El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal -integrado por los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini- inició hoy el juicio oral y público seguido contra el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, la exdirectora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Beatriz Paglieri y las empleadas Marcela Lucía Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda por la manipulación de datos del organismo, ocurrida entre marzo de 2006 y agosto de 2007. En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen el fiscal general Diego Luciani, a cargo de la Fiscalía General N°1 ante los TOCF y el fiscal coadyuvante José Ipohorski Lenkiewicz.
La jornada inició pasadas las 9.30 con la lectura de la acusación y el tratamiento de cuestiones preliminares introducidas por las partes. Tras ello, los jueces recibieron la declaración indagatoria de Moreno y Paglieri, mientras que las empleadas del organismo Filia y Cámpora Avellaneda, se abstuvieron de declarar. El debate se lleva adelante en la sala B de la planta baja de los tribunales de Comodoro Py 2002.
En sus declaraciones, Moreno y Paglieri se remitieron a sus dichos y descargos brindados oportunamente en la investigación, al tiempo que el exsecretario de Comercio también contestó las preguntas formuladas por la fiscalía.
Cabe recordar que el exsecretario de Comercio Interior y la exdirectora del IPC llegaron a esta instancia acusados como autor y coautora, respectivamente, de los delitos de abuso de autoridad, violación de secretos, destrucción de registros y documentos y falsedad ideológica de documentos públicos reiterados en siete oportunidades. Por su parte, las dos empleadas del organismo están acusadas como partícipes primarias de los mismos hechos. El debate continuará el próximo miércoles 10 de abril, desde las 9.30.
El caso
La investigación -desarrollada por la Fiscalía Federal N°4, a cargo de Carlos Stornelli- se inició en 2007 por la denuncia formulada por el abogado de la asociación civil sin fines de lucro “Asamblea por los Derechos Sociales” respecto a una serie de publicaciones periodísticas que daban cuenta de las circunstancias y el contexto en el que se habría desplazado a la entonces directora del IPC, Graciela Bevacqua.
De acuerdo con ello, Moreno le habría ordenado a la funcionaria que le revelara los datos correspondientes a los comercios sobre los cuales se efectuaban los estudios de campo para establecer los índices inflacionarios, a fin de “visitar” esas firmas. Como Bevacqua se habría negado a ello -amparada en el secreto previsto en la Ley 17.622 de Estadística y Censo-, Moreno la habría reemplazado por Paglieri. El denunciante también advertía sobre una adulteración y/o manipulación del índice inflacionario publicado por el INDEC en enero de 2007.
En ese contexto, el fiscal Stornelli se abocó a determinar si Moreno violó el secreto estadístico y si se falsearon los datos estadísticos del IPC. Posteriormente, a la investigación se acumuló la denuncia de los entonces senadores nacionales Gerardo Morales y Ernesto Sanz sobre las conductas desplegadas por la exministra de Economía, Felisa Micelli, Moreno y por Paglieri, cuyo nombramiento se habría dado con el fin de falsear los índices inflacionarios. También se cuestionó la designación de Marcela Lucía Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda, quienes no habrían acreditado su experiencia técnica y tampoco habrían participado de un concurso previo de oposición y/o antecedentes.
Oportunamente, el fiscal Stornelli solicitó el procesamiento de Moreno, Paglieri, Filia, Cámpora Avellaneda y la difunta exdirectora del INDEC, Ana María Edwin. En agosto de 2018, requirió la elevación a juicio de la investigación.
En tal sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal tuvo por probado que Moreno abusó de su autoridad para designar personas de su confianza en el INDEC y, así, poder controlar el IPC y obtener un coeficiente de evolución de la inflación más bajo que el esperable. De acuerdo con la acusación, el exsecretario de Comercio habría hostigado a funcionarios del organismo para conocer información protegida por el secreto estadístico y, ante su negativa, los habría reemplazado por gente de su confianza.
Por su parte, Paglieri -en su calidad de directora del IPC- habría violado los deberes a su cargo y abusado de sus funciones como directora del IPC y le habría brindado a Moreno -directamente o a través de Filia y Cámpora Avellaneda- información clasificada. Asimismo, habrían adulterado los índices de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2007.