El puso en marcha un acuerdo con empresas de consumo masivo, cámaras mayoristas y supermercados para mantener congelado el precio de 1.500 productos por cuatro meses, que llega con una doble novedad: no sólo el control, que podrán hacer los usuarios con una app sino la fiscalización de los intendentes, que se quedarán con parte de las multas que se le labren a las compañías incumplidoras.
Junto con el acuerdo de congelamiento mediante el plan Precios Justos, este viernes se publicó una resolución que apunta a controlar que las empresas mantengan los valores de sus productos hasta marzo, con ayuda de los municipios. La resolución 75/2022 de la Secretaría de Comercio indica que los jefes comunales que se sumen al control, se llevarán una comisión del 25% de las multas que se apliquen.
Para corroborar el cumplimiento de los acuerdos, la Secretaría de Comercio firmará convenios con cada municipio del país que pretenda colaborar. De esa manera, se asegura tener mayor capilaridad para hacer el seguimiento de precios y “amplía la dotación de fiscalizadores” en todo el país.
La Secretaría dará a las intendencias las pautas técnicas y las capacitaciones necesarias para la realización de las inspecciones y luego el proceso de sanción se realizará a través de los mecanismos habituales que lleva adelante la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores. A cambio de la fiscalización, “transferirá mensualmente, computando los ingresos percibidos del primero al último día de cada mes, en concepto de retribución por los gastos operativos que genere la ejecución del presente convenio, el monto equivalente al 25% nominal de cada multa, firme y consentida, que efectivamente perciba la Secretaría en sede administrativa a través de la plataforma eRecauda”, dice el acuerdo que deberán firmar entre las partes.
El Gobierno también podrá a disposición una aplicación para sistemas operativos en Android e IOS mediante la que el usuario podrá realizar un seguimiento de los productos. Según se especificó, la app permite escanear el código de barras de un producto y saber si está dentro del acuerdo. También conocer el listado de productos incluidos en el programa, precios, y denunciar los incumplimientos. (DIB)