Alquileres promovida por la oposición que acorta a los años el plazo mínimo para los contratos, una actualización de cada cuatro meses y el libre acuerdo entre la el propietario y el inquilino para fijar el monto. Ahora, debe tratarlo el Senado.
La votación se resolvió con 125 votos positivos, 112 negativos y 3 abstenciones. La aprobación impulsada por Juntos por el Cambio, se dio después de lograr el quórum con 115 votos propios, dos de Juntos Somos Río Negro, los tres de la Libertad Avanza y los dos del bloque SER -el riojano Felipe Álvarez y el santacruceño Claudio Vidal.
El oficialismo ocupó sus bancas una vez que los opositores lograron abrir la sesión y logró un objetivo al impedir la derogación lisa y llana de la ley que buscaba el oficialismo, que a su vez recurrió a su “plan B”, que era avanzar con cambios en la norma.
La iniciativa contó con el apoyo de parte del Interbloque Federal (los dos socialistas se abstuvieron, mientras que Alejandro “Topo” Rodríguez y Natalia De la Sota votaron en contra), Juntos Somos Río Negro y SER. Los tres diputados de La Libertad Avanza, Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo, votaron en contra del proyecto de Juntos por el Cambio. “No se necesita una nueva ley de alquileres. Hay que eliminarla y dejar de interferir en contratos privados pulverizando el derecho de propiedad. Lo único que harán es perjudicar a los más vulnerables con menos propiedades, de menor calidad y a precios más caros”, dijo el candidato presidencial libertario.
El jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, reprochó la actitud de sus pares opositores. “Nosotros creemos que tenemos un dictamen virtuoso que permite, por medio de un régimen de incentivos fiscales, aumentar el stock de viviendas en alquiler. Si a eso hubiésemos incorporado el proyecto para regular los alquileres temporarios, tendríamos otro incentivo para volcar más inmuebles al alquiler tradicional. Todos sabemos que en muchos casos esos alquileres se realizan por fuera del mercado legal, en moneda dólar, y en algunas ciudades, como en la Capital, en dólar cash”, indicó.
“En síntesis, hay que tener en claro cuál es el sujeto social que buscamos defender. Es cierto que este es un problema que afecta a propietarios e inquilinos, pero no de igual manera. Y nosotros tenemos la obligación de resguardar al más débil en una relación que no es simétrica”, enfatizó, al tiempo que advirtió que, de rechazarse su dictamen, “muchos de los aspectos positivos que son positivos para los inquilinos y la economía argentina se van a dejar de lado”.
Los cambios que se incorporaron a la norma apuntan a dos puntos centrales: retrotraer la vigencia de los contratos a dos años (actualmente es de tres) y acortar a cuatro meses el plazo para la actualización de los valores de los alquileres, que hoy es de un año. Para dicha actualización podrían utilizarse el índice de precios al consumidor (IPC); el índice de salarios, el índice de precios mayoristas o una combinación de los mismos según las partes acuerden. (DIB)