La posición de los galgueros fue expuesta en un encuentro a beneficio en Casilda. Las ONG proteccionistas no tardaron en reaccionar.
A poco más de dos años de la sanción de la ley que prohíbe dice La Capital las carreras de galgos en el territorio nacional son cada vez más las competencias ilegales que se hacen en distintos puntos del país exponiendo a los canes a riesgos sanitarios que hasta pueden causar su muerte.
Así al menos fue visibilizado y denunciado en Casilda por asociaciones de galgueros de distintos provincias que protagonizaron un encuentro para tratar la problemática del sector que busca, aun sin éxito, que la Justicia deje sin efecto la normativa que prohíbe la actividad a fin de ser reflotada, regulada y controlada.
Con este propósito ya llevaron adelante una serie de acciones sostenidas fundamentalmente en la presentación de recursos de amparo y ahora tienen centrada su expectativa en la Corte Supera de Justicia de la Nación que deberá resolver, evaluación mediante, el planteo de inconstitucionalidad de la cuestionada ley.
«Carreras clandestinas hay cada vez más y no las pueden parar», sostuvo, entre otras consideraciones, el abogado Carlos Pérez Galindo al exponer en la reunión de galgueros desarrollada recientemente en el Casilda Club y que tuvo como costado benéfico colaborar con dos instituciones de la ciudad, lo que generó fuertes críticas por parte de protectoras de animales locales.
Lo manifestado por el profesional que representa legalmente a la Asociación de Galgueros de Buenos Aires así como a la Asociación Civil «El Palermo de los Galgos», de la localidad cordobesa de Marcos Juárez, desnuda un preocupante problema que, sin embargo, no sorprende.
Es que los propios galgueros fueron los que advirtieron en pleno debate por la prohibición de las carreras sobre la necesidad de regular la actividad para evitar, entre otras cuestiones, situaciones de ilegalidad como las que ahora, aseguran ellos, son moneda corriente sin que nadie le ponga un freno.
Al respecto el criador casildense de galgos Hernán Luna explicó a LaCapital que «siempre velamos por el desarrollo de la actividad en un marco que priorice el bienestar de los animales a través de rigurosos controles sanitarios bajo la supervisión de veterinarios como ya se venía haciendo en canódromos habilitados de nuestra región y otros zonas del país».
Y en esa línea consideró que «lamentablemente la realidad muestra que la ley lejos de haber sido un avance fue un retroceso, por lo que creemos que lo correcto es su derogación a fin de avanzar en una legislación que regule la actividad e incluso convocar a las proteccionistas para trabajar en conjunto».
Plan A y plan B
Las asociaciones de galgueros confían en lograr su objetivo a instancias de una estrategia común que además de la pata judicial tiene otras aristas.
Si bien son optimistas en que el máximo tribunal de Justicia del país inclinará la balanza a su favor, de no ser así el plan B será recurrir a estrados internacionales para intentar «medidas precautorias» que suspendan la ley que prohíbe la carrera de galgos.
Y en caso de llegar a esa instancia ya establecieron contactos con galgueros de otros países, especialmente Estados Unidos, que, según afirmaron, comprometieron su acompañamiento e incluso apoyo económico.
Según fue consignado en una nota publicada en diario La Nación, en Argentina hay más de un millón de galgueros, dato que fue rescatado por Pérez Galindo en Casilda para dimensionar y resaltar su importancia, especialmente desde el punto de vista electoral al valerse de la supuesta cantidad de votos que podría aportar el sector multiplicando ese número por cuatro, lo que daría un total de 4 millones de sufragios.
Los galgueros «pueden definir cualquier elección presidencial y esa es una herramienta que no tenemos que descuidar», arengó en una clara señal de fortaleza dirigida al ámbito político.
Y no con menos elocuencia manifestó su convencimiento de que la prohibición de las carreras de galgos favoreció otros negocios vinculados fundamentalmente al juego de azar, especialmente los bingos bonaerenses.
«Sabemos que (en la Corte) están estudiando profundamente y analizando nuestros planteos, pero si surge una decisión en contrario, iremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», advirtió, y fundamentó esa estrategia en el hecho de que «mucha gente que hizo de la actividad galguera una profesión se quedó sin trabajo».
Asimismo, afirmó que se han visto perjudicadas «enormes inversiones que se hicieron para hacer los canódromos», y que también se afectó a «criadores o personas que compraron perros en el exterior a fin de mejorar la genética», de la raza.
En este sentido, aseguró que a nivel internacional «no pueden entender que haya pasado este disparate en Argentina», a contramano de lo que sucede en países del primer mundo como Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, Nueva Zelanda y España, entre otros lugares donde se desarrolla la actividad normalmente, ya que hay «estudios que determinaron que el animal debe correr porque si no lo hace se puede enfermar». Estas afirmaciones, de hecho, contrastan con la posición de los proteccionistas que consideran a las carreras como «una explotación» ilegal que, por tal motivo, «no puede ser regulada».
Por su parte el veterinario, Lisandro Hernández instó a trabajar «para revertir esta situación», porque «nadie va a venir a decirnos que se levanta la prohibición». El profesional defendió al mismo tiempo la necesidad de «mostrarle a la sociedad quienes somos», ya que «levantamos las banderas de la tenencia responsable y del bienestar animal».
La ley nacional 27.330, que fue sancionada el 16 de noviembre del 2016, castiga con penas de entre tres meses y cuatro años de cárcel y multas de hasta 80 mil pesos a quien realice, promueva u organice carreras de perros, de cualquier raza.