(Por José Giménez).- El 90% de las denuncias que se realizan en la provincia de Buenos Aires son desestimadas por la falta de pruebas o de autores identificados o la inexistencia de delitos. Esto significa que de cada diez presentaciones que se realizan en comisarías o juzgados, apenas una llega hasta las últimas instancias del proceso, con la elevación a juicio o el sobreseimiento.
Este fenómeno explica en gran medida la altísima tasa de congestión que existe en los juzgados bonaerenses, que necesitarían 13 meses sin el ingreso de nuevas causas para lograr ponerse al día. Contrariamente a este ideal, actualmente se registra un incremento anual del 8,4% de expedientes, que continúan acumulándose en los ya atiborrados despachos judiciales.
Los datos surgen del informe de Control de Gestión de la Procuración General bonaerense, elaborado con datos de 2017. El trabajo se centra exclusivamente en la etapa de instrucción: es decir, el período de recolección de pruebas que encabeza el fiscal antes de determinar si corresponde su elevación a juicio o la desestimación de la denuncia.
De acuerdo con esa información, el año pasado se tramitaron 798 mil denuncias, un 6,9% más que en 2016. De ese total, apenas 66 mil (el 9,3%) llegan a completar la etapa de instrucción. El resto son descartadas durante el proceso por tres razones principales: que sea desestimada por considerar que los hechos no constituyen delito (15,6% de los casos); que no existan pruebas suficientes para sustentar la acusación; o que en la investigación no pueda identificarse un autor responsable (75% de los expedientes iniciados).
En el informe, la Procuración ensaya una explicación para entender el fenómeno: la gran mayoría de los delitos denunciados son de «menor cuantía», pero de gran incidencia estadística, como los de amenazas o lesiones leves, en los que, mayormente, se demuestra que existe «falta de idoneidad para intimidar a la víctima o bien casos en los que no se instó la acción».
No obstante, existe un elevado porcentaje de denuncias por robo a mano armada (91%) que corren la misma suerte, en donde muchas veces influye la falta de identificación del autor, o la falta de seguimiento por parte de la víctima, que termina «desalentada» por la falta de avances concretos. Ocurre lo mismo con las causas por venta de drogas (el 84,4% son desestimadas).
Tiempos eternos
La existencia de una masa gigantesca de denuncias que no tienen resolución contribuye en buena medida a la ralentización del proceso judicial. Como se dijo, para ponerse al día la Justicia necesitaría que durante un año y 17 días no ingrese un solo expediente nuevo.
Este valor, que en el informe se detalla como la «Tasa de Pendencia» del Poder Judicial, es acompañado por otro, desalentador: el número de causas acumuladas aumentó un 8,4% en 2017. Es decir que ingresaron más denuncias de las que se resolvieron, y se acumularon con las ya existentes. Con todo, ese valor significa una desaceleración respecto de 2016, cuanto la denominada «Tasa de Congestión» superó los 10 puntos.
En este marco, se destaca que el tiempo promedio de resolución de una investigación penal es de 275 días, mientras que el plazo desde que se realiza la presentación hasta que se resuelve el juicio es de 657 días.
Falta de recursos
Sin embargo, este fenómeno debe explicarse no solo por la enorme cantidad de denuncias sin destino de resolución, sino por la falta de recursos humanos para responder a ellas.
Según el informe de Procuración, cada agente fiscal (en la provincia hay actualmente 556) debe responder en promedio a 1.436 causas. En este punto, hay casos extremos, como el departamento judicial de Moreno-General Rodríguez, donde cada funcionario debe encargarse de 4.089 causas en el año. También La Plata (1.864), Necochea (1.734) y La Matanza (1.682) están por encima de la media, pero en menor medida.
En este punto, la Procuración cuestiona que «existe una importante cantidad de cargos de agentes fiscales que se encuentran pendientes de cobertura». Y destaca que si esos puestos estuvieran cubiertos la relación de causas iniciadas por cada funcionario pasaría de 1.436 a 1.089.
La mitad de las denuncias por abuso, sin resolución
En medio de la proliferación de una gran cantidad de denuncias por casos de abusos sexuales, el informe de Procuración destaca que el 46% de las denuncias por abuso sexual con acceso carnal son archivadas o desestimadas.
En tanto, el 49,1% de las denuncias terminan en elevación a juicio, el 2,35% se resuelve en un juicio abreviado, y en el 1,2% de los casos resultan en el sobreseimiento del acusado. (DIB)