El MPF solicitó su llamado a indagatoria en carácter de autores mediatos de crímenes de lesa humanidad. Los imputados tuvieron tropa a su cargo en los departamentos de Inteligencia, Personal y Operaciones del Comando de Institutos Militares. Impulsaron la investigación de crímenes contra niños y niñas.
La Oficina de Derechos Humanos de San Martín, a cargo del fiscal Miguel Ángel Blanco García Ordás, solicitó al Juzgado Federal N°2 de esa jurisdicción el llamado a declaración indagatoria de 24 nuevos imputados por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra más de 300 víctimas del centro clandestino de detención que funcionó en el Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo.
La presentación de la oficina del MPF se centró en la cadena de responsabilidades de los integrantes de las estructuras militares, partiendo del Estado Mayor Conjunto de esa unidad y continuando por cada uno de los integrantes de sus departamentos, que «activamente actuaron en el marco del Terrorismo de Estado», para lo cual analizó su estructura, organización y funcionamiento.
Para la individualización de los imputados y su responsabilidad, la representación del MPF investigó los departamentos de Inteligencia, Personal y Operaciones y su intervención en la puesta a disposición de ese aparato ilegal de «todos los recursos materiales y humanos necesarios para el cumplimiento del objetivo criminal». En ese marco, determinó que no hay integrantes con vida del departamento de Logística, por lo cual no formuló imputaciones.
La presentación se centra en todos aquellos militares que, a criterio de la fiscalía, tuvieron una activa participación en las violaciones a los derechos humanos aunque no ocupaban las jefaturas ni cargos jerárquicos -como directores o jefes de departamento-, ni tampoco eran segundos jefes, pero que sin embargo tuvieron tropa a su cargo y aportaron los medios a su disposición en los hechos ilícitos.
Al respecto, el MPF examina la actividad de todos aquellos que se desempeñaban allí con los cargos de teniente general, coronel, teniente coronel, mayor, capitán, teniente primero, teniente, subteniente, suboficiales y sargentos; en definitiva, quienes tenían tropa a su cargo, en relación a la normativa vigente en la época, en la denominada «lucha contra la subversión».
«Todos ellos fueron parte del engranaje represivo, ordenando a sus subalternos la realización de hechos ilícitos que de ninguna forma estaban incluidos dentro de aquello que constituyen órdenes militares lícitas», señala la presentación.
Añade que «muchas veces, estos militares fueron autores directos de los hechos» y que «sin duda se encuentra acreditado dada la normativa propia de la época» que «cada uno de los integrantes de esos departamentos lo que siempre tuvo –como se señaló, desde las actividades que cada imputado desarrolló en su departamento y dado su cargo-, fue el poder de poner todos los medios a su alcance al servicio del plan instaurado para derrotar al enemigo, sin miramientos».
Explica que, en consecuencia, los imputados «fueron autores mediatos de los hechos ilícitos llevados a cabo por la empresa criminal» y que «los roles, las tareas y los aportes fueron diferentes, pues el escalón que ocuparon dentro de la maquinaria fue distinto, conforme a la división de funciones pergeñada. Esto llevó a que, por sus respectivas funciones, algunos estuvieran más próximos a las víctimas, mientras que otros estuvieron más alejados, contribuyendo a su suerte y realizando sus aportes desde un escalón superior».
«Todos ellos fueron parte del engranaje represivo, ordenando a sus subalternos la realización de hechos ilícitos que de ninguna forma estaban incluidos dentro de aquello que constituyen órdenes militares lícitas», señala la presentación respecto de los imputados.
Los hechos expuestos por la fiscalía en la presentación de 291 carillas fueron abordados a lo largo de 175 casos que incluyen a más de 300 víctimas, que sufrieron privaciones ilegales de la libertad y otros delitos a partir de 1976. «Se aprecia que el 24 de marzo del año 1976, se realizaron al menos 20 procedimientos ilegales en la jurisdicción de la denominada zona de defensa IV [Campo de Mayo]; en distintas áreas, entre ellas Zárate, Campana, General San Martín, General Pacheco, Tigre», señala el requerimiento, y agrega que «en los días siguientes las cifras mencionadas se mantuvieron y en algunos otros aumentaron».
El destino de niños y niñas
Una particularidad de los hechos descriptos en el requerimiento fiscal de instrucción tiene que ver con la formulación de imputaciones respecto de los casos de niños y niñas que fueron víctimas en el contexto de los crímenes de lesa humanidad, en tanto permanecieron privados de su libertad y en algunos casos sufrieron tormentos junto a sus padres, familiares o las personas que los tenían a su cuidado, «hasta que finalmente fueron separados de ellos y arbitrariamente se dispusieron sus destinos, según la conveniencia de los delincuentes».
En relación con esto último, la fiscalía indicó que «este procedimiento consistió en general en dejar a los menores en la casa de algún pariente -en el mejor de los casos-, del encargado del edificio donde se realizaba el procedimiento ilegal-, de algún vecino, o alguna institución de menores, tal como fue el caso de la Brigada Femenina de San Martín, por donde se constató el paso de al menos 50 criaturas».
En ese sentido, la presentación de la fiscalía visibiliza los casos de 36 niños y niñas de entre 1 mes de vida y 15 años de edad que atravesaron aquellas situaciones.
Víctimas sin juicio
La fiscalía también presentó un pedido de investigación en el que cual analiza hechos que ocurrieron dentro de la Zona de Defensa IV, cuya jefatura estaba en la guarnición militar de Campo de Mayo, y que contiene los casos de 214 víctimas que, hasta el momento, no han sido tratados en ninguno de los juicios que abordaron los crímenes en esa región.
Según informó la representación del MPF, los hechos analizados en esa presentación corresponden a víctimas que no han sido vistas o identificadas dentro de algún centro clandestino de detención o que fueron secuestradas fuera de la jurisdicción y vistas luego en Campo de Mayo.
El fiscal Blanco García Ordás contó con la colaboración del personal de la fiscalía -Nadina Valenti, Juan Martín Guerrini y Juan Pablo Di Giorno- para la lectura minuciosa de legajos militares, testimonios y otras prueba documentales, y con el aporte de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad para el análisis de la información.