La Defensoría del Pueblo bonaerense denunció que los cambios que introdujeron los nuevos contratos de Participación Público Privado (PPP) en las concesiones de los corredores viales tendrán un impacto negativo en los bonaerenses, ya que las empresas dejarán de hacerse cargo de los servicios de primeros auxilios sanitarios y de extinción de incendios en estas rutas nacionales que atraviesan la Provincia.
La nueva disposición, señala la Defensoría, determinó que, en caso de un siniestro en la ruta, serán los municipios en los que se produzca el hecho los que deban hacerse cargo de los servicios de emergencias que antes le correspondía a las empresas, lo que tendrá un impacto en las finanzas comunales.
“Los municipios deberán enfrentar estos gastos, por lo que estamos ante una transferencia indirecta a los bonaerenses. Muestra la decisión del gobierno nacional de no proteger a la gente y sí garantizarle los negocios a las empresas”, sostuvo Lorenzino.
Esta medida alcanzará a los corredores viales A (rutas nacionales 3 y 226); B (RN 5); C (RN 7); E (rutas nacionales 193 y 9); 2 (RN 188); 8 (RN 8); 18 (RN 12); y Sur (rutas nacionales 3 y 205).
Por lo tanto, Bahía Blanca y otros distritos de la región estarían alcanzados por esta medida.
«Claramente, no puede soslayarse, que éste estipulado, traerá consecuencias directas sobre los erarios municipales y sobre las previsiones en la prestación de los servicios. Además es dable señalar, que en este contexto, los municipios aledaños a los corredores viales, deberán previsionar servicios de asistencia médica e incendios (bomberos), para cubrir contingencias que puedan producirse dentro de sus límites territoriales», agrega el comunicado.
Ante este escenario, la Defensoría envió notas a todos los municipios afectados y expresó su «preocupación por el efecto que tendrá en la calidad de prestación de los servicios de salud y bomberos ante eventuales accidentes, además del costo que demandará estas prestaciones».
“Pareciera que la única política del gobierno es ir en contra de los usuarios, por lo que analizamos presentarnos ante la Justicia para que se revea esta situación que golpea a los municipios y afecta a los ciudadanos”, puntualizó Lorenzino.
El defensor del Pueblo abundó: «Los ahora adjudicatarios, mediante contratos PPP, han sido ‘relevados’ de tales obligaciones, debido a que cualquier emergencia que se produzca en el Corredor Vial será atendida por la Gendarmería Nacional; Policía Federal o la Policía Local, o por la Autoridad que resulte competente en función de la naturaleza del hecho susceptible de ser atendido, quienes ejercerán competencias propias del Estado según las misiones, funciones y jurisdicciones territoriales».(La Nueva)