Pablo Parenti: “Estamos buscando desaparecidos con vida y la forma de investigar es distinta”

Estamos buscando unas 300 personas en un universo de aproximadamente 4 millones de personas que fueron inscriptas como hijas biológicas o adoptadas durante la dictadura. O sea, buscamos en un universo enorme. Y en ese universo enorme hubo muchas inscripciones irregulares y muchas personas que fueron inscriptas como hijas biológicas pero que no son hijas de desaparecidos”, describe el fiscal general Pablo Parenti la tarea que desarrolla la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños y Niñas (UFICANTE) durante el Terrorismo de Estado, que encabeza desde su creación hace once años.

A propósito de los 40 años de democracia y del Día Internacional de los Derechos Humanos, el fiscal general analiza la evolución de la búsqueda de los niños y las niñas apropiadas y los desafíos que se abren ante cada caso investigado. La búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo, los principales fallos judiciales, las reformas legislativas, el Banco Nacional de Datos Genéticos y las estrategias que se dio el MPF para buscar a las y los desaparecidos con vida son los principales puntos de una entrevista.

– En estos 40 años, ¿Cuáles hitos marcaría en la búsqueda de los nietos y de las nietas?
– La búsqueda comienza en plena dictadura. Empiezan a reunirse familiares, que buscaban no solo a sus hijos e hijas desaparecidos, sino que buscaban nietos y nietas. Y ahí se forma la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Creo que el hecho de que las primeras medidas que se toman en la democracia tengan que ver con esto, justamente se relaciona con esa lucha que empezó en plena dictadura. Eso explica que ya en 1984 empieza a funcionar en Argentina un Banco Nacional de Datos Genéticos, que es pionero en el mundo en varios sentidos: en la búsqueda que realiza, pero además en las herramientas científicas que utiliza. Herramientas que también tienen que ver con la actividad de Abuelas de Plaza de Mayo, porque en aquellos momentos la ciencia no tenía herramientas desarrolladas para vincular científicamente a un nieto o nieta con abuelos y abuelas cuando faltaban los padres y las madres. La ciencia en el mundo se desarrolla también gracias a la inquietud que planteó Abuelas de Plaza de Mayo. En eso hay que reconocer el trabajo de, por ejemplo, un genetista argentino, Víctor Penchaszadeh, que vivía en Estados Unidos, que trabajó junto a Abuelas. También de la genetista Mary Claire King, que hace poco estuvo en el país recorriendo en las instalaciones del exESMA y la Casa por la Identidad. Fueron personas sumamente importantes en esta historia porque investigaron cómo dar respuesta científica a esta inquietud y eso generó lo que se conoció como “índice de abuelidad”. Esa primera herramienta se basaba en el antígeno de histocompatibilidad, HLA, y permitía establecer un vínculo biológico en aquel momento. Diría que el primer hito en democracia, tributario de la lucha anterior, es la creación de un Banco Nacional de Datos Genéticos en 1984 en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, luego creado por ley en el año 1987. Trabaja con parámetros científicos de primer nivel y se actualiza constantemente. Después llegaron los desarrollos de la genética, que al día de hoy tiene avances significativos. El segundo hito muy importante es la creación de la CONADI [Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad] en los años ‘90, una época en donde había impunidad, estaban frenados los juicios. Sin embargo, la búsqueda de los nietos y nietas seguía adelante. La CONADI se crea en el ámbito del Poder Ejecutivo y es muy importante porque su creación coincide de alguna manera con la mayoría de edad de las personas que se buscaban. En los primeros años se buscaban niños y niñas, que eran muy pequeños todavía. Cuando empiezan a ser mayores de edad, se abre otra vía muy importante para la búsqueda, que es la posibilidad de que voluntariamente una persona adulta y mayor edad concurra para hacerse un análisis genético. Esta labor empieza con la CONADI y con el cambio de la normativa que permite que las personas voluntariamente, sin ninguna intervención judicial, se hagan el cotejo genético para ver si son hijos o hijas de desaparecidos.

– ¿Qué particularidades tuvo la búsqueda en los primeros años posteriores a la dictadura?

– En los primeros años era difícil la búsqueda y la resolución de los casos. Por un lado, porque había menos información; por otro lado, porque se buscaban niños muy chicos, muy pequeños. El cotejo debía hacerse sí o sí por orden judicial. Y una vez incluso localizado un niño o niña se planteaba la cuestión de con qué familia iba a permanecer. Y esto fue una discusión. De hecho, hubo programas de televisión donde esto se polemizó de una manera bastante cruel. La Corte Suprema sacó un fallo muy importante, en 1987, en el caso “Scacheri”, donde justamente resolvió que la víctima debía volver con la familia biológica. Eran años muy difíciles. Estaba todo el contexto de juzgamiento de los hechos, las leyes de impunidad, hasta dónde los procesos iban a continuar. Y cómo continuar con esta búsqueda, incluso con la independencia de la suerte de los procesos penales en general. La búsqueda de los nietos y nietas fue algo que se pudo sostener, incluso en los años de impunidad.

– En los ‘90 luego se inicia la causa por el plan sistemático de apropiación de niños y de niñas, que devuelve a la cárcel a miembros de la junta militar…
– El juicio de plan sistemático fue muy importante en varios aspectos. Junto con el del Plan Cóndor fue uno de los juicios que se pudieron abrir en la etapa de impunidad, cuando todavía las leyes de Obediencia Debida y Punto final estaban vigentes. Justamente porque el delito de apropiación de niños y niñas no estaba amparado por estas leyes. En segundo lugar, fue muy importante para probar, judicialmente, que hubo una práctica generalizada y sistemática de apropiación de niños en la Argentina, cosa que no se había podido probar en el juicio de las juntas. En 1985 había mucho menos información, muchos menos casos resueltos. En el juicio entraron siete casos de apropiación de niños; solo se tuvieron por probados dos, que para la Cámara Federal no fueron suficientes como para demostrar que esto había sido una práctica regular, que integraba el plan sistemático de represión. Se pudo demostrar años después, en una sentencia que se emitió en el 2012, donde se relata toda la práctica de apropiación en el país, los mecanismos, la utilización de recursos estatales, la garantía de impunidad que tenían los apropiadores. Toda una serie de elementos que solo se pueden explicar si esto era una práctica generalizada y sistemática, y avalada por las máximas autoridades.

– Desde la vuelta de democracia hasta hoy se fueron resolviendo un montón de casos de apropiación de niños. Este mayor conocimiento sobre los hechos, sobre las mecánicas o las prácticas, permitió ir construyendo justamente la idea de que hubo una práctica generalizada o sistemática, avalada de las máximas autoridades, y no delitos cometidos por iniciativas individuales de un represor que estaba en el centro clandestino y se llevaba un bebé por las suyas. Se establecieron maternidades clandestinas, hubo garantía de impunidad. Es decir, hubo un montón de elementos que ya demuestran la práctica sistemática y se fueron demostrando en causas individuales. Cuando se llegó al año 2012, a la sentencia del plan sistemático, ya había muchísimos casos resueltos que permitían justamente esta constatación. En ese juicio se abordó una cantidad de casos importantes y que permitió el tribunal, en una mirada general de varios lugares del país, considerando varios centros clandestinos y muchos casos, afirmar judicialmente que sí, que hubo una práctica sistemática generalizada, cosa que no se había podido demostrar en el año ‘85 en el juicio a las juntas.

 – ¿Cuáles fueron los fallos judiciales que fueron señalando el camino en la búsqueda de los niños y las niñas apropiadas?

– A nivel judicial y de la jurisprudencia hubo ciertos hitos que se podrían destacar. Primero, un fallo en el 2003, que fue una dificultad para la búsqueda porque fue el caso conocido como “Evelyn Vázquez”, que era el nombre que tenía por su familia apropiadora, que fue una mujer que resistió a la orden judicial de extraer muestras de sangre contra su voluntad porque entendía que era aportar una prueba en contra de la familia que la había criado. En ese momento tampoco había un marco normativo muy claro al respecto. La Corte en el 2003 dictó un fallo rechazando la medida judicial contra la voluntad de la presunta víctima. Tiempo después, en 2007, dictó dos fallos que también fueron importantes: “Prieto I” y “Prieto II”. En el primero volvió a decir que no se podía contra la voluntad extraer muestras de sangre, pero en “Prieto II” dijo que sí se podían secuestrar elementos que contuvieran información genética, lo que llamamos medios alternativos de recolección de ADN: cepillo de dientes o ropa utilizada por la presunta víctima. De todos modos, en 2009 hubo un acuerdo de solución amistosa entre Abuelas de Plaza de Mayo y el Estado argentino, en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde el Estado se comprometió a dictar una normativa clara sobre la búsqueda y así fue que se introdujo el artículo 218 bis del Código Procesal Penal de la Nación, que establece la forma de recolectar el ADN con consentimiento de la presunta víctima o sin consentimiento, o sea que hoy en día eso está claro y está zanjado. Una norma similar se establece en el nuevo Código Procesal Penal Federal.

«En los primeros años se buscaban niños y niñas, que eran muy pequeños todavía. Cuando empiezan a ser mayores de edad, se abre otra vía muy importante para la búsqueda, que es la posibilidad de que voluntariamente una persona adulta y mayor edad concurra para hacerse un análisis genético».

 – ¿Cómo se trabaja hoy en la incorporación de muestras al Banco Nacional de Datos Genéticos?

– Parte de la tarea que se realiza desde que se creó el Banco de Datos Genéticos es incorporar muestras biológicas de las familias de desaparecidos para tener justamente un mapa genético que permita encontrar el nieto o la nieta que se busca. Algunos de los grupos familiares que están en el banco tienen muchísimas muestras; otros, menos, porque había menos familiares, porque no se los pudo ubicar o porque había una familia más chica, o fallecieron. Todavía sigue siendo una tarea muy importante la búsqueda de material genético para completar los grupos familiares de las familias de desaparecidos. Hace dos o tres años que estamos realizando un trabajo muy intenso, que se está haciendo interinstitucionalmente, con la CONADI, Abuelas del Plaza de Mayo, el Banco de Datos Genéticos y la Unidad. Desde la Unidad nos pusimos realmente el hombro esta tarea, porque hacemos la búsqueda de dónde están los restos, la inspección de los cementerios: si los restos están en nichos, en tumbas, en qué condiciones están, si están bien identificados, qué recursos hacen falta para hacer las exhumaciones. Otra tarea que estamos realizando, también interinstitucionalmente, es el contacto con familiares aún vivos de desaparecidos para pedirles que aporten la muestra que va a enriquecer justamente el archivo nacional de datos genéticos, para poder tener lo más completo posible el Banco, para cuando haya que hacer los cotejos.

 – ¿Cómo se está realizando en este momento la búsqueda de quienes tienen dudas sobre su identidad?
– Estamos buscando desaparecidos con vida y la forma de investigar es distinta, el objetivo de la investigación es bastante distinto. Hacía falta una herramienta específica. De hecho, primero se elaboró un protocolo de actuación con pautas para investigación de estos casos y meses después se creó en el 2012 la Unidad Especializada para casos de apropiación de niños y niñas. Una de las metas fundamentales de la Unidad de apropiación era agilizar los procesos de resolución de los casos que se denunciaban ante la justicia, acortar el tiempo de 22 o 24 meses, que fue el cálculo realizado por Abuelas de Plaza Mayo sobre el lapso que transcurría entre una denuncia y la realización del peritaje de ADN en ese caso, y eso la verdad que se logró. No solo gracias al trabajo de la unidad, sino también al conjunto de las y los fiscales, que se comprometieron mucho para esta tarea. A partir de las presentaciones de Abuelas de Plaza de Mayo, la CONADI y de otros actores empezamos a hacer investigaciones preliminares para robustecer la información con la que el caso llegaba a la Unidad y, una vez que culminábamos, derivarla a la jurisdicción que fuera competente para continuar la investigación. Muchas veces el estándar probatorio al que se llega es suficiente para ir directamente a la prueba de ADN. Esto es algo que realmente creemos que funcionó, un mecanismo que agilizó muchos de los procesos, sumado al protocolo elaborado en 2012 y a todo el conjunto de instituciones que participan hoy en día en esta tarea: el equipo interdisciplinario de la CONADI, que asiste las audiencias, el grupo de asistencia judicial del Ministerio de Seguridad, el Programa Verdad y Justicia, que también se encarga de las notificaciones a las presuntas víctimas, y ATAJO [la Dirección General de Acceso a la Justicia], otra institución del MPF que nos ayuda con notificaciones a las presuntas víctimas para que no intervengan policías o agentes de seguridad que puedan alarmar a las personas.

 – ¿Cómo se lleva a cabo el contacto con las presuntas víctimas?

– Tanto desde la Unidad especializada como desde muchas fiscalías del país nos comunicamos con la presunta víctima una vez que tenemos elementos sólidos en una investigación preliminar, para informarle en el marco de la ley de víctimas toda la información que fuimos recolectando acerca de su identidad y también para informarle cuáles son sus derechos. Estas audiencias son muy interesantes porque nos permiten un contacto directo con la persona, explicarle el motivo, la investigación, lo que tenemos y ahí nos encontramos con una gama de situaciones muy diversas. Desde las personas que no dudan de ser hijas biológicas, hasta personas que sospechan pero nunca lo hablaron, y personas que efectivamente saben que no son hijas biológicas… Muchas personas se sorprenden de que el Estado haya llegado a ocuparse de ellas y muchas terminan agradeciendo. Realmente estamos recibiendo mensajes muy emocionantes, que nos agradecen el trato y habernos acercado a ellos, incluso en los casos en los que no podemos resolver su origen. Estamos buscando unas 300 personas en un universo de 4 millones de personas que fueron inscriptas como hijas biológicas o adoptadas durante la dictadura. O sea, buscamos en un universo enorme. Y en ese universo enorme hubo muchas inscripciones irregulares y muchas personas que fueron inscriptas como hijas biológicas pero que no son hijas de desaparecidos. Por eso podemos ver que la mayoría de los estudios de ADN no da una compatibilidad con las familias desaparecidos, porque responden a otros fenómenos. Y lamentablemente en esos casos todavía hay muy pocas herramientas para dar una respuesta. No hay un banco de datos genéticos de toda la población, de todas las madres que perdieron hijos por fenómenos distintos. Es algo que se está construyendo; de hecho, hace ya algunos años empezó un programa en la Comisión Nacional sobre el Derecho de Identidad justamente para abarcar esta búsqueda: las personas que, fuera del terrorismo de Estado, fueron apropiadas y madres que perdieron a sus hijos o hijas. En esta búsqueda también se esclarecieron casos que no son del terrorismo de Estado. Otra cosa que está pasando es que se encuentran hermandades: dos personas que fueron apropiadas por fuera del terrorismo de Estado, que entraron al Banco de Datos Genéticos a compararse para ver si eran hijos de desaparecidos, y encontraron hermanos o hermanas. Esto viene pasando cada vez más asiduamente. Hacemos esto para una búsqueda concreta, que es la de hijos de desaparecidos, pero en el medio aparece la solución de otras situaciones.

 – ¿Cómo está organizada la Unidad Fiscal y cómo tienen organizado el trabajo para estas tareas?

– La Unidad Fiscal empezó con tres áreas básicas, pero con el tiempo se fueron complejizando las tareas. Inicialmente planteamos un área de investigaciones preliminares, que era un mandato que teníamos explícito en la resolución de creación, y una forma de agilizar las investigaciones. Después, un área de seguimiento, que se vincula con todas las fiscalías del país para tratar de agilizar las investigaciones, de preparar las audiencias, de brindar las herramientas necesarias a los y las fiscales que intervienen. Y, luego, un área de investigación. Desde el principio nos pareció que  no solo debíamos tramitar rápido los casos que llegaban a la Unidad o al sistema de justicia, sino también plantear investigaciones propias, porque son delitos que hay que esclarecer. El Ministerio Público no debía solamente conformarse con el trámite rápido de los casos que Abuelas de Plaza del Mayo denunciara, sino también tener iniciativas propias de investigación de delitos que hay que esclarecer. Generamos un área de investigación con profesionales de otras disciplinas para que, sobre la base del conocimiento que tenemos del fenómeno y de los patrones de la búsqueda, plantear investigaciones más generales. De ahí salen también casos para investigar: algunos de los casos que tramitan ante la Unidad y ante el sistema de justicia fueron generados por la propia tarea de la Unidad Fiscal. Con el tiempo fueron apareciendo muchas otras actividades que también generaron la necesidad de readecuar la distribución de trabajo dentro de la de la unidad, como por ejemplo trabajo de exhumaciones.

 – ¿Cuántas personas se han entrevistado o se han presentado voluntariamente?

– La Unidad Fiscal no es un lugar donde las personas asistan voluntariamente, porque en general las personas van a Abuelas o a CONADI, que son las referencias públicas y las instituciones que hacen la campaña para que si las personas tienen duda sobre su identidad se acerquen. Las presuntas víctimas, en general, no vienen acá directamente. Somos nosotros quienes nos comunicamos con esas personas cuando tenemos una investigación abierta. Al día de hoy se hicieron casi 1.400 investigaciones preliminares desde que la Unidad se creó. Casi 1.000 casos fueron judicializados. Algunos fueron archivados, cosa también muy importante, porque a veces hay denuncias que llegan y uno puede corroborar que en realidad hubo un parto en regla o una adopción en regla. Entonces archivamos el caso, sin necesidad de abrir una causa judicial. También tiene sentido hacer un filtro para que no lleguen casos al sistema de justicia que no lo justifican porque se puede descartar la hipótesis delictiva. Hicimos 52 exhumaciones de familiares de desaparecidos en estos últimos dos años, un trabajo muy intenso. Por un lado, con la Cámara Federal de la Capital Federal, que hace tiempo que viene trabajando en esto, pero además con muchos otros juzgados de las distintas provincias del país.