El fiscal federal Fernando Gélvez pidió la elevación a juicio oral y público de la histórica Causa 500, que investigó múltiples violaciones a los Derechos Humanos en la Unidad 6 de Rawson. Es el expediente más extenso y complejo sobre un caso de lesa humanidad en la provincia de Chubut.
En esa cárcel estuvo detenido el ahora secretario del Bloque de Unidad Ciudadana-PJ, el colonense Ricardo Raineri.
En un reportaje realizado señaló: En la cárcel de Rawson no convenía ser el séptimo hombre en llegar al baño. Los guardias no permitían a más de 6 presos en el lugar y si alguno se atrevía, era castigado de inmediato, con un encierro o algo más grave. Nadie quería ser “el lobizón”, como la jerga carcelaria llamaba al distraído de turno. “Para esas sanciones no había posibilidad de apelación ni descargo alguno. Me tocó tener que ir corriendo desnudo al baño, entre patadas”
Cayó preso en Rosario en marzo del ´75, en medio de un operativo de detenciones. Era delegado gremial en una fábrica de tractores, en Granadero Baigorria. Conoció los penales de Coronda y Devoto. Llegó a Chubut en avión, encadenado al piso. Lo habían despedido con unos cuantos golpes. El operativo se llamó «Serpiente Roja» por el Río Paraná.
Luego del golpe del 76, en la U-6 chubutense ya no pudieron leer Jornada ni escuchar LU 20. Sólo la Biblia, excepto la Latinoamericana. Empezó la peor versión de la represión con duchas heladas de madrugada. “Los compañeros se desmayaban y los arrastraban a sus celdas”. Los castigos eran por cualquier cosa. Recordó una protesta masiva de gritos y jarras contra los barrotes para frenar una tortura. “Estaban matando a un muchacho. Los viejos de la ciudad deben recordar porque que nos escuchen en el pueblo era la única forma de manifestar lo que sucedía dentro”.
Aunque no tuvo trato con Amaya y Solari, Raineri sí los vio caminando juntos en el patio, de recreo. Debían mirar al piso. “El comentario general era cómo lo obligaban a correr a Amaya pese a su asma y sus problemas cardíacos; tampoco le daban medicamentos”.
En el penal había órdenes contradictorias entre los turnos de guardia y los internos quedaban en el medio. “A veces no sabíamos qué orden seguir”, admitió Raineri. “Con las visitas no había ninguna posibilidad de contacto porque había un vidrio de por medio”.
El testigo recordó un menú de cordero duro, escaso, y sopa con una capa de grasa de hasta 5 centímetros. Hubo desagües de la U-6 que se taparon por ese brebaje. Raineri comió mejor hasta en la prisión de Coronda, que tenía granja propia. “En Rawson éramos rehenes de lo que pudiera pasar”, sintetizó.
A la Enfermería trataban de no ir. “Es que ahí uno se arriesgaba a estar solo y sin posibilidad de defensa si entraba la patota carcelaria”. Culpa de las chinches, dormir era un logro. “Y en cada requisa te tiraban la celda abajo, eran peor que un allanamiento”, comparó ante el tribunal
El Juicio
Un extenso y completo informe del periodista Rolando Tobarez, publicado en el diario Jornada de la provincia de Chubut, da cuenta que los imputados en la causa son 24 ex agentes del Servicio Penitenciario Federal, un médico y un efectivo del Ejército retirado.
Estos imputados están procesados en la causa por “privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público y mediando violencia, y amenazas y torturas agravadas por ser las víctimas perseguidos políticos”. El médico está acusado de encubrimiento.
La tortura permanente
En un texto de más de 1.600 páginas, al explicar la represión ilegal en la U-6, Gélvez precisó que la mayoría de los presos políticos llegó de cárceles como Resistencia, La Plata, Córdoba o Bahía Blanca. Otros pasaron por centros de represión y tortura, como el Regimiento de Infantería Nº 8, General Bernardo O’ Higgins (RI8). También por delegaciones de la Policía Federal.
Los detenidos que llegaban a la Base Aeronaval Almirante Zar fueron castigados severamente con puñetazos, patadas y culatazos en pleno vuelo, encapuchados y con las manos atadas. En la Base los subían a camiones a trompadas.
Período de adaptación
La requisa volvía a golpearlos salvajemente, les sacaba sus pertenencias, en ocasiones se los rapaba e iban a celdas de aislamiento (en la jerga carcelaria, “chanchos”) para un “período de adaptación” de hasta un mes. Las celdas eran de dos metros cuadrados para diez personas. Casi sin luz, no tenían higiene ni abrigo. Tenían una mínima ración alimenticia aunque pasaban días sin comer.
El preso estaba incomunicado. Rara vez podía ir al baño: hacía sus necesidades en ese espacio. Eran insultados, amenazados y golpeados. En noches bajo cero los desnudaban y les echaban baldes de agua fría en la celda. Ya “adaptados”, iban a pabellones.
Tortura psicológica
Desde 1976 el régimen se basó en la destrucción física y psíquica, para “despersonalizar” a los presos. En 1977 cambió la Dirección del penal y se recrudeció la tortura psicológica: maltratos, empujones y trompadas, palos de goma o de madera, culatas y puntapiés en los pasillos, el baño y el recreo.
Había requisas vejatorias; baños prolongados con agua helada en invierno varias veces al día y a cualquier hora; escasa o nula alimentación y negación de atención médica. Al menos dos internos murieron. Un golpe frecuente era el “teléfono”: aplastar los oídos y el cráneo entre las palmas de las manos.
Endurecimiento
Hasta 1980 se instauró un régimen de amenazas, violencia física, amedrentamiento, simulacros de ataques al penal con disparos de madrugada; incomunicación con el exterior y limitada entre los compañeros; o visitas muy esporádicas, vidrio de por medio, comunicación por micrófono y grabación de las conversaciones.
Las reglas
Según la pesquisa de Gélvez, el régimen los sometió a más de 200 órdenes: formas de atarse los zapatos; prohibición de compartir pertenencias, o un mate; forma de hacer la cama y de sentarse; prohibición de levantar la mirada y de mirar por las ventanas; tiempo para afeitarse, entre muchas otras. Las reglas cambiaban según la guardia.
Solían inmovilizar al preso: le colocaban en la cara un trapo o algodón con cloroformo y lo arrastraban a “los chanchos”. Volvía en estado deplorable, con llagas y tan débil que no podía levantarse, visiblemente golpeados, habiendo bajado más de veinte kilos, con alucinaciones y serias dificultades motrices. Eran sometidos a interrogatorios. “Cuando los sacaban de sus celdas, vendados y esposados, los detenidos sufrían la angustiante incertidumbre de no saber su destino final: un interrogatorio, ´los chanchos´, un centro clandestino o la muerte”.
Degradación humana
“Perdían la autovaloración y el sentido de las relaciones con sus compañeros; se iban quebrando emocionalmente por vivir en un estado de terror y amenaza constante a su integridad psicofísica. Al menos tres reclusos se suicidaron”, explicó Gélvez.
Los detenidos y sus familiares denunciaron estos episodios al juez federal Omar Garzonio, quien visitaba el penal, y a otros magistrados. Las presentaciones fueron rechazadas o ignoradas.
Los imputados
La lista de imputados en la causa, incluye a Héctor Gamen, preso en Marcos Paz y retirado del Ejército. Los penitenciarios jubilados son Ricardo Mejías, Héctor Cantero (martillero público), Juan Castillo, Guido Díaz y Antonio Bienvenido Olmedo.
También César Wahnish, Jorge Osvaldo Steding, Ramón Govi, Miguel Ojeda, Juan Roldán y Serapio Sotelo.
La lista sigue con Rogelio Nicanor Recio, Tomás Núñez, Juan Carlos Abraham, José Roberto Chaparro y José de la Cruz Molina, de Resistencia y voluntario de Caritas.
Otros imputados son José Antonio Casanova, Ramón Aníbal Rodríguez, Julio Orlando Acevedo, Jorge Bernardo Vicente, Cipriano González, Ramón de Jesús Sosa y Rafael Ruiz Díaz. Todos son vecinos de Rawson. Emilio Dambra, otro acusado, vive en Esquel. El último imputado es Raúl Barck. Es médico y vive en Jerusalén. ( Datos InfoGEI)