, a cargo de Manuel Terradez, avanza en la redacción de la letra chica y ultima detalles para la presentación final del proyecto ante la Legislatura. La idea es que la iniciativa llegue a tratarse este año y no se descarta que María Eugenia Vidal lo incluya en su discurso ante la Asamblea Legislativa.
Entre sus modificaciones figura la creación de un “Responsable de Acceso a la Información Pública” para cada organismo de implementar la ley y un órgano garante central que recepcione los reclamos que puedan aparecer ante dependencias o funcionarios que no cumplan con las disposiciones.
Más allá de un responsable de recepcione las solicitudes de información, la iniciativa establece la exigencia tanto para el Gobierno, como para las cámaras legislativas y el Poder Judicial de publicar información específica y hasta sensible en sus sitios digitales.
Escalas salariales, el presupuesto asignado a cada área o programa, el listado de contrataciones públicas, personal de la planta permanente y transitoria, además de un índice de trámites que se realicen ante el organismo aparecen como obligaciones.
A su vez, entre las modificaciones que deja en claro que toda persona puede solicitar información al Estado provincial sin necesidad de demostrar una razón específica, a contramano de la normativa actual que pide acreditar un interés para hacer el pedido.
En los últimos años se presentaron en distintas oportunidades proyectos que buscaban actualizar la actual ley de acceso a la información pública desde distintos espacios políticos que no prosperaron. Y el gobierno bonaerense recibió críticas en ese punto.
Desde la Provincia explican que garantizar y extender el derecho a la información pública no es una tarea fácil en los tiempos actuales y aluden a los “famosos expedientes carretilla” que aún suelen verse por los pasillos de distintas dependencias públicas.
Con todo, en Provincia suelen rebatir los argumentos de la oposición. Destacan que la iniciativa sobre información pública forma parte del proceso que incluyó la obligatoriedad de la presentación de las declaraciones juradas y la creación de un sitio de datos abiertos.
A futuro, el gobierno tiene en mente la creación de una plataforma online para realizar los pedidos, similar a los trámites a distancia que impulsó el área de Modernización a nivel nacional.
Municipios
La Provincia avanzó en un diagnóstico sobre el estado del derecho de acceso a la información pública en los 135 municipios. El estudio concluyó que 35 distritos cuentan con una normativa al respecto y que otros 23 trabajan en un proyecto para su implementación.
Como parte de ese trabajo, se presentará en las próximas semanas una una Guía de buenas prácticas de acceso a la información para municipios, que recoge distintas experiencias en los municipios relevados así como directrices para un marco modelo. En ese punto, el área ya avanzó en una ordenanza modelo. (datos La Tecla)