El 23 de septiembre es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, en este contexto se dió a conocer que en la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas encuentra a nuestro país con 334 sentencias dictadas en los últimos doce años -en 2009 se dictó la primera sentencia por este delito, que ingresó al ordenamiento jurídico el año anterior-, de las cuales 249 resoluciones fueron condenatorias por el tipo penal de trata y otras 47 por crímenes conexos.
Las cifras corresponden al relevamiento que mantiene actualizado la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo del fiscal general Marcelo Colombo y de la fiscal federal Alejandra Mángano. Otros datos relevantes tienen relación con las personas condenadas en esos procesos. Sobre un total de 509, 314 fueron varones; 192, mujeres; y 3, personas trans. De todas las personas condenadas, solo 8 fueron funcionarios públicos.
En relación a las víctimas, el 98 por ciento de las personas damnificadas fueron mujeres, es decir, 881. Al menos 124 eran menores de edad, esto es un 14,1 por ciento del total de mujeres.
El delito de trata de personas se incorporó al ordenamiento jurídico argentino luego de la sanción de la ley 26.364 de «Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas» en 2008, que además de la explotación sexual también prevé la represión de aquella conducta realizada con fines de explotación laboral. Esa norma fue reformada en 2012 mediante la ley 26.842.
El Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas fue propuesto en el marco de la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas, receptada durante la Conferencia de Mujeres desarrollada en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.
El 23 de septiembre fue elegido porque ese día del año 1913 el Senado de la Nación Argentina sancionó la ley 9.143, un proyecto del diputado socialista Alfredo Palacios, que se convirtió en la primera ley en el mundo en penar la trata de personas con fines de explotación sexual y en brindar protección a las personas menores de edad frente a ese delito.