Por la comercialización de productos sin identificación hubo una evasión por 60 millones de dólares el año último
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) está detrás de una evasión millonaria en el negocio de las semillas. En septiembre último, la regional Junín del organismo a cargo de Carlos Silvani inició una investigación, que ahora se extenderá a otra zona agrícola del país, de la que se pidió reserva para no entorpecer los futuros procedimientos.
Se estima que por la venta de la llamada bolsa blanca (sin marca de origen y sin fiscalización) el año último se evadieron unos 60 millones de dólares y que ese monto fue superado en 1999, según datos de la Asociación Argentina para la Protección de Obtenciones Vegetales (Arpov).
Lógicamente, el negocio para quien compra la semilla es pagar mucho menos que en el mercado oficial y, para quien la vende, no cumplir con las obligaciones tributarias.
Arpov colaboró con la AFIP en Junín para descubrir las maniobras ilícitas. Según confirmó a La Nación el contador Gustavo Pulido, jefe de investigación y fiscalización del organismo oficial, «ya se concretaron dos allanamientos en la localidad de General Villegas por orden del juez (Alberto) Santamarina y en esta semana (por la anterior) analizamos la documentación secuestrada». Todos los nombres de las personas involucradas se mantienen en reserva por el secreto del sumario.
Pulido adelantó que tienen nuevos campos en la mira en su región (el oeste bonaerense y la provincia de La Pampa), que podrían ser allanados próximamente. En total, estarían investigados unos 20 productores que se dedicarían a producir semillas para ubicarlas en el mercado negro.
Un trabajo de Arpov muestra que el año anterior se comercializaron en todo el país más de 10 millones de bolsas de semillas de nueve productos por 187 millones de dólares. Con esa cantidad de bolsas se sembraron entre 4 y 5 millones de hectáreas, casi un 20 por ciento del total implantado en el país. Las empresas de semillas facturan unos 850 millones de dólares al año.
Soja, trigo y papas
Las principales semillas que se utilizan para el comercio de la bolsa blanca son la soja, el trigo y la papa, que concentran el 80 por ciento del total comercializado en el mercado marginal.
«En septiembre iniciamos los contactos con Arpov y comenzamos la investigación desde cómo se embolsa la semilla hasta su comercialización», sostuvo Pulido.
El funcionario explicó que están observando a productores, contratistas y distribuidores. «No es fácil probar los delitos y la evasión», agregó Pulido.
El negocio de la bolsa blanca tiene muchos años de historia y nunca se lo pudo combatir. El costo de la bolsa sin marca es muy inferior al del producto que venden las compañías tradicionales y ése el principal «cebo» para captar al cliente. Según Pulido, cuando una bolsa fiscalizada puede costar 50 pesos, en el mercado negro está a 12 pesos.
En tiempos de crisis muchos productores recurren a este tipo de maniobras para bajar el costo de la siembra, que representa un ahorro, aunque no da seguridad sobre la calidad y variedad del producto ofrecido.
Cuando lo blanco es negro
La llamada bolsa blanca, en la jerga de los productores agrícolas, no es más que la comercialización en negro de semillas embolsadas o guardadas en silo sin rótulo o estampilla, que no acreditan la calidad y el control del producto.
Este recurso es utilizado desde hace muchos años y siempre resultó difícil de controlar para los organismos de fiscalización.
De todos modos, no hay que confundir este negocio marginal con la práctica de muchos agricultores, que reservan semillas de su propia producción para sembrar en la campaña siguiente y es totalmente legal. En 1973, y por medio de la ley 20.247, nuestro país adoptó un sistema de protección para las variedades vegetales, en la que se concede a quienes desarrollan un producto la explotación exclusiva y la posibilidad de excluir a terceros de utilizarla.
La violación al régimen legal de semillas contenido en la ley 20.247 es considerado un delito penal que castiga tanto al vendedor como al comprador, por violar la ley penal tributaria, ocasionar un fraude a la buena fe del productor y al obtentor y licenciatario de las semillas registradas.
Según comentó un abogado vinculado con la actividad agropecuaria, la pena mínima para quien cometa ese delito es de 3 años de prisión(La Nación)