A medida que van pasando los días desde el femicidio de Úrsula Bahillo en Rojas, se van conociendo más detalles de denuncias contra su expareja, Matías Martínez, y de amenazas que el policía había proferido contra la joven y contra parejas anteriores.
La joven había denunciado tres días antes de ser asesinada que Matías Martínez la había amenazado en la calle, por lo que necesitaba que le dieran un botón antipánico. “Pará todo porque voy a hacer cagar a tu mamá, no te metas con mi familia porque andan en la pesada”, fue lo que Martínez le dijo a la joven, según ella misma denunció el 5 de febrero último ante la Policía local.
De acuerdo con esa denuncia, el hecho ocurrió cuando Úrsula iba a bordo de su moto y Martínez la interceptó en el cruce de las calles 20 de Diciembre y Fernández Bicocca, al volante de auto Peugeot.
Según la denuncia de la joven, el policía la increpó preguntándole por qué lo había denunciado, aunque ella por “miedo” se retiró del lugar sin decirle nada “antes de que le haga algo”.
En su denuncia en sede policial, Úrsula dejó asentado que le tenía miedo a Martínez porque la molesta “por mensajes” hostigándola “todo el tiempo”. ya que la llamaba “desde distintos números de teléfono y por las redes sociales como Instagram” bajo distintos nombres que iba adoptando a medida que ella lo bloqueaba.
La joven aseguró en esa oportunidad que el asedio se producía “a cualquier hora del día y de la noche”, por lo que pidió que le dieran un botón antipánico y se le brindara protección a ella y a su familia.
“Sufrí violencia durante un año y medio”
En tanto, una expareja de Martínez apuntó este jueves contra la Justicia al asegurar que no se tomaron medidas en una causa en la que el mismo acusado está imputado del abuso sexual de su sobrina, y contó que también ella sufrió violencia de género de su parte, ya que se trata de una persona que “siempre tuvo una visión despectiva hacia la mujer”.
Se trata de Florencia -su apellido se resguarda para preservar a la víctima del abuso-, quien también es agente de la fuerza de seguridad provincial y es tía de una adolescente que denunció haber sido abusada sexualmente por Martínez (25) en abril del año pasado mientras residía en la ciudad bonaerense de 9 de Julio.
Hasta allí había sido trasladado el ahora imputado de femicidio de Úrsula luego de recibir una denuncia de otra joven con la que estuvo en pareja.
“Tuve una relación de un año y medio con él en la que sufrí violencia de su parte, física y psicológica. Al principio decía que en sus relaciones anteriores las mujeres eran las locas, las que lo perseguían, que le hacían causas”, explicó la mujer en diálogo con radio La Red y con el canal de noticias TN.
Florencia relató que sus superiores tenían conocimiento “de otras causas suyas y del maltrato a sus compañeras”: “Es una persona así, un machito con las mujeres, las maltrataba verbalmente”, aseguró.
Además, la policía contó que su sobrina, que padece “un retraso madurativo de un año”, fue víctima de un abuso a manos de Martínez el 1 de abril del 2020, y que “sufrió todo tipo de hostigamiento por parte de él, que la amenazaba continuamente para que no hablara”.
“Recién nos enteramos el 24 de junio, cuando la nena pudo hablar, pero por el tema de la pandemia se atrasó la cámara Gesell, que se la hicieron recién el 22 de diciembre en Mercedes”, relató respecto de ese hecho.
Allí, la denuncia de la adolescente fue corroborada por dos psicólogas, tras lo cual su familia entregó el teléfono celular de la víctima a la Justicia para que fuera peritado.
El 29 de diciembre, una vez realizadas las primeras diligencias, el fiscal Sebastián Villalba le solicitó al juez Guillermo Oliva que aprehendiera a Martínez “porque había pruebas suficientes”, pero “el juez dijo que no, que todavía no había apuro para detenerlo”, aseguró Florencia.
Florencia aseveró que “los jueces se tomaron vacaciones y le dieron vacaciones a él para que siguiera haciendo lo que quería, impunemente”.
La mujer reveló que el lunes último, horas antes de ser asesinada, Úrsula (18) se comunicó con ella porque “quería aportar pruebas, capturas de mensajes y chats” que podían servir para la denuncia de abuso de su sobrina, y agregó que al día siguiente iba a contactarse con el fiscal Villalba para presentarlas.
Pedido institucional
Mientras tanto, tras el femicidio en Rojas, la comisión de la Banca de la Mujer del Senado pidió hoy que se “profundice la aplicación de la legislación” vigente contra la violencia contra las mujeres en la Argentina y alertó que “la prevención y las herramientas institucionales que hoy existen para hacerle frente” a esa problemática “son insuficientes”.
Ante el asesinato de Úrsula Bahillo por parte de un policía que había sido denunciado en reiteradas veces, las senadoras tanto del oficialismo como de la oposición que integran la comisión presidida por Norma Durango (Frente de Todos-La Pampa) manifestaron su reclamo para “visibilizar” este flagelo que afecta a las mujeres.
“Una vez más las senadoras que integramos la Comisión Banca de la Mujer, sumamos nuestras voces a las de las ciudadanas y ciudadanos, y organizaciones de la sociedad civil, que hoy reclaman visibilizar la violencia que atravesamos las mujeres a lo largo y ancho de este país”, señalaron en un comunicado difundido esta mañana.
Las legisladores indicaron que, “en la Argentina, una mujer es asesinada cada 23 horas” y recordaron que son 44 los femicidios registrados en estos primeros 40 días del 2021″.
“La pandemia empeoró la situación porque para prevenir el COVID19, muchas mujeres deben pasar más horas en un mismo lugar con sus agresores, y en otros casos empezó a aparecer la agresión en vínculos dónde antes no se había manifestado”, afirmaron e informaron que “en este último año se incrementaron notablemente las llamadas al 144 y los pedidos de asistencia”.
Agregaron que “la prevención y las herramientas institucionales que hoy existen para hacerle frente, son insuficientes” y que “es necesario que se profundice la aplicación de la legislación con que contamos, como la Ley 26485”.
También, pidieron que “se involucren todos los sectores de la comunidad” y que “los medios de comunicación le den relevancia a las informaciones sobre hechos que vulneren los derechos de las mujeres, sin revictimizarlas”. (DIB)