La medida tiene como objetivo contribuir al esclarecimiento del hecho y a la adopción de nuevas diligencias probatorias tendientes a dilucidar aquellos puntos que surjan durante su desarrollo.
El titular de la Fiscalía Federal de San Luis, Cristian Rachid, el fiscal federal Leonel Gómez Barbella, y los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, integrantes del equipo fiscal que investiga la desaparición de Guadalupe Belén Lucero Cialone, ordenaron la realización de una reconstrucción de las circunstancias que rodearon la desaparición de la niña, ocurrida hace exactamente hace un año en el barrio 544 viviendas de la capital provincial.
La medida tiene como objetivo contribuir al esclarecimiento del hecho y a la adopción de nuevas diligencias probatorias tendientes a dilucidar aquellos puntos que surjan durante su desarrollo. Su realización está prevista para las próximas semanas.
El operativo fue encomendado a la División Criminalística de la Gendarmería Nacional Argentina, con la colaboración del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Etraviadas (SIFEBU) del Ministerio de Seguridad de la Nación.
La fiscalía informó que, desde el traspaso de la investigación al fuero federal en diciembre de 2021, se relevaron todos los antecedentes de la investigación y las pruebas recolectadas por el Poder Judicial de San Luis, para lo cual se designó un equipo de trabajo que se abocó a la clasificación y sistematización de los documentos, de acuerdo con el tipo de diligencia.
Además, se recabaron cien testimonios de familiares y vecinos del barrio donde desapareció la niña, algunos de los cuales declararon por primera vez en el marco de estas actuaciones. Por otra parte, se realizaron evaluaciones psicológicas a niños, niñas y adolescentes que estuvieron presentes al momento del hecho y que podrían participar en la medida.
En el caso también se dispusieron numerosas medidas de prueba y análisis, en cuya realización se encuentran colaborando activamente la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), a quien se encomendó el análisis de más de 90 dispositivos electrónicos, y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO).
Entre el 26 y el 29 de abril pasados se llevó a cabo un rastrillaje en el predio de 584.809 metros cuadrados ubicado entre el barrio 544 viviendas y la autopista Serranías Puntanas, a partir de las distintas declaraciones que señalaban que la niña se habría ido en dirección al descampado colindante al lugar del hecho.
Ese operativo fue coordinado por el equipo de fiscales, junto con la asistencia de la Colectiva de Intervención ante las Violencias (CIAV), el SIFEBU, las divisiones de Criminalística, Medicina Forense y Geología de la Gendarmería y la División Canes de la Superintendencia Federal de Bomberos.
En el marco de esa diligencia, personal de la fuerza de seguridad halló prendas de vestir que, si bien presentaban características similares a las que llevaba Guadalupe Lucero el día de la desaparición, se verificó que no pertenecían a la niña. Asimismo, se secuestraron restos óseos que, a partir del análisis macroscópico y de contexto realizado por los antropólogos que intervinieron en el procedimiento, se determinó que corresponderían a animales.
No obstante ese diagnóstico inicial, se ordenaron estudios complementarios al Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba y al Equipo de Antropología de Forense para corroborar las características morfológicas de las piezas, cuyos informes parciales abonarían el resultado del examen preliminar efectuado en el lugar del hallazgo, en cuanto a que esos fragmentos no guardarían relación con huesos humanos.