Santa Fe: la provincia con mayor tasa de homicidios y con bajo presupuesto en seguridad

Rosario ha registrado en los últimos años la tasa de homicidios más alta de la provincia de Santa Fe y del país. Los homicidios registrados en el año 2021, de hecho, casi cuadruplican la media nacional.

Desde el 2014, los despliegues de las fuerzas de seguridad y policiales federales en la provincia de Santa Fe han sido la herramienta elegida por las distintas administraciones nacionales para enfrentar la inseguridad. Pero el envío de efectivos no ha dado los resultados esperados.

Para Alejo Martín Bonfiglio, comandante de la Gendarmería, esta medida debería enmarcarse en un plan estratégico más amplio, “que involucre a todos los niveles de gobierno”. Bonfiglio, que es técnico superior en seguridad pública, licenciado en relaciones internacionales y especialista en inteligencia estratégica, elaboró una tesis para la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Austral sobre el despliegue de fuerzas de seguridad en Santa Fe. Su investigación, de tipo exploratoria y descriptiva, se complementa con una propuesta de política pública de seguridad.

“Analizamos los acuerdos y convenios entre los distintos niveles de gobierno que establecieron el marco para los despliegues, y elaboramos un programa que incluye la transferencia de capacidades al Gobierno provincial y el establecimiento de mecanismos de participación ciudadana”, explica.

Bonfiglio cuestiona que temas claves como la reforma policial, la ampliación de las capacidades de la Justicia y de los respectivos ministerios públicos fiscales, el aumento de las plazas carcelarias, el incremento presupuestario destinado a seguridad, la modificación al régimen penal juvenil e inclusive cómo el Estado, desde sus respectivos niveles de gobierno, planifica recobrar su lugar perdido y cooptado por organizaciones delictivas, no figuran en ninguno de los compromisos suscriptos entre el gobierno provincial y el nacional.

Tampoco hubo objetivos cuantificables y verificables para reducir los índices de victimización, ni metas respecto a la sensación de inseguridad. Luego de la finalización de cada ciclo de despliegue de efectivos, no se realizaron análisis de impacto, ni evaluaciones concretas.

Voces autorizadas

El trabajo de Bonfiglio ha sido comentado por algunos académicos que lo han acompañado durante su experiencia académica. Tal es el caso de Diego Gorgal, profesor de Políticas Públicas de Seguridad en la Maestría que cursó el alumno, ya graduado: “La tesis elaborada por Alejo Martín Bonfiglio contribuye de manera significativa al entendimiento de uno de los problemas públicos más acuciantes de la democracia argentina como es la inseguridad. En su trabajo, él utiliza el caso del despliegue de fuerzas federales en la ciudad de Rosario, Santa Fe, para dar cuenta de los niveles de delitos y violencias que se dispararon en dicha ciudad, como caso para analizar las bases de lo que debería ser una adecuada política pública de seguridad. Ciertamente, dado que toda política pública puede ser concebida como la respuesta de los gobiernos a situaciones, circunstancias, y/o problemas que reclaman su atención, un entendimiento acabado de estos es condición necesaria para lograr la efectividad de aquellas”.

Gorgal concluye que: “Lamentablemente, como el trabajo de Bonfiglio demuestra para el caso de Rosario, la falta de tal entendimiento ha dado lugar a políticas de seguridad más preocupadas en el empleo de medios que en el logro de resultados.”

Finalmente, Celina Cantú, Directora de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Austral, y profesora de Metodología de dicha carrera, concluyó: “Centrada específicamente en un Programa de Despliegue en la ciudad de Rosario, el cual debería formar parte de un plan estratégico de seguridad para la provincia de Santa Fe, la tesis muestra la urgente necesidad de elaborar políticas públicas apoyadas en evidencias, con herramientas profesionales, objetivos delimitados que puedan ser evaluados y la participación de todos los sectores, incluyendo a los ciudadanos. El diseño de soluciones requiere la identificación de los actores para una consideración realista de su participación en el proceso y la incorporación de los acuerdos para sostener políticas en el tiempo y más allá de las transiciones de los gobiernos.”

Un plan que requiere una mayor inversión

En su tesis, Bonfiglio detalla un programa de despliegue de fuerzas de seguridad y policiales, impulsado en coordinación y complementación con la policía provincial y bajo un comando unificado. “Deberán crearse dos estructuras: un comité a nivel nacional y un consejo de complementación a nivel provincial”, detalla. El ámbito de actuación –la ciudad de Rosario– deberá dividirse en seis sectores, cada uno de los cuales será asignado a una fuerza de seguridad.

El programa, que contempla una duración de 76 meses, incluye metodologías para asignar los recursos y establecer metas cuantificables: Bonfiglio propone como objetivo final la reducción del 50% de la tasa de homicidios, la tasa de personas heridas por armas de fuego, la tasa de abuso de armas y la tasa de robos. “Las metas tienen que poder ser monitoreadas de forma permanente, pero no solo desde los distintos niveles del Estado, sino también desde la propia ciudadanía mediante una participación activa”, propone.

Para esto, resalta la necesidad de crear “centros de monitoreo urbano”, con presupuesto y empleados municipales, y vinculados con la labor policial, para garantizar una respuesta más efectiva. Otro aspecto clave para complementar el despliegue de fuerzas de seguridad es incrementar las capacidades de la policía de la provincia, a través de una mayor inversión en seguridad.

En 2021, Bonfiglio señala que la provincia de Santa Fe destinó el 7,72% del presupuesto a seguridad, un porcentaje muy por debajo de lo que asignaron otras provincias como Salta o Córdoba, que tienen una tasa de homicidios más reducida.

“El prepuesto impacta directamente en los recursos que son destinados al pago de haberes, inversión en tecnología, recursos logísticos, infraestructura, capacitación, entre otros. Considerar los daños que genera el delito como costos nos permite desarrollar la justificación de la inversión en seguridad, en virtud de que los beneficios son mayores”, resalta Bonfiglio.

“Es mucho más costoso mantener todo un sistema que persiga a quienes cometen delitos, que el trabajo que se puede hacer para evitarlo”, concluye.