as instituciones de bien público que nuclean a los abuelos de la Provincia sufren el incremento de las facturas y corren peligro de cierre. Exigen al Gobierno que desburocratice el acceso a la tarifa social. En Colón existen dos asociaciones de abuelos que deben afrontar la aguda crísis económica.
Entre la desinformación y la burocracia, el tarifazo sigue cobrándose víctimas, y los abuelos no son la excepción. Ahogados por el aumento de la canasta básica, más el costo de vida que eso conlleva, y frente al escenario de no poder aumentar la cuota mensual de aquellas personas que aportan voluntariamente a las instituciones que funcionan como sus propios espacios de contención, los adultos mayores de la Provincia alzan la voz para que el Gobierno de Cambiemos instrumente las herramientas necesarias que eviten la desaparición de los centros de jubilados.
A suerte o verdad, para poder ser beneficiarias de la tarifa social, las entidades de bien público que nuclean a los adultos mayores quedan libradas a los recursos propios que pueden gestionar. Dentro de ese contexto, son contados los centros de jubilados que logran obtener el reconocimiento que sólo el Gobierno nacional puede otorgarles.
Es que aquellas organizaciones que no cuentan con una mano amiga se ven atrapadas en el laberinto burocrático que antecede al trámite, ya que no pueden cumplir con la personería jurídica porque carecen del dinero suficiente para costear los honorarios profesionales de un escribano que se las garantice. En tanto, aquellos centros de jubilados que emprenden la cruzada por tracción propia deben lidiar con la sangre fría de las empresas privadas que les solicitan diversos requerimientos y, en algunos casos, hasta les han retirado los medidores de luz y gas de sus sedes.
Ante este escenario, los jubilados que conducen las diversas entidades de bien público recurren a organismos intermedios para reclamar por la concreción del trámite. Oficinas de Defensa del Consumidor y la Defensoría del Pueblo son los entes más solicitados en el Conurbano. En tanto, para el interior son los propios municipios los que recepcionan los pedidos y se encargan de encabezar las gestiones ante la Defensoría.
En diálogo , Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, se refirió a la situación que atraviesan las entidades que agrupan a los adultos mayores. Sostuvo que “las gestiones que deben llevar a pulmón requieren de la complejidad de tener una documentación puntual que exige balances al día, y eso dificulta el trámite. Yo creo que debería ser una gestión más automática, no sólo en lo concerniente al acceso a la tarifa social, sino el otorgamiento de la personería jurídica para los centros de jubilados sin requerir un trámite adicional”.
En ese sentido aseveró que “el Estado, a través de la Inspección General de Justicia, tiene un padrón actualizado de quiénes pueden acceder a este beneficio, y debería cruzarlo con las empresas prestadoras de los servicios públicos y otorgarlo”.
Pero, a contracara de lo que debería ser, en la actualidad, los resortes del Estado están ausentes en esta coyuntura. En una jornada acerca de la toma de conciencia sobre el abuso a las personas mayores que se realizó en la Cámarade Diputados bonaerense, La Tecla dialogó con Federico Gutiérrez. El responsable del programa de Adultos Mayores de ANSES confirmó que “existe un desconocimiento generalizado” sobre la gestión del beneficio tarifario para los centros de jubilados. Incluso, según pudo saber este medio, por este tema, desde el propio organismo han mantenido conversaciones con la Defensoría.
Por el lado del gobierno bonaerense, tampoco existen muchas respuestas. Al ser un beneficio que otorga el Ejecutivo nacional, sólo se limitan a comunicar el camino virtual que los abuelos deben desandar para comenzar el trámite.
El mismo consiste en registrarse, vía web, en la página del Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, para que luego dicha cartera remita la información a la Dirección de Políticas Interministeriales, que está bajo la órbita de la Dirección General Operativa del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Un recorrido engorroso, que suele demorar bastante y que poco tiene que ver con la celeridad y el aumento con el que llegan las facturas de los servicios a los centros de jubilados.
Con este panorama, los lugares que funcionan como verdaderos clubes de encuentro y esparcimiento para quienes ya lo dieron todo corren serios riesgos de cerrar ante la inacción de quienes sólo están atentos a que en el Excel cierren los números.(La Tecla)