La propuesta del gobierno macrista sigue siendo la destrucción y el desguace del sistema previsional e instalar (además de la jubilación privada, las conocidas AFJP) en reemplazo de las jubilaciones y pensiones actuales, la Pensión Universal (PUAM).
Esta prestación, es defendida por el Jefe de Estado con el argumento que la falta de solidez económica de empleadores, imposibilitados de efectuar las contribuciones patronales a sus trabajadores, es una contribución “o gasto social” para las personas vulnerables con 65 años, pero sin 30 años de aportes.
Lo lamentable es que se trata de un beneficio de menor cuantía (80% de la jubilación mínima) a las cuales las mujeres podrán acceder a los 65 años y no a los 60 como en la moratoria. Efectuado un cálculo con la línea de pobreza, en tanto la PUAM representaba un valor 0,2% mayor a la pobreza individual en marzo de 2018, ya en marzo de este año cayó 3% por debajo de este límite. El valor actual de la PUAM es de $9220 y la canasta básica para un adulto es de $10.100 aproximadamente.
Así lo especifica el informe sobre la Situación de las Personas Mayores-El impacto inflacionario en los medicamentos a septiembre de 2019 de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria y del Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores, cuyos titulares son Mónica Roqué y Federico De Marziani, respectivamente, y el Centro de Economía Política Argentina, dirigido por Hernán Letcher y Julia Strada.
La trampa de la prórroga de la moratoria
La prórroga del actual gobierno en especial para las mujeres es absolutamente engañosa (la de los hombres culminó). Macri dejó afuera a 677.780 mujeres de entre 55 y 59 años. La Anses extendió el plazo de vigencia de la moratoria hasta el 23 de julio de 2022, pero la fecha de corte sigue siendo el 2003, con el injustificado pretexto de que esta decisión debería ser resuelta por ley del Congreso. Los dos requisitos para que las mujeres puedan jubilarse son tener 60 años y reunir 30 años de aportes, con la moratoria la falta de aportes se descuenta en cuotas.
El citado informe cita como ejemplo que una mujer que hoy tiene 60 años podría «comprar» años de aporte desde 1977 (a partir de sus 18, edad laboral) hasta el 2003, es decir 26 años, aunque le faltarán 4 años de trabajo registrado.
En el 2022, una mujer con 60 años podría “comprar” 23 años. Es decir, deberá justificar 7 años de aportes al sistema, que, si no los tiene, no puede entrar en la moratoria.
A solo 285 mil mujeres de entre 57 a 59 años y con algunos aportes les es posible entrar a la moratoria, mientras aportaron después de 2003. En cambio, otras 487.780 con una edad actual que oscila entre 55 y 59, pero sin ningún año de aportes, no accederán a la moratoria.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad en default
Por otra parte, el Primer Mandatario se dedicó a expoliar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de las prestaciones previsionales, que fue creado para preservar e incrementar recursos en tiempos de crisis mediante inversiones de acciones, activos y títulos públicos que aseguraran mayor rentabilidad. En consecuencia, el objetivo de acordar haberes dignos y aumentos no deficientes fue derribado por el Jefe de Estado colocando los ingresos de los adultos mayores siempre por debajo de la inflación.
El FGS en casi cuatro años tal cual lo publicó Alfredo Zait en Página 12 bajó 70% en dólares. En diciembre/15 contaba con 67 mil millones de dólares y hoy reúne 22 mil millones de dólares.
Más de la mitad de los jubilados son pobres
El poder adquisitivo de la jubilación mínima se retrajo 18,8% con relación al promedio de diciembre/2015 a septiembre/19, La estimación de diciembre de este año alcanza una caída de 21,2%, cuando el costo de la canasta básica para una familia tipo de personas mayores es de $30524.
En septiembre/19 la jubilación mínima es de $12.937, el 60% -que es la población que la percibe- es pobre, conforme indica el informe. La evolución de la jubilación en dólares implica una reducción de casi 40% desde agosto 2015 (9,6) a septiembre/19, a un dólar que al concretarse el estudio de CEPA valía 61.
Inflación sobre medicamentos
El impacto inflacionario en los fármacos entre diciembre/15 y septiembre/19 llegó a 393%, y con la cobertura de PAMI (entre el 50 y 80$% de descuento) ascendió a 247%». Una situación grave, señala el documento, al considerar que este año los mayores de 60 años son 6.983.377, de los cuales 4.410.000 son afiliados al Pami.
En agosto pasado los 50 principales medicamentos que necesitan los adultos mayores se incrementaron en promedio entre 11,7% y 20%. “Y “más grave aún es el aumento de medicamentos esenciales utilizados para enfermedades cardiovasculares, que han sufrido un ascenso sideral, como el Sintrom, cuyo incremento de precio alcanzó 1.050% y 418 % para los que lo adquieren a través de Pami.
En referencia al incremento de precios también hay una restricción y reducción de beneficios que daba el PAMI: otorgaba medicamentos al 100% y desde 2017 se los quitó a un millón de personas de un total de 2 millones que los recibían con el gobierno anterior.
Los jubilados con la mínima lejos están de poder comer, vestirse, comprar medicamentos, y más distantes todavía para afrontar otros gastos que le son imperiosos porque Pami les niega ayudas técnicas: bastones, sillas de ruedas, bolsas de colostomía, entre otros elementos. ¿Y cuál es su valor? Una silla de ruedas motorizada que costaba en 2015 $22.748 hoy cuesta $116.764 (413% de incremento de 2015 a la fecha). Un andador plegable de aluminio pasó de 2015 a la actualidad de $1060 a $3706. Sin dejar de considerar, además, que casi ninguna obra social destina a domicilio cuidadores y mucho menos los subsidia.
Vidal se desentendió siempre
La provincia de Buenos Aires -destaca el informe- viola con el IOMA la Ley de Obras Sociales al extremo de que recortó prestaciones, no da atención médica especializada ni cuenta con programas sociales. Los descuentos en medicamentos que debieran ser de por lo menos el 40% apenas van del 13% al el 20%. En el Ministerio de Desarrollo Social bonaerense son absolutamente inexistentes la prestación de cuidados en domicilio, los centros de día y las residencias de larga estadía. (InfoGEI)Jd