El fiscal de Melincué Matías Merlo pidió penas de hasta 16 años de prisión y fuertes multas para 18 personas investigadas como presuntos miembros de una asociación ilícita que realizaba operaciones fraudulentas con inmuebles urbanos y rurales en el sur santafesino. Según confirmaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) el fiscal presentó la acusación ante el juez Benjamín Révori, que deberá definir la fecha de la audiencia preliminar al juicio oral y público.
«Entre los 18 acusados hay abogados, escribanos y personas con conocimientos contables. En todos los casos, y de acuerdo al rol que cumplían en la asociación ilícita, solicitamos penas privativas de la libertad y el pago de multas que llegan a 2.340.000 pesos», explicó el fiscal.
Merlo recordó que la investigación se inició a raíz de gran cantidad denuncias realizadas por las víctimas a partir de las cuales, luego de elaborar «un detallado entrecruzamiento de datos en el Registro de la Propiedad se resolvió crear un solo legajo». En ese sentido, el fiscal aseguró tener «acreditadas y debidamente demostradas un total de 30 maniobras defraudatorias».
En ese contexto, añadió que una vez que comenzó a trascender que la investigación estaba en marcha se presentaron otras diez denuncias con las cuales se inició una segunda etapa del expediente con información aportada por nuevas víctimas.
Acusados
La mayoría de los acusados fueron imputados como miembros o partícipes de una asociación ilícita encabezada por el abogado Antonio Di Benedetto, de 60 años y sindicado como «jefe u organizador». Por este y otros delitos como estafa, falsedad ideológica, uso de documento falso; falsificación de documento privado Merlo pidió para el una pena de 16 años de prisión y una multa de 2.340.000 pesos, además de una inhabilitación de 10 años para ejercer su profesión.
Para el gestor rosarino Raúl Jaime, de 62 años, pidió 12 años de cárcel y una multa de 1.000.170 pesos, además del decomiso de 2.030 dólares y 434.350 pesos hallados en el allanamiento a su casa. También solicitó diez años de cárcel y una multa de 1.710.00 pesos para el escribano venadense Eduardo Casadei, de 52 años.
Para Fernando Astigarraga, de 45 años, Merlo pidió nueve años de cárcel y una multa de 400 mil pesos. La misma pena solicitó para el escribano de Armstrong Angel Moreale, con multa de 450 mil pesos.
Ocho años de prisión pidió para María de los Angeles Sarría y Danisa Pintos, ambas de 40 años, además de multas. La misma pena requirió para Luis Restovich, de 52, y Alberto Long, de 69. En tanto, requirió siete años de prisión para Luis Bentati, de 57; Roberto Sáinz, de 54, y Juan Rullo, de 60. En tanto, para Milena Fisher, de 32 años, y Marcelo Sava, de 42, solicitó seis años de prisión. En este último caso también pidió la declaración de reincidencia.
Asimismo, para el resto de los acusados el fiscal requirió penas de entre uno y tres años de prisión de ejecución condicional y multas por delitos como estafa y falsedad ideológica.
Permanente
«La organización comenzó a operar de forma permanente y mantenida en el tiempo hace siete años. Estaba perfectamente montada, con la misma gente involucrada, el mismo modus operandi y el mismo objetivo común», señaló el fiscal, para agregar que solían apoderarse de inmuebles de ancianos o personas muertas.Foto Matías Merlo (La Capital)