Los sistemas de reconocimiento facial cuentan con información de antemano para identificar patrones. En este caso, se analizarán rostros que tomen las cámaras de vigilancia en Rosario a través de algoritmos que toman ciertas proporciones de las caras, para determinar si son compatibles con los parámetros que esos sistemas ya tienen cargados (las caras de los prófugos de la Justicia).
Para esta modalidad se utilizarán, según afirmaron, las cámaras que ya hay en los principales centros urbanos de la provincia. “El sistema que traemos está en condiciones de innovación permanente, con un núcleo básico en el Centro de Operaciones Policiales (COP) desde donde se recogerán denuncias y se despacharán recursos, desde móviles hasta ambulancias o autobombas, en el mediano plazo, en toda la provincia”.
Llumá agregó que el sistema de reconocimiento facial que se busca implementar “funciona en base a la gestión de información e identificación de tendencias, con una posibilidad de realizar diagnósticos predictivos”.
En las localidades que se ponga en marcha el sistema habrá que repensar algunas infraestructuras, según indicó el funcionario: “Hay que incorporar sensores de mayor definición, hacer mapas con las ciudades de Santa Fe y Rosario, homologar estándares”.
“El tendido de nuevos sistemas de sensores conectados a redes inteligentes va a estar hecho con los gobiernos de las ciudades de Santa Fe y Rosario, por eso se integraron a la firma del convenio con la Nación”, añadió.
Sobre los plazos para la implementación del sistema de reconocimento facial, explicó: “Son 120 días de procesos de licitaciones después de la transferencia de los fondos. Proyectamos que puede estar para el primer trimestre de 2021”.
Controversia
A partir del proyecto para que los sistemas de reconocimiento facial y predicción de conductas lleguen a la vía pública de Rosario, surgen algunas dudas sobre cómo se implementará y sobre qué base, entre otras cuestiones.
Consultado sobre la controversia que causa la utilización de este sistema en otras ciudades, Llumá dijo: “La red integral de monitoreo actual no es muy distinta en su naturaleza. Estos sistemas favorecen el análisis de volúmenes inmensos de datos de interés para mejorar la seguridad pública. La gestión de las nuevas bases de datos está regulada por la Ley de Protección de Datos Personales (23.326)”.
“Esto no se hace sobre el vacío. Ya hay capacitaciones en marcha de lo que queremos para aplicarlo a la realidad de la provincia. Va a ser controversial como fue, en su momento, la instalación de cámaras de videovigilancia”, consideró sobre el reconocimiento facial.
Por su parte, sobre los eventuales casos de falsos positivos que se den, detalló: “Toda tecnología, sobre todo en el proceso de instalación, puede tirar un error. En Caba, la tasa (de falsos positivos) es del 4%. Quiere decir que una persona fue identificada por otra ya sea porque la carga de sus datos en el Renaper (Registro Nacional de las Personas) o en la base de datos de prófugos (Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas, Conarc) y eso no debería tener ningún impacto en las libertades de esas personas”.
“Esto no es un sistema sancionatorio. Es un sistema de policiamiento, de identificación de personas prófugas. Con el sistema de reconocimiento facial, se logra mejorar lo que, si no, tendría que hacer un policía en la esquina, mirando. Vamos a descargar la tarea policial del automatismo para dársela a un sistema de gestión de información. Aumenta las capacidades de desarrollo”, argumentó el funcionario.
Tras ello, concluyó: “Esto no es una intromisión en la vida privada de nadie, sino la posibilidad de que las capacidades de la policía se multipliquen potencialmente para mejorar y modernizar el aparato policial. No es una condena entrar en la tasa de falsos positivos. Todas las garantías para la preservación de personas inocentes están dadas dentro del sistema. Le vamos a dar una dimensión humana y democrática, profundizando la calidad de la policía. Lo que va a estar primero es la garantía de la libertad y la privacidad”(LA CAPITAL)