El trabajo conjunto de CEPA, CEPPEMA y ALGEC, que además analiza, entre otros aspectos, el impacto de la reforma previsional, el poder de compra de los haberes y la relación entre poder adquisitivo y medicamentos, destaca que en el período 2003 – 2015, la aplicación de una política de expansión previsional, ubicó a nuestro país entre los mejores posicionados en el mundo en este rubro.
En tal sentido, el estudio precisa que el aumento de la tasa de cobertura fue casi 30 puntos porcentuales hasta llegar a un 97% , y la institucionalización de la movilidad como reajuste semestral de los haberes previsionales, le dieron dinamismo y previsión a un sistema que además garantizaba “consumo interno y una economía pujante”.
Sin embargo, el nuevo gobierno surgido de la voluntad popular expresada el 22 de noviembre de 2015, contrariando sus promesas de campaña respecto a mantener la política de Estado que se venía aplicando en los doce años precedentes, pero en sintonía con las recomendaciones del FMI, logró la sanción de dos leyes fundamentales para legitimar la transferencia de recursos los sectores que menos tienen a los más concentrados de nuestra economía.
Esas dos normas: la de “Reparación Histórica” y de “Reforma Previsional”, con la complicidad de los oligopolios mediáticos y de legisladores venales, fueron presentadas a la sociedad, como la panacea para los jubilados al tiempo que ocultaban deliberadamente el tremendo daño que no sólo provocará a los actuales beneficiarios, sino además y sobre todo, a los futuros jubilados.
Pérdida en el haber
Volviendo al estudio en cuestión, éste desglosa en lo conceptual “las implicancias negativas que representa la modificación de la fórmula de reajuste, que al cambiar la ponderación de las variables que toma, perjudica directamente el bolsillo de nuestros jubilados y pensionados”, al tiempo que advierte que el sistema abandona los criterios de igualdad y equidad, cuando discrimina entre los jubilados “con 30 años de servicios” y los jubilados “por moratoria”, en perjuicio de estos últimos que pierden la garantía del 82% del salario mínimo vital y móvil, y el 50 % del bono extraordinario que se pagará en marzo de este año, de $750, es decir, los jubilados por moratoria cobrarán $ 375.
En su parte esencial, el informe revela la pérdida de poder adquisitivo que el actual sistema produce respecto del anterior, despojo que resulta aún mayor cuando se considera la canasta de bienes y servicios de los jubilados (con aportes o por moratoria).
Pérdida de poder adquisitivo
El trabajo de los tres centros de estudio sostiene que la pérdida acumulada en el 2018 “con la nueva ley ascenderá a $ 4.138, mientras que aquellos que se hayan jubilado por moratoria, perderán a diciembre de este año un importe de $ 4.588”.
Además de la pérdida en el haber de dinero constante y sonante, el trabajo analiza la pérdida del poder de compra de los jubilados, señalando que desde noviembre de 2015 hasta la actualidad, el haber jubilatorio aumentó un 69%, los precios de algunos productos de consumo masivo sufrieron incrementos muy por encima de la actualización del haber previsional, que en algunos casos superan el 300 %. (InfoGEI)