La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Guillermo Loyola, e impuesta ayer por la jueza Cristina Fortunato en una audiencia realizada en los tribunales rafaelinos. El imputado tiene 62 años, sus iniciales son MAO y es oriundo de la provincia de Buenos Aires. Las maniobras defraudatorias provocaron un perjuicio económico por un total de 172.000.000 de pesos, aproximadamente.
Quedó en prisión preventiva un hombre de 62 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, que es investigado por estafas cometidas por un total de 172.000.000 de pesos, aproximadamente, en perjuicio de dos empresas lácteas de Rafaela (departamento Castellanos). Así lo ordenó la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cristina Fortunato, en una audiencia que se desarrolló ayer en los tribunales rafaelinos.
El fiscal Guillermo Loyola, a cargo de la Sección Delitos Económicos y Complejos de la Fiscalía Regional 5, es quien solicitó que el imputado, cuyas iniciales son MAO, transite el proceso judicial privado de su libertad. Según recordó, «otro bonaerense, quien tiene 43 años e iniciales MDC, es investigado en el marco del legajo y cumple la misma medida cautelar desde marzo de este año».
La maniobra
El representante del MPA indicó que “junto con otras personas, los hombres investigados concertaron un plan para realizar actos defraudatorios contra dos firmas lácteas rafaelinas tendientes a obtener un beneficio económico”.
Loyola afirmó que “el lunes 15 de enero de este año, quien quedó en preventiva ayer utilizó un DNI apócrifo para retirar de un banco la tarjeta de coordenadas necesaria para realizar operaciones a nombre de una de las empresas». Aclaró que «el documento tenía su foto y los datos de uno de los socios de la compañía, lo que indujo al error al empleado bancario que lo atendió”.
A su vez, el fiscal puntualizó que “como el imputado de inciales MAO no pudo acceder al sistema más allá de que contaba con la tarjeta de coordenadas, días después, otra persona aún no identificada utilizó los datos identificatorios de un exempleado de una de las firmas damnificadas para cambiar las claves de acceso a su perfil bancario». En tal sentido, explicó que «una vez modificada la contraseña del homebanking, el grupo delictivo pidió otra tarjeta de coordenadas de la empresa”.
“Por su parte, el hombre iniciales MDC se valió de otro documento de identidad apócrifo con el cual engañó a personal de la entidad bancaria y obtuvo la nueva tarjeta que necesitaban para concretar su objetivo», relató. «Luego realizó 38 transferencias a distintos destinatarios y por diferentes montos, lo que perjudicó a la compañía láctea por una cifra aproximada de 153.000.000 de pesos”, agregó el fiscal.
Por otro lado, Loyola señaló que “con la misma tarjeta de coordenadas, el imputado de 43 años logró ingresar también a la cuenta corriente de la otra empresa –relacionada con la primera– y, de común acuerdo con los otros integrantes de la banda, hizo transferencias por alrededor de 19.000.000 de pesos en total”.
En tanto, el fiscal subrayó que «la mayoría de los titulares de las cuentas a las que fue enviado el dinero proveniente de las maniobras delictivas ya fueron identificados e imputados como partícipes necesarios de las estafas».
Fundamentos
El fiscal expuso que “la jueza consideró que en virtud de las evidencias presentadas por la Fiscalía, la materialidad de los hechos y la autoría por parte del hombre investigado están acreditadas con el grado de probabilidad necesario en esta etapa inicial del proceso”.
Loyola precisó que “la magistrada también tuvo en cuenta la modalidad de las conductas ilícitas, la complejidad de la maniobra y el perjuicio económico causado», y destacó que «en caso de condena, la pena sería de cumplimiento efectivo”. Al respecto, añadió que “la jueza planteó que esos mismos argumentos hacen a la existencia de riesgos procesales, los cuáles no era posible neutralizar con medidas alternativas que fueron propuestas por la Defensa”.
Calificación penal
Al hombre identificado con las iniciales MAO se le atribuyó la coautoría los delitos de estafa y acceso ilegítimo a sistema o dato informático, así como la autoría de uso de documento falso, destinado a acreditar la identidad de las personas.