Hace menos de un mes una miniserie de la TV Pública se alzaba con el tradicional premio Martín Fierro de Oro. Dicha miniserie, llamada “El Marginal” trancurría en un penal de algún lugar de la provincia de Buenos Aires. Allí mientras se iba dibujando la trama, se dejaba entrever la problemática de las cárceles en la provincia y el país.
Falta de acceso a la salud, frío, aislamiento, alimentación deficiente, escasos lugares acondicionados para dormir y malas condiciones de higiene son algunas de las denuncias habituales de las personas privadas de libertad. Y también eran alguna de las denuncias que la mencionada ficción traía a la pantalla.
En aumento
En las cárceles bonaerenses cada vez hay más presos. De acuerdo con datos oficiales, en mayo de 2016, en las 55 cárceles y las seis alcaidías departamentales del Servicio Penitenciario Bonaerense había 32.200 detenidos.
En diciembre de 2016 ya sumaban 34.392, repartidos entre los penales, con 33.698; y las alcaidías, con 694. Sin embargo, en la actualidad el total de detenidos alcanzó los 37.157, con 36.353 en cárceles y 624 en las alcaidías, según cifras oficiales del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Es decir, que la población de las cárceles aumentó en 2.765 presos en apenas siete meses, cuando la tasa histórica de crecimiento era de 1.200 por año y se prevé que para fin de año esos lugares de alojamiento estén totalmente saturados.
Comisarias
Además, en los calabozos de las comisarías bonaerenses había, a mayo de 2016, otros 2.300 presos. Hoy hay más 3.000 de los cuales sólo 1.000 tienen camastro.
A su vez, unos 250 de estos establecimientos tienen algún tipo de inhabilitación por orden de la justicia o por decisión ministerial. No obstante, detenidos son alojados en dichos lugares.
Decesos
Otro dato que preocupa son las muertes que se producen de los detenidos. En el sistema penal bonaerense los decesos promedian a 130 por año mientras que en las comisarías murieron por lo menos 43 personas en los últimos cinco años.
Requisas
Por su parte, desde enero a la fecha en revisiones internas hechas en celdas, pabellones y talleres se encontraron 6.938 facas y otras armas blancas, a un ritmo de casi 1.000 por mes. En los mismos procedimientos los guardias encontraron 1.083 “elementos contundentes” y 13.364 teléfonos celulares.
Intervención
Organizaciones locales reclamaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Lima, Perú, sobre la situación de las cárceles y calabozos de comisarías de la provincia de Buenos Aires. Concretamente, alertaron por el «agravamiento del sistema de encierro en los últimos años».
Como consecuencia directa de esa presentación, la Suprema Corte de Justicia requirió ahora a los ministros de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que, en un plazo de quince días, le presenten informes detallados y circunstanciados relativos a las «políticas, acciones y recursos destinados a la superación de los graves problemas generados por las deficientes condiciones de detención de las personas privadas de libertad», tanto en unidades penitenciarias como en comisarías.
«El hacinamiento en las cárceles y comisarías de la provincia llegó a niveles críticos. Las personas privadas de libertad viven en condiciones inhumanas y la atención sanitaria es nula, lo que provoca muertes evitables por enfermedades como VIH, tuberculosis o neumonías», denunciaron en Perú la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría de Casación.
La Suprema Corte entonces apura al gobierno de María Eugenia Vidal. En el exhorto a los ministerios señala la necesidad de contar con información y documentación concerniente a los «programas concretos de trabajo» sobre la problemática, y a Cristian Ritondo y Gustavo Ferrari, titulares de las carteras de Seguridad (a cargo de las comisarías) y Justicia (del Servicio Penitenciario), respectivamente, les recuerda los compromisos asumidos en una audiencia ante el Tribunal ocurrida el 16 de marzo pasado.
Además de la sobrepoblación y el hacinamiento, se denunciaron graves violaciones a los derechos humanos. «Las denuncias por falta de acceso a la salud, las condiciones estructurales que producen padecimientos como hambre, frío, aislamiento y alimentación deficiente, forman parte de las denuncias habituales de las personas privadas de libertad», reclamaron las organizaciones. (InfoGEI)