En el marco del Programa de Análisis y Visualización de Datos del Servicio Público de Gas por Redes denominado «Estado del Gas», se publicó el Informe Gráfico titulado: «Variación cortes de suministro a usuarios Residenciales. Total País 2016-2019«. 
A partir de 2017 se registra un aumento de grandes proporciones en los cortes de suministro por falta de pago, que pone de manifiesto las graves consecuencias generadas por los aumentos tarifarios dispuestos a partir del año 2016. Con su formalización en la denominada Revisión Tarifaria Integral (RTI) de 2017 aplicada por el gobierno anterior, los incrementos de tarifa implicaron una distorsión en los valores relativos del precio del gas (Ver «Tarifas del Gas-2016-2020»).
De esta forma, en términos porcentuales el año 2017 tuvo un incremento en los cortes del 249% respecto del año anterior, con un total de 39.257 suministros afectados. La tendencia siguió en aumento en 2018 con 5.978 cortes adicionales, totalizando 45.235 cortes por falta de pago. El gráfico muestra entonces un pico que se da en valores porcentuales en 2017 y otro en valores absolutos en 2018, el año con mayores desconexiones por falta de pago en todo el período.
En esta evolución no sólo debe tomarse en cuenta la influencia de la aplicación de nuevos cuadros tarifarios, sino también de políticas económicas que tuvieron efectos altamente negativos en el bolsillo de usuarias y usuarios, en la medida en que el pago de las facturas de gas se llevó una parte importante de sus ingresos.
Esto es así ya que entre 2016 y abril 2019 (cuando se aplicó el último aumento tarifario del período), la Factura Mensual Promedio de Usuarios Residenciales aumentó más de un 1.000% (ver informe «Factura de Gas Natural Usuarios Residenciales 2016-2020»), equivalente a 50 puntos porcentuales por encima de la inflación acumulada en 2017 y de casi 40 puntos porcentuales sobre la inflación de 2018, siempre tomando en cuenta los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Además, esa factura promedio pasó de representar un 2% del Salario Mínimo Vital y Móvil en enero de 2016 a un 11% en abril de 2019.
Otro dato de suma importancia es que las familias acumularon deudas, en muchos casos impagables en relación con sus ingresos, lo que a su vez derivó en los citados cortes de suministro. Ese endeudamiento, justamente para los usuarios sin suministro, pasó de 916 pesos en 2016 a 10.770 pesos en 2019 por cada usuario que no pudo pagar su factura. En relación a los usuarios residenciales endeudados, pero con suministro, es decir, aquellos a los cuales no se les cortó el servicio a pesar de su condición de morosidad, el número pasó de 2,2 millones en 2016 a 3,4 en 2019, un crecimiento del 48%, afectando a aproximadamente 40% del universo total de usuarios residenciales durante 2016-2019.
A partir de 2020, con la extensión del congelamiento de tarifas junto a las políticas aplicadas desde el Gobierno Nacional y el trabajo llevado a cabo desde el ENARGAS, se logró ir revirtiendo paulatinamente la situación de miles de familias argentinas afectadas gravemente por las políticas tarifarias y económicas aplicadas durante la gestión anterior.