El Estado argentino deberá responder al planteo de Papaleo en el plazo máximo de los próximos cuatro meses, es decir dentro del actual período presidencial que encabeza Alberto Fernández. La nota de la CIDH, dirigida al canciller, Santiago Cafiero, emplaza al Estado argentino a dar una respuesta a la presentación de Lidia Papaleo, patrocinada por el abogado Héctor Jorge Rodríguez.
En junio de 2018, Lidia Papaleo, viuda del banquero David Graiver, había denunciado ante la CIDH presiones y violaciones a los derechos humanos para el traspaso accionario de la empresa después de que la Corte Suprema dejara firme el sobreseimiento para todos los imputados y descartara la comisión de delitos, señala el artículo del periodista Néstor Espósito publicado en Tiempo Argentino.
Como se recordará, el traspaso de las acciones de Papel Prensa, hacia los diarios Clarín, La Nación, La Razón, más el Estado Nacional, se produjo en circunstancias que toda la familia del banquero platense David Graiver, incluida su esposa y su pequeña hija de dos años, se encontraba secuestrada por la Dictadura, en el Centro Clandestino de Detención, conocido como el Pozo de Banfield, desde donde se trasladó a Lidia Papaleo hasta las oficinas del Diario La Nación, donde según su propio relato ante la Justicia, fue presionada por Héctor Magnetto para que firme el traspaso de acciones.
El pedido de la CIDH
El texto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos enviado al Canciller Cafiero señala: “Solicito respetuosamente al Gobierno de Su Excelencia tenga a bien presentar una respuesta a la petición dentro del plazo de tres meses, prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de cuatro meses. Se advierte la imposibilidad de otorgar solicitudes de prórrogas que excedan el plazo arriba indicado”, señala el documento, firmado por el secretario ejecutivo adjunto de la CIDH, Jorge Meza.
Cadena de sobreseimientos
En diciembre de 2016, el juez Julián Ercolini sobreseyó a los imputados por las presiones: Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Raymundo Podestá y Guillermo Gainza Paz. Todos estaban imputados por la presunta transferencia irregular de Papel Prensa, la empresa monopólica en la fabricación del papel para medios de comunicación gráficos al conglomerado empresario liderado por Clarín y La Nación.
Impunidad para los civiles
“A partir de una pretendida investigación que lleva casi siete años, en 138 páginas plagadas de datos producto del recurso del copiado y pegado (…) Se ha realizado una construcción muy minuciosa, pretendiendo que se reconoce la gravedad del manejo genocida que efectuaron los miembros del régimen militar instaurado en 1976, pero en modo alguno se acepta que ese régimen asesino y corrupto nunca pudo funcionar en plenitud, si no hubiera sido por la intervención y colaboración de civiles y de miembros de la cúpula eclesiástica”, señaló Papaleo en su apelación.
Aquí no pasó nada
La nota enviada por el organismo internacional que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), parece invitar a las partes a solucionar el diferendo en la causa Papel Prensa por vías extrajudiciales: “en cualquier etapa del examen de una petición o caso, por iniciativa propia o a solicitud de las partes, la CIDH se pondrá a disposición de la parte peticionaria y el Estado, a fin de llegar a una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana, la Declaración Americana u otros instrumentos aplicables”, finaliza diciendo. (InfoGEI)