(Por Fernando Delaiti, de agencia DIB ) “Hijos de puta, me dieron”, alcanzó a decirle Carlos Chaves, el gerente del Banco Nación de Villa Ramallo a su esposa Flora Lacave, antes de que lo asesinaran. El auto en el que viajaba además el contador Carlos Santillán, era comandado por tres delincuentes que los habían tomado como rehenes y los usaban como escudo para escapar. En plena madrugada del 17 de septiembre de 1999, el Volkswagen Polo sólo alcanzó a recorrer unos pocos metros: fueron 37 segundos y recibió 48 impactos, de los 200 que se dispararon. La denominada “Masacre de Ramallo” fue un baño de realidad para el accionar de la Policía bonaerense y un golpe para el Gobierno de Eduardo Duhalde. Pero además, esa balacera sinsentido permitió descubrir un entramado mucho más perverso detrás de un botín de un banco de un pueblo.
Todo había comenzado minutos antes de los 8 de la mañana del 16 de septiembre en esa pequeña localidad agrícola ganadera de 11.000 habitantes ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires. Cuando la puerta del Banco Nación se abrió para que ingrese Fernando Vilches, cartero del correo Oca, tres hombres ingresaron armados a la sucursal. A los gritos lo tomaron de rehén junto a Chaves, Lacave, Santillán, un jefe de área de la institución, Ricardo Pasquali, y un empleado del canal de cable 4 local, Diego Serra, que pasaba por el lugar.
Los asaltantes, Martín “Tito” Saldaña, Javier Hernández y Carlos Martínez, tenían el dato de que en esa sucursal de la esquina de la avenida San Martín y la calle Sarmiento había 30 mil pesos en los mostradores y otros 100 mil en el tesoro. Todo en tiempos donde un peso era un dólar. Para eso, debía abrirse la bóveda pero la planificación falló: el tesorero, que tenía la llave, no estaba en el lugar.
Una testigo avisó a la Policía que llegó al lugar. Primero la Bonaerense, luego efectivos de la Federal, rodearon el banco. Las negociaciones duraron 20 horas y en el camino se fueron liberando algunos rehenes a cambios de concesiones. “Si atacan al banco va a morir mucha gente, estamos jugados, nos vamos con la plata o nada. A la cárcel no volvemos”, dijo uno de los maleantes que negociaba con Pablo Bressi, quien fue jefe de la Policía durante dos años del Gobierno de María Eugenia Vidal.
Las cámaras de TV rodearon la escena y todo se siguió minuto a minuto en vivo, con especulaciones, teorías y poca certeza. En el interior del banco, en tanto, los rehenes atravesaban distintos estados de ánimo. Y hasta la propia Flora Lacave confesó después que les hizo de comer.
Negociaciones truncas
Ya sin el sol como testigo, los delincuentes amenazaban ante el negociador que iban a matar a los rehenes, pero a ellos les decían que solo querían la plata e irse. Las conversaciones siguieron un tiempo más hasta que antes de las 4 de la mañana se comunicó que iban a salir. Se lo dijo uno de los criminales, Martín Saldaña, a Bressi.
Pensaron, y se equivocaron, que con las cámaras de TV transmitiendo en vivo y con tres de los rehenes en el auto, nada podía salir mal. A esa altura, la zona estaba sin luz, los celulares policiales atravesados en la calle y los francotiradores en posición de tiro.
Los tres se subieron al Polo verde de Chaves, con él, su esposa y el contador. Seis personas en total, aunque tres de ellas cumplirían la suerte de escudos humanos. Manejaba el gerente con un explosivo atado al cuello. Al lado estaba Santillán, sentado sobre las piernas de uno de los ladrones, y en el asiento trasero, en medio de otros dos malvivientes, iba Lacave.
El auto, en su breve recorrido de menos de 100 metros, recibió 48 impactos de las 200 balas que se dispararon. La última detonación se escuchó a las 4.08 de la fresca madrugada. Las balas mataron a Chaves, a Santillán y al secuestrador Javier Hernández.
Según el relato de Lacave ante la Justicia, los asaltantes habían colocado dentro de un bolso una escopeta recortada y un handy, que se descubrió usaron para mantener conversaciones paralelas durante la toma y por donde algunos efectivos les dieron garantías de que se fuguen sin riesgos. Tiempo después, una secuencia de fotos tomada por Página/12 e incorporada al expediente mostró a un policía corriendo con ese bolso que sacó del baúl del auto e hizo desaparecer. A partir de allí se empezó a desentrañar la complicidad de la banda con una parte de la fuerza.
Las condenas
A Martínez lo hirieron en un brazo. Lo condenaron en 2002 a 24 años de cárcel pero gracias a “la magia del 2 x 1” recuperó antes su libertad. Sin embargo, se mató en 2012 tras un accidente en moto en las calles de San Nicolás. Saldaña, que llevaba chaleco al momento de la fuga y no recibió ningún disparo, lo “ayudaron” a suicidarse en su celda al día siguiente de ser detenido. Se comprobó que recibió un curioso golpe en la cabeza, previo a aparecer colgado.
También fueron sentenciados en el juicio de 2002 varios acusados de participar aportando datos, armas y distintos elementos: el policía Aldo Cabral y el soldado Jorge Aguilar recibieron penas de 17 y 15 años de prisión. La hermana de Saldaña fue condenada a cumplir 14 años mientras que Fabricio Céspedes, Oscar Mendoza y la remisera Silvia Vega recibieron 13 años.
En 2004, en otro juicio, siete de los ocho policías acusados por la denominada “Masacre de Ramallo” recibieron penas de entre 2 y 20 años de prisión. La más alta recayó sobre Oscar Parodi, en ese entonces ya exsuboficial principal de la Policía bonaerense: la Justicia lo encontró culpable del “homicidio simple” de Chaves. Los peritajes determinaron que había disparado con un fusil FAL. El entonces exsargento Ramón Leyva fue condenado a 18 años de cárcel: se acreditó que, también con un fusil FAL, había matado al contador Santillán. Los otros condenados habían participado de la balacera o no habían preservado pruebas en el lugar.
Paralelamente comenzó un reclamo indemnizatorio, que se extendió 25 años. En marzo de 2024, la Corte Suprema condenó al Gobierno bonaerense a pagar más de $ 500 millones a Lacave y sus cuatro hijos por daño material, daño moral y gastos por tratamientos psicológicos y psiquiátricos. También se indemnizó a Liliana María Perret, esposa de Santillán, y a sus dos hijos.
Más allá de las condenas, lo que provocó la masacre fue la eclosión de un sistema corrupto. Además de generar que se cambiaran en el país los protocolos ante una toma de rehenes, el caso provocó la renuncia del ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, Osvaldo Lorenzo, tras 45 días en el cargo, y el por entonces gobernador Duhalde, que aspiraba a llegar a la Casa Rosada en 2001, disolvió el Grupo Especial de Operaciones (GEO).
“Puedo decir que estuve más segura adentro del banco, con los ladrones, que afuera, con los policías”, dijo tiempo después Lacave en una entrevista. Una síntesis del accionar de una fuerza que se disparó al corazón de su credibilidad. (DIB)