El ejecutivo local de Pergamino comenzó a repartir agua potable segura en algunos puntos del distrito, en compañía de la Policía Federal, con la idea de garantizar un suministro seguro
La decisión llegó gracias a una medida cautelar del juzgado n° 2 de San Nicolás a cargo de Villafuerte Ruzo que hizo extensiva la prohibición de pulverizaciones y fumigaciones y fijó un límite restrictivo y de exclusión de 1095 metros para las aplicaciones terrestres y de 3000 metros para las aéreas y ordenó un suministro de agua segura.
Las medidas comprenden el «no uso de plaguicidas, herbicidas, insecticidas, agroquímicos, productos fitosanitarios, fungicidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos, mediante fumigaciones terrestres (mosquito, mochila, aspersores) o aéreas, como glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo; así como también respecto de los siguientes plaguicidas: Atrazina, Triticonazol, Metolaclor, Acetoclor, Clorpirifos, Glifosato, Imidacloprid, Desetil, 2.4D; y de los siguientes formulados comerciales Roundup Full II, Roundup MAX II, Roundup Ultramax; en zonas urbanas y periurbanas libres del uso de agrotóxicos».
Ante esta realidad, el fiscal Matías Di Lello propuso una serie de medidas en el marco del expediente en el que se prohibió fumigar en Pergamino y zonas urbanas cercanas, luego de que se conocieran estudios de genotoxicidad que determinaron la “presencia de daño genético en los organismos de las personas”.
Entre las diligencias se destaca la producción de un informe con carácter urgente, por parte de la autoridad de aplicación de la Ley 27279, “respecto de la situación real” de la región “en cuanto al cumplimiento de lo estipulado en dicha ley”.
El escrito presentado ante el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás reparó también en un artículo periodístico que recoge los resultados de un estudio sobre los peligros del glifosato, a cargo de Rafael Lajmanovich -profesor titular de la Cátedra de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral e investigador del Conicet-. “En función de la relevancia que dicho trabajo de investigación científica podría guardar en el marco de estas actuaciones, constituyendo información posiblemente determinante y a ser tenida en cuenta oportunamente, es que esta representación del Ministerio Público Fiscal solicita que se le reciba declaración testimonial al mencionado científico”, propuso Di Lello.(LA TECLA)