La Cámara Federal de Rosario, confirmó la competencia federal del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás en la causa penal que se investiga el delito de contaminación ambiental por el uso de agrotóxicos en la agricultura industrial en el Partido de Pergamino, rechazando el planteo de nulidad realizado por la Municipalidad de Pergamino.
La causa judicial
El Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, en línea con lo postulado por la Fiscalía Federal de esa jurisdicción y dos querellas, prohibió la fumigación en Pergamino y zonas urbanas al fijar un límite “restrictivo y de exclusión” de 1095 metros para aplicaciones terrestres y de 3 mil para las aéreas. Fue luego de que se conocieran estudios de genotoxicidad incorporados a una causa en la que se investigan infracciones a la Ley de Residuos Peligrosos y envenenamiento de aguas potables, que determinaron la “presencia de daño genético en los organismos de las personas”, según se indicó en la resolución.
El juez Carlos Villafuerte Ruzo compartió los argumentos del fiscal Matías Di Lello y las querellas. El fallo dispone el “no uso de plaguicidas, herbicidas, insecticidas, agroquímicos, productos fitosanitarios, fungicidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos, mediante fumigaciones terrestres (mosquito, mochila, aspersores) o aéreas, como glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo; así como también respecto de los siguientes plaguicidas: Atrazina, Triticonazol, Metolaclor, Acetoclor, Clorpirifos, Glifosato, Imidacloprid, Desetil, 2.4D; y de los siguientes formulados comerciales ROUNDUP FULL II, ROUNDUP MAX II, ROUDUP ULTRAMAX; en zonas urbanas y periurbanas”. Además, se ordenó suspender provisionalmente las autorizaciones de aplicaciones para futuras fumigaciones y/o pulverizaciones.
Las distancias
Las distancias para la prohibición fueron tomadas en función de un estudio elaborado por el Grupo de Investigación GeMA -Genética y Mutagénesis Ambiental- del Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, a cargo de la doctora Delia Aiassa, focalizado en Marcos Juárez, Córdoba-. Allí se considera “la pulverización por vía aérea como extremadamente peligrosa atento que la extensión de la exposición resulta más alta y continua”. Por ese motivo, el juzgado calificó como “trascendente” que ese grupo de profesionales “realice un estudio de campo, tal como se ordenó en autos, de niños residentes en el municipio de Pergamino, ya sea en los barrios aludidos o en otros a elección de los expertos, tal como resultara relevante el realizado en las muestras de células de la mucosa bucal de niños residentes de la localidad de Dique Chico, provincia de Córdoba”.
Pedido a Colón
El fiscal federal de San Nicolás, Matías Di Lello, le solicitó a seis municipios del norte bonaerense que elaboren informes sobre prácticas relacionadas a la aplicación de agroquímicos y la utilización de productos fitosanitarios, producto del antecedente de agua contaminada en Pergamino.
La requisitoria de Di Lello alcanza a Javier Olaeta (Arrecifes), Javier Iguacel (Capitán Sarmiento), Cecilio Salazar (San Pedro), Gustavo Perie (Ramallo) e Ismael Passaglia (San Nicolás), todos de Juntos por el Cambio. Ricardo Casi (Colón) es el único del Frente de Todos que deberá emitir un informe.
Además, la Autoridad del Agua tomó muestras en 16 puntos diferentes de la ciudad de Pergamino, tanto en pozos como en tanques y canillas y detectó que la presencia de arsénico oscila entre los 50 y los 89 microgramos. Según el Código Alimentario Argentino, el máximo permitido son 10 microgramos por litro.
En ese marco, Di Lello les pidió a los jefes comunales que elaboren informes que den cuenta si existen zonas de exclusión para preservar la integridad de las personas que viven en zonas linderas a en donde se realiza de manera regular la aplicación de pesticidas.
También consideró pertinente la solicitud de informes porque, producto de la cantidad de agroquímicos registrados en el agua, se registró una importante cantidad de pacientes con glifosato en sangre y afecciones respiratorias y en la dermis, entre otras.
La requisitoria del fiscal de San Nicolás apunta, además, a saber si existen políticas públicas que regulan la utilización de productos fitosanitarios y cómo funcionan, teniendo en cuenta las zonas periurbanas y si las aplicaciones son aéreas o manuales