Sancionaron nueva ley que regula honorarios de abogados bonaerenses

Los honorarios de abogados y procuradores devengados en juicio, gestiones administrativas, actuaciones extrajudiciales y trámites de mediación, deben considerarse como remuneraciones por el trabajo personal del profesional, poseen carácter alimentario y se regirán por las disposiciones de una nueva ley que sancionó  la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

En votación dividida pero por amplia mayoría los diputados bonaerense dieron el último paso legislativo y ahora resta esperar la promulgación de la norma por parte del Poder Ejecutivo. Parte de la bancada massista votó en forma negativa y el bloque del GEN se abstuvo, el resto de los bloque acompañaron la iniciativa puesta en consideración.

Se trata de una ley de orden público en función de la necesaria participación de los profesionales para el adecuado servicio de Justicia, de aplicación exclusiva y excluyente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

En defecto de contrato escrito, los honorarios que deban percibir los abogados y procuradores por su labor profesional efectuada en juicio o en gestiones administrativas y por prestaciones extrajudiciales o mediación, serán fijados en la forma que determina la nueva ley.

Será nulo todo pacto o convenio que tienda a reducir las proporciones establecidas en el arancel fijado por la nueva norma, así como toda renuncia anticipada total o parcial de los honorarios.

No obstante, el profesional que hubiere renunciado celebrando el convenio, quedará sujeto a los términos del mismo; en el caso, el Colegio de Abogados departamental, tendrá acción para reclamar del deudor de los honorarios la diferencia que resulte por aplicación de esta ley, según se estable en el articulado general.

El proyecto de ley que se sancionó es una iniciativa que se ha venido trabajando en el tiempo por miembros del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, dado que la norma vigente en materia arancelaria data del año 1977.

La iniciativa, que fue presentada por el legislador radical y vicepresidente I del Senado, Carlos Fernández, trata de receptar los cambios sociales, políticos, institucionales, tecnológicos y económicos acontecidos en el país desde aquella época que han influido en el ejercicio de la profesión de abogados y procuradores. (Infocielo)