La oposición hizo una presentación ante el organismo provincial que audita las finanzas públicas. En la presentación acusan al gobierno y al bloque oficialista de poner trabas a su tarea de control y piden al Tribunal de Cuentas que analice lo que consideraron “gastos reprochables”.
Tal como adelantaron cuando se retiraron de la sesión en la que el oficialismo aprobó la Rendición de Cuentas del deficitario ejercicio 2017, la oposición denunció al intendente Cecilio Salazar ante el Tribunal de Cuenta, organismo provincial que audita las finanzas municipales.
Según describe la cónica del semanario La Opinión, el martes por la mañana, los concejales Rodolfo “Titín” Trelles, Martín Baraybar, Soledad Llull y Florencia Sánchez, miembros del bloque Frente para la Victoria-Unidad Ciudadana, entregaron a la Auditora Jefa de la Delegación Zárate del Tribunal de Cuentas, contadora Mónica Berra, una carpeta con la denuncia acerca de “anormalidades” durante el tratamiento del expediente. Allí dan cuentas de “innumerables irregularidades y gastos reprochables” en las que habría incurrido el gobierno de Salazar en el año electoral en el que la comunidad revalidó su mandato con más del 60 por ciento de los votos.
“El bloque FPV-UC presentó la denuncia correspondiente ante la delegación Zárate del Honorable Tribunal de Cuentas respecto del tratamiento y las irregularidades encontradas durante el mismo. El bloque fue recibido por la jefa de la delegación Mónica Berra por más de una hora y media, a quien se le elevó la denuncia y se le dieron las explicaciones y ampliaciones correspondientes”, informaron desde la oposición.
“El primer dato que llama la atención es el altísimo déficit”, señalaron en la presentación, en la que advirtieron por los reintegros, una metodología que, denunciaron, “evita los controles lógicos que la administración municipal tiene a la hora de definir en qué, cómo y a dónde se realizan los egresos”.
Además, señalan que faltan 70 decretos en la publicación oficial que hace el gobierno en su página web; el importante uso de fondos afectados para gastos corrientes y la justificación sobre la que llamó la atención La Opinión: la ordenanza de emergencia económica que perdió vigencia en julio de 2016.
Tras una enumeración de los sucesos que derivaron en la sesión de la que se retiraron, y en la que señalan que nunca les habilitaron todos los módulos del Rafam ni les dieron el tiempo suficiente para estudiar la documentación de las 1.594 órdenes de pago que solicitaron de las casi 19.000 del ejercicio, expusieron “diferentes irregularidades encontradas durante el tratamiento anómalo que pudimos tener”.
Allí hablan de “anormalidades de forma”, de “decisiones en el gasto imprudentes y políticamente reprochables para un municipio que se encuentra en una situación económica y financiera delicada”. La oposición le dijo al Tribunal de Cuentas que el segundo año de gestión de Salazar terminó con más de 100 millones de pesos en rojo. “El mayor y más doloroso déficit de la historia de nuestra ciudad”, aseguraron. En ese sentido, señalaron que el gobierno hizo “un irresponsable uso de los dineros públicos, empeñando los dineros y el futuro de los sampedrinos por un largo tiempo”. (InfoGEI)