El Gobierno resolvió poner en evaluación las tarifas de luz y gas luego del vencimiento del artículo que facultaba al Ejecutivo para mantener las tarifas energéticas a precios accesibles, aunque en principio decidió prorrogar el congelamiento por tres meses.
A través del decreto de Necesidad y urgencia 1020/2020 publicado este jueves en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández determinó el inicio de la renegociación tarifaria integral correspondiente a las prestadoras de transporte y distribución de luz y gas.
No obstante, lo que en principio pareciera darle vía libre al aumento de tarifas en realidad puede leerse como un “triunfo” de un sector del Frente de Todos que venía planteando la necesidad de postergar cualquier tipo de ajuste. En ese sentido, el DNU otorgó en el artículo 2 un plazo de renegociación de hasta dos años y el artículo 3 le encarga al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), dos organismos controlados por figuras que responden a Cristina Fernández de Kirchner, llevar adelante la negociación.
El decreto, en tanto, aclaró en el mismo artículo 3 que “dentro del proceso de renegociación podrán preverse adecuaciones transitorias de tarifas y/o su segmentación”, aunque es seguro que en los próximos tres meses no habrá cambios porque así se lo explicitó en el artículo 11 que prorroga por ese plazo el congelamiento previsto en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación productiva que estaba a punto de vencer.
En los articulados no se le otorga ninguna facultad en el proceso de renegociación a la secretaría de Energía. Por lo tanto, serán Federico Bernal, interventor del Enargas, y María Soledad Manin, interventora del ENRE, quienes tengan a cargo esa tarea.
Vale recordar que, a fines de 2019, el Congreso aprobó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que declaró la emergencia pública tarifaria y energética, delegando al Ejecutivo facultades para “reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente de los mismos”.
De esta manera, se otorgó la facultad al Gobierno de mantener las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal e iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente. En este marco, el Ejecutivo intervino administrativamente el ENRE y el Enargas. Sin embargo, la llegada de la pandemia de coronavirus demoró los oficiales y se mantuvo el congelamiento tarifario. (DIB)