Un fiscal de San Nicolás abrió hoy una investigación para determinar si el intendente de Capitán Sarmiento, una ciudad del norte bonaerense, incurrió en un delito al afirmar que si no se habilitan las clases presenciales “habrá que salir a cortar rutas”.
Las actuaciones, que fueron iniciadas por el fiscal Jorge Leveratto, de la UFI 4 de San Nicolás, se dan en un marco polémico: Esta mañana, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, le recordó a Iguacel que cortar rutas “es un delito federal” y se quejó porque “ningún fiscal general actuó de oficio, denunciándolo por apología del delito”.
El funcionario vinculó al Produrador de la Corte, Julio Conte Grand, a esa situación. “Me resulta particularmente extraño, o no, sabiendo que el titular del Ministerio Público Fiscal de la Provincia y Javier Iguacel forman parte del mismo partido político, no es extraño”, dijo Bianco.
Según pudo saber DIB, las actuaciones que abrió Leveratto, en una causa en la que interviene el Juzgado de Garantías 2 a cargo del Dr. Ricardo Pratti, están en una instancia preliminar, de “averiguación de delito”.
En ese plano, fuentes judiciales dijeron que lo que resultará clave saber si Igual fue más allá de las declaraciones radiales en su intervención sobre los cortes de ruta. También señalaron que más allá de la polémica, Conte Grand tiene vedado por ley impulsar investigaciones particulares.
Iguacel fue funcionario del gobierno de Mauricio Macri: Se desempeñó como ministro de Energía y, antes, como Administrador General de Vialidad Nacional, desde donde hizo denuncias por supuesta corrupción durante el gobierno de Cristina Fernández, entre otras. Conte Grand, que formalmente no está afiliado a PRO, fue secretario Legal y Técnico del gabinete de María Eugenia Vidal en la Provincia y fue impulsado por ella a la Procuración.
Este medio no pudo determinar la secuencia de los hecho: Si Leveratto inició la investigación antes o después del señalamiento de Bianco. Fuentes judiciales explicaron en ese marco que Conte Grand tiene vedado por ley indicar que se abran investigaciones particulares, aunque establece la política general de persecución penal en la Provincia. (DIB)