(Por Fernando Delaiti, de la agencia DIB )Era una noche fresca cuando un hombre entró al cuartel de Bomberos de Chascomús en estado de shock y contó que su amigo se había caído a la laguna mientras pescaban. Estaba bien vestido, con zapatos, y aunque no tenía pinta de pescador, los rescatistas no dudaron en salir para el famoso espejo de agua. Allí, en horas de la madrugada del 31 de octubre de 1998, encontraron el cuerpo sin vida de Antonio Florentino Sosa. Tenía 48 años y, de acuerdo a una investigación judicial posterior, tres seguros de vida. Curiosamente dos de ellos lo cobró Daniel Stedile, “su amigo”, el que había ido a “pescar” de noche a Chascomús.
A Alberto Daniel Abulafia lo mataron en la ruta Panamericana, a la altura de Escobar. Casado, con dos hijas, este prestamista, fabricante de ropa y representante de la marca Pierre Balmain apareció sentado del lado del acompañante de su propio auto, un Peugeot 406, con cuatro balazos en el cuerpo. Era la madrugada del día de Reyes de 1999. A este hombre de 43 años, le debía mucha plata Stedile, en cuya casa se encontró la pistola con la que se ejecutó al prestamista.
Por estos dos casos, la Justicia condenó a los integrantes de la denominada “banda de los seguros de muerte”. Un grupo de estafadores que empezó robando identidades para armar carpetas financieras y sacar préstamos hipotecarios y personales, que nunca pagaban. Pero que terminaron matando para así cobrar millonarias indemnizaciones con seguros de vida.
En el caso de Sosa, intentaron hacerlo pasar por un accidente cuando quiso ingresar al agua a recoger una línea de su caña. Y si bien la primera autopsia indicó muerte por asfixia por inmersión, una segunda determinó que tenía un fuerte golpe en la cabeza. Fue a partir de allí que la fiscal Claudia Castro empezó a desenmarañar una trama espeluznante.
Sosa, que vivía en una humilde vivienda de Wilde, en Avellaneda, tenía tres seguros de vida. Uno por 100.000 dólares, otro por 60.000 y un tercero cuyo monto no trascendió. Dos de las compañías pagaron las pólizas, aunque no repararon en que la beneficiaria no era la mujer de la víctima sino los supuestos socios. La tercera empresa sí investigó y descubrió una serie de mentiras que rodeaban el caso.
El amigo que lo vio ahogarse había “truchado” su nombre, Sosa estaba lejos de ser un hombre rico y las empresas en las que aparecía eran “fantasmas”. Y cuando fueron a hablar con su esposa les dijo que en su vida había pescado y que sabía nadar. Todo cerró cuando le nombraron a Stedile, a quien identificó como el jefe de su esposo.
El inicio de todo
Todo saltó a la luz pública a raíz de una publicación de Compromiso de Dolores. En las páginas del diario se publicó en el año 2000 que había siete detenidos, aunque se apuntaba a Stedile como el cerebro de la banda. También estaban tras las rejas a la espera del juicio el abogado Osvaldo Mairal y Héctor Noble, encargados del papeleo para las estafas; Alejandro Focchi, que le había ofrecido a Sosa el “empleo” con Stedile; Fernando Gugliermetti, oriundo de Balcarce; y María Gladys Espinosa, la esposa de Noble, beneficiaria del seguro trucho.
El 2 de septiembre de 2003 y tras 22 jornadas de declaraciones, el tribunal de Dolores condenó por unanimidad a reclusión perpetua a Stedile, alias “El Arcángel”, como coautor de “Asociación Ilícita, partícipe necesario en los delitos de Homicidio Criminis causa, Estafas reiteradas –dos hechos- y Estafa en grado de tentativa y autor de Homicidio simple”; y a Gugliermetti, como coautor de “Asociación ilícita, autor de Homicidio Criminis causa y de Falsedad Ideológica de Instrumento Público, partícipe primario en Estafas reiteradas -dos hechos- y Estafa en grado de tentativa, coautor de Hurto simple y partícipe necesario en Defraudación por Administración fraudulenta”. Mientras Mairal y Noble fueron condenados a prisión perpetua, Espinosa recibió cuatro años y cuatro meses.
Bajo la lupa
Aunque la condena fue por los casos de Sosa y Abulafia, se abrieron otras investigaciones a raíz de diferentes declaraciones que se dieron en el juicio. Tal fue el caso de Emilia Ferrer, una vecina de Mechongué, una pequeña localidad a 50 km de Miramar, a la que habían llevado a Buenos Aires, donde falleció en plena calle. Estaba asegurada y se sospecha que le suministraron un medicamento que le produjo un problema con su presión.
También estuvo el caso de José Domingo Lupo, que tenía una estación de servicio en San Agustín, cerca de Balcarce. Su esposa contó en el juicio que el hombre murió en un accidente en la ruta 29, tras reunirse con Stedile y Gugliermetti. Tras ello, empezaron a aparecerles deudas.
En enero de 1997, Miguel Luca, un changarín de 28 años, apareció junto a una moto Honda en Abasto, cerca de La Plata. No había sangre en la escena. El sospechoso accidentado operaba tarjetas de crédito y tenía seguro de vida, y como vendedor de su moto aparecería el abogado Mairal.
También hubo investigaciones sobre la muerte de Raúl Jaureguibere, que desapareció en el mar, cerca del puerto del Mar del Plata, en mayo de 1996, y Oscar Romero, un remisero de Balcarce que murió en agosto de 1997 en la ruta 29, cerca de Pila. El cuerpo de la víctima apareció en un arroyo, y se pudo encontrar gracias a los datos que aportó Stedile, allegado a Romero.
En todos estos casos, los nombres de la banda aparecieron con algún tipo de vinculación. Se cobraron seguros, o hubo gastos llamativos de las víctimas previo a sus muertes. Sin embargo, los casos fueron archivados.
A casi dos décadas del juicio condenatorio, nadie está tras las rejas. Debido a que en el momento en que se cometieron los homicidios estaba vigente la denominada ley del 2 x 1, que computaba como doble cada día que un acusado pasaba detenido sin que la condena estuviera firme, Stedile salió de la cárcel en 2012. También corrió la misma suerte Noble. En tanto, Mairal y Gugliermetti fallecieron; éste último en la cárcel, pero cumpliendo una condena por un robo perpetrado en Dolores. (DIB)