El pedido fue presentado por el abogado Gustavo Feldman, que patrocina al Grupo Grassi, y considera que Lorenzini es pasible de ser destituido por su actuación en el concurso preventivo, que viene siendo cuestionada por los acreedores.
Feldman presentó el escrito pidiendo que Lorenzini sea apartado de su cargo por “ignorancia manifiesta del derecho o carencia de alguna otra aptitud esencial para el ejercicio de la función judicial, reiteradamente demostrada”, e «incumplimiento reiterado de las obligaciones del cargo impuestas por la Constitución”.
Para Feldman, “las resoluciones groseramente desajustadas a derecho» que le adjudica a Lorenzini son la manifestación «del proceder metódico y sistemático que el denunciado ha tenido siempre para con la concursada, en beneficio concreto de determinadas personas físicas».
En ese sentido, consideró luego que el magistrado dejó en evidencia «no solamente un desapego a las normas vigentes, sino también de ausencia de imparcialidad que debe primar sobre todo magistrado”.
Los cargos
Feldman le reprocha a Lorenzini haber declarado la apertura del concurso «a pesar de que el deudor en su presentación no detalló sus activos al omitir denunciar a su grupo económico y no tuvo en cuenta la falta de presentación del último balance».
También le endilga no haber tomado «ninguna medida, ni siquiera precautoria, sobre la transferencia simulada del 16,67% de las acciones de Renova a favor de Renaisco, del grupo Viterra-Glencore, ocurrida dos días antes de declararse en cesación de pagos».
Propuesta concursal manifiestamente abusiva
Otro de los puntos que le imputa es haber permitido «que se vote una propuesta concursal manifiestamente abusiva respecto al tiempo de pago y la quita que sufrirán los acreedores, y sin que se encuentren a disposición de estos todos los elementos para conocer los alcances de la misma».
También recordó que «ante el decreto de intervención dictado por el Gobierno nacional (Lorenzini) reinstauró inmediatamente en la administración a los mismos directores que defaultearon a la empresa y que se encontraban sospechados de comisión de delitos de estafa».
Todos los delitos
“Mientras los tribunales penales de Rosario colectan pruebas y, prima facie, tienen por perpetrados delitos de administración fraudulenta, estafa, balances falsos y desobediencia judicial por parte de los directivos de la concursada, el juzgado concursal de Reconquista hace como si nada de esto pasara”, añadió.
Feldman concluyó que «permitir que el juez Lorenzini continúe con este accionar pone al Poder judicial de Santa a tiro de la intervención federal», y solicitó que se lo suspenda.
Definición
Respecto de la empresa Vicentin, la Corte Suprema deberá decidir el martes próximo si sigue en marcha el proceso de avocamiento que inició su titular, el juez Rafael Gutiérrez, o si el concurso de acreedores retorna al juzgado de Lorenzini. (InfoGEI)