La empresa química Atanor enfrenta un futuro incierto en su planta de San Nicolás, clausurada desde el 20 de marzo debido a una medida cautelar impulsada por una ONG y concedida por la Justicia. Esta situación ha dejado a 130 empleados sin poder regresar a sus puestos de trabajo durante los últimos cinco meses, alimentando la posibilidad de despidos masivos.
Desde la suspensión de actividades, la empresa ha mantenido a sus trabajadores bajo un esquema de suspensiones temporales, con el 75% de sus salarios cubiertos gracias a un acuerdo con el sindicato. Sin embargo, la falta de resolución en el conflicto judicial ha llevado a Atanor a considerar «soluciones» más drásticas, entre las que se incluyen planes de retiros voluntarios forzados y la posibilidad de despedir a la totalidad del personal afectado.
Aunque desde la empresa aseguran que los despidos son solo rumores, reconocen que la situación es extremadamente grave. La planta ya estaba bajo investigación antes de la clausura, y el incidente de la explosión de un tanque mezclador el mismo 20 de marzo, aunque calificado como coincidencia por la empresa, incrementó las sospechas de irregularidades que podrían haber precipitado la clausura ordenada por la jueza Luciana Díaz Bancalari.
La medida cautelar surgió en respuesta a una denuncia de ecocidio presentada por una ONG, que señalaba posibles riesgos ambientales en el funcionamiento de la planta. Como parte del fallo, la jueza ordenó la suspensión total de actividades y prohibió la salida de camiones con residuos y materiales, exigiendo garantías de un funcionamiento seguro.
La prolongada inactividad de la planta y la falta de un plan ambiental claro por parte de Atanor han agravado la incertidumbre entre los trabajadores, quienes después de cinco meses de espera ven con preocupación el futuro de sus empleos. Mientras tanto, la empresa y los operarios permanecen en un limbo, esperando una resolución que defina el destino de la planta y de quienes dependen de ella.(Pergamino Virtual)