Según se comunicó oficialmente, se abordó “la situación general de la Provincia y del sistema eléctrico en particular” y la “la Ley de emergencia tarifaria que se está debatiendo en la legislatura” y que habilita al Gobierno a renegociar contratos de concesión. También se analizó “la suspensión del aumento tarifario que debía entrar en vigencia los primeros días del año próximo”.
Siempre según el Gobierno, las empresas manifestaron su voluntad de “colaborar y acompañar al nuevo gobierno” y se acordó “trabajar en conjunto con los equipos técnicos de las empresas y del gobierno provincial para estudiar los avances de las inversiones, los indicadores de calidad del servicio y la necesidad de alcanzar una tarifa justa que pueda ser afrontada por las y los bonaerenses, garantizando los niveles de inversión que requiere el sistema”.
Esa voluntad de se traduciría, según pudo reconstruir INFOCIELO, en la aceptación del congelamiento tarifario que regirá por 180 días y que está previsto en la emergencia. Pagano también hizo algunas solicitudes que serán evaluadas por las autoridades pero que en principio no condicionarían el acuerdo.
Las distribuidoras privadas son posiblemente el polo de oposición más fuerte a la política tarifaria que buscará implementar Kicillof, pero no son el único eslabón. Hay, además, cerca de 200 cooperativas que funcionan en el territorio Provincial y que vienen reclamando desde hace varios años políticas específicas, frente al trato igualitario respecto de las grandes distribuidoras que les ofrece el Estado.
En concreto, consideran que la Revisión Tarifaria Integral que llevó a cabo la administración Vidal se pensó “a medida” de las distribuidoras y dejó al vasto espectro de cooperativas en posición desventajosa fundamentalmente frente a los incrementos en los costos de la energía. La embestida de Cambiemos fue por partida doble: también les impidió cobrar junto a la factura de luz servicios que prestan a las municipalidades, afectando la cobrabilidad.(Infocielo)